Bilbao, 19 de Marzo de 2018.
El Consejo Económico y Social vasco considera pertinente la tramitación del “Proyecto de Decreto de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico”, con las consideraciones que este órgano consultivo ha efectuado. El proyecto ha sido remitido por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
La norma dictaminada es un desarrollo de la Ley de Turismo (13/2016) con el objeto de regular las viviendas privadas que se ofertan para alquiler vacacional por medio de plataformas al efecto (Airbnb, HomeAway y similares); una modalidad en auge -el 17% de los habitantes de la Unión Europea la utilizaron durante el último año, según Eurostat 2017-, y que es conocida como “hospedaje colaborativo”. El Consejo recuerda que se trata de una cuestión polémica, especialmente en algunas capitales europeas, por lo que considera oportuno que se aborde esta regulación y se adapte a las sentencias jurídicas que se han producido en este ámbito, en especial, la que identifica a estas plataformas como intermediarias de una actividad económica y, por tanto, un agente más en el servicio turístico que debe acogerse a la Ley de Turismo y a sus prerrogativas.
Riesgos de la expansión de las viviendas turísticas
El dictamen del CES enumera algunos riesgos que pueden derivarse de esta modalidad de hospedaje. Entre ellos, la posibilidad de que una expansión masiva de las viviendas turísticas sustituya y afecte al mercado de alquiler residencial, provocando un aumento de las rentas que perjudique a las personas que únicamente pueden optar a un arrrendamiento modesto. También existe el riesgo de reemplazar población estable por población flotante en las urbes más turísticas, con las consiguiente afección al propio modelo de ciudad. Y, por último, el riesgo de que algunas plataformas intermediarias actúen de manera opaca y oculten la propiedad auténtica con identidades pantalla, “por lo que consideramos que debe existir un mayor control sobre estas empresas y situaciones”, señala el Consejo.
Ausencia de normativa municipal
El dictamen también advierte sobre otra contingencia, relacionada con la competencia municipal. En concreto, en el caso de aquellos municipios que no dispongan de una normativa al respecto o no regulen cuestiones relevantes, como el número máximo de viviendas y habitaciones en viviendas turísticas en una propiedad horizontal, su ubicación o los requisitos mínimos que estas han de cumplir. Por este motivo, el dictamen pide “ampliar el contenido del decreto para cubrir subsidiariamente la eventual ausencia de normativa municipal aplicable”, así como incorporar un artículo de colaboración interadministrativa.
Por último, el CES muestra su “total acuerdo” con la supeditación de la actividad de las viviendas turísticas al consentimiento de la comunidad vecinal y pide que el nuevo decreto haga constar en la definición de su ámbito de aplicación que no regulará los establecimientos de agroturismo y casas rurales, ya estos que cuentan con una normativa reguladora propia, al objeto de preservar las modalidades específicas del medio rural.
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