RESUMEN
I. DEMOGRAFíA
Debemos comenzar este primer capítulo de la Memoria Socioeconómica recordando el coste humano de la pandemia que sufre nuestro país y todo el planeta, y más cuando vamos a estudiar la demografía en 2020. Desde la aparición de los primeros casos al comienzo del año, el virus se ha expandido por todo el mundo y las personas contagiadas y fallecidas se cuentan por millones. Al mismo tiempo, el enorme esfuerzo científico y económico realizado a nivel mundial para la rápida creación de vacunas que puedan frenar el virus y la puesta en marcha de campañas de vacunación ya desde finales de 2020, se presentan, al menos en el mundo desarrollado, como la esperanza de poder retornar a la vida anterior a esta pandemia mundial sin precedentes.
Nuestro planeta finalizó el año 2020 con más de 90 millones de casos de COVID diagnosticados y casi 2 millones de personas fallecidas, y haciendo frente a una tercera oleada de la pandemia. En Europa, las personas enfermas se acercaban a los 30 millones, y las fallecidas eran más de 600.000. En España, las autoridades contabilizaban 2,1 millones las personas diagnosticadas (PCR) y más de 52.000 las fallecidas, si bien existe un consenso generalizado de que estas cifras son muy inferiores a los datos reales.
En Euskadi, una de las comunidades que antes se vio afectada por el COVID-19 en el Estado, se estimaban, a 3 de enero de 2021 (datos de Osakidetza) 119.703 personas contagiadas, de las cuales 3.103 fallecieron. De las personas enfermas, el 53,6 % son mujeres y el 46,4 % hombres. Además, el virus es especialmente dañino entre las personas mayores y la nuestra es una sociedad envejecida, lo que ha provocado una especialmente elevada letalidad en las edades más avanzadas, superando el 0,18 por 100.000 entre 80 y 89 años y el 0,26 por 100.000 entre las personas con más de 90 años.
Según datos provisionales de la EDEF, en 2020 se han producido en la CAPV 24.237 defunciones, un 12,4 % más que en 2019. Por meses, destacan los elevados incrementos producidos en marzo y abril, con un 39,2 y un 56,2 % más, respectivamente, que en los mismos meses de 2019 y, de nuevo, aunque con menores incrementos, en septiembre y noviembre ( 16,9 y 16,2 % respecto de septiembre y noviembre de 2019). Y, centrándonos en los fallecimientos confirmados como COVID-19, en 2020 (datos provisionales), se produjeron en Euskadi 3.052 muertes por esa enfermedad (el 12,6 % del total); de entre ellas 2.738 se vieron confirmadas por un análisis específico, en tanto que 314 fueron diagnosticadas como COVID-19 probable. La mayoría de estas defunciones tuvieron lugar en los meses de marzo (504) y abril (1.047), reduciéndose en mayo (149), junio (24) y julio (8), y volviéndose a incrementar en agosto (93) y septiembre (255). El cuarto trimestre mantiene la tendencia al alza con 199, 415 y 358 defunciones por COVID en los meses de octubre, noviembre y diciembre respectivamente.
Retornando a las cifras que habitualmente se analizan en esta Memoria, en la CAPV, según los últimos datos facilitados del Padrón Municipal de Habitantes referenciados a enero de 2020, la población de la CAPV crece levemente en el último año, un 0,5 % (aumenta en 11.259 efectivos) y cuenta con 2.189.138 habitantes. Los datos correspondientes a los Territorios Históricos reflejan que la población se ha incrementado especialmente en Álava ( 0,7 %, en 2.191 habitantes) y algo menos en Bizkaia ( 0,5 %, en 5.523 habitantes) y en Gipuzkoa ( 0,5 %, en 3.545 habitantes).
Por su parte, EUROSTAT estima en 447,7 millones de personas la cifra de habitantes de la Unión Europea, referenciada a enero de 2020 (514,7 millones si se incluye a Reino Unido), 900.000 más que un año antes. Este crecimiento del 2 por mil –1,6 por mil el año anterior- ha permitido mantener la tendencia ininterrumpida de crecimiento que se viene produciendo desde 1960, cuando la población de la actual Unión ascendía a 354,5 millones de habitantes. El dato positivo se debe, un año más, a la evolución de la inmigración, ya que el crecimiento natural o vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) es, de hecho, negativo, algo que se dio en la Unión por primera vez en 2012 (y desde 2015 si incluimos a Reino Unido).
De nuevo en la CAPV, los datos provisionales para 2019 señalan un crecimiento natural (diferencia entre nacimientos y defunciones) negativo en la CAPV por séptimo año consecutivo, tras los 9 anteriores con evolución positiva: en este año se han registrado 15.418 nacimientos, un 4,2 % menos que en el año anterior, y 21.560 fallecimientos, un 0,9 % menos que en 2018. Como consecuencia, se produce un crecimiento vegetativo de -6.142 o, lo que es lo mismo, del -2,8 por mil. El saldo negativo de 2019 es mayor que en 2018, por tanto, debido a que la caída de los nacimientos es mayor que la de las defunciones.
En otro orden de cosas, la “Estadística de Movimientos Migratorios” de EUSTAT relativa a 2019 contabiliza una ganancia de 19.468 personas en nuestra Comunidad en ese año (un 32,2 % más que en 2018, año en que habían ganado 14.724). Por territorios, Bizkaia gana 11.217 personas, Álava 2.862 y Gipuzkoa 5.389. En cuanto a la titulación de las personas migrantes, el saldo de 2019 es positivo (se registran más inmigrantes a nuestra Comunidad que personas emigran en ese mismo período) en todos los niveles de estudios, por segundo año después de cinco en negativo (2013 a 2017) en las titulaciones superiores (grados, licenciaturas, postgrados, másteres, doctorados y especialización).
Una importante parte de los movimientos migratorios, a lo largo de la serie considerada, son protagonizados por personas con estudios primarios (completos o incompletos), siendo, además, la línea que marca su evolución muy variable y dependiente del ciclo económico. En 2019 representan el 48,3 % del saldo migratorio. Y, junto con las personas con estudios secundarios, representarían el 85,8 % del colectivo. En datos absolutos, el saldo migratorio de las personas mayores de 5 años asciende a 18.338 personas, de las cuales 8.864 contaban con estudios primarios (completos o incompletos), 6.873 con estudios secundarios, 1.151 con estudios profesionales, 533 con estudios medios superiores y 365 con titulaciones universitarias (819 el año precedente).
En el último año se registraron 4.758 emigraciones de titulados/as superiores (el 15,3 % de las emigraciones de mayores de 5 años) y 5.123 inmigraciones (10,3 % del total), arrojando, en consecuencia, un saldo de 365 personas, el 2 % del saldo migratorio total (alcanzó el 6 % en 2018). Las titulaciones superiores, que tradicionalmente habían mostrado saldos positivos aunque más reducidos que otros niveles de estudios, acumularon, como ya se ha dicho, cinco años consecutivos de datos negativos (más salidas que llegadas) en el período 2013-2017, perdiendo la CAPV 1.882 personas con elevado nivel de estudios. La recuperación del bienio 2018-2019 reduce esta pérdida a 698 personas (desde 2013 hasta el momento presente). Y si se considera el período 2009-2019, el saldo acumulado es positivo y de 2.698, el 3,5 % de la ganancia migratoria total.
En relación con la inmigración, el Padrón Municipal revela que en 2020 la población de origen extranjero residente en la CAPV, 241.193 personas, se ha incrementado por sexto año consecutivo, en 19.201 personas ( 8,6 %), tras un bienio 2013-14 de leve retroceso, y después del período de importante afluencia iniciado a finales de la década de los años 90. Estas 241.193 personas de origen extranjero empadronadas en enero de 2020 representan el 10,9 % de la población, 86 décimas más que en 2019, mientras que en el Estado la ratio de 2020, 15,2 %, ha crecido 9 décimas, por tercer año, tras 3 años de crecimiento cero (entre 2015 y 2017). En la UE, por su parte, en 2017 (último dato oficial) la población residente nacida en el extranjero ascendía a 57,3 millones, el 11,2 % de la población total.
En Euskadi, por nacionalidades, entre las diez más importantes nos encontramos, en 2020, con siete latinoamericanas (Colombia, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Brasil, Paraguay, Honduras y Venezuela), una comunitaria (Rumanía) y una africana (Marruecos). En 2020, y de manera ininterrumpida desde 2014, la marroquí es la principal nacionalidad extranjera en la CAPV, con 27.303 empadronados/as, representando el 11,3 % del total de personas de origen extranjero de la CAPV. La segunda procedencia es la colombiana, con el 10,7 % del total.
En lo referente a la percepción social de este fenómeno, Ikuspegi revela que los/as vascos/as no viven la inmigración como un problema. Sólo el 1,7 % la menciona espontáneamente como el primer problema de la CAPV (2,4 % en 2019), y el total de menciones es del 7,7 % (9,1 % en 2019), con un máximo de tres respuestas. En forma sugerida, lo menciona el 10,2 % de la población entrevistada, frente al 11,4 % de 2019. En relación con el empleo, la visión funcional de la inmigración con respecto al mercado laboral se había erosionado considerablemente como consecuencia de la crisis: mientras que en 2004 un 80 % creía que necesitábamos población inmigrante para trabajar en algunos sectores, en 2014 lo pensaba un 30,4 %. Sin embargo, con leves altibajos, a partir de 2015 vuelve a crecer esta visión utilitarista, hasta situarse en el 64 % en 2020 (-1,3 puntos respecto de 2019). Algo similar ha ocurrido con la afirmación de que la economía funciona mejor gracias a que la población inmigrante ocupa puestos que la autóctona no quiere. En 2014 un 32,8 % estaba de acuerdo con esta afirmación (la ratio más baja de toda la serie considerada), y de nuevo, con ciertas oscilaciones, se alcanza en 2019 el 65,4 % ( 5,4 puntos respecto de 2019), datos ambos que ponen de manifiesto que la percepción más o menos positiva de la inmigración está asociada al ciclo económico.
Por último, KUSPEGI elabora un “índice de tolerancia” de la población vasca hacia la inmigración, que en 2020 presenta un valor muy superior al de 2019 (65 puntos frente a 60,67 el año precedente), el más elevado de la serie histórica. Acerca de esta evolución, concluye el informe de IKUSPEGI que los resultados obtenidos en este índice han estado hasta ahora muy relacionados con las dinámicas macroeconómicas, de manera que en períodos de expansión económica corresponden puntuaciones más altas y a fases de crisis se asocian pérdidas de confianza y menor tolerancia hacia las personas de origen extranjero, y que esa asociación se produce en sociedades en fases tempranas de inmigración y de diversidad cultural. No obstante, la crisis del COVID-19 ha supuesto una situación novedosa que rompe esta asociación, ya que el desplome de la economía producido en este año no ha venido acompañado de una caída en la tolerancia, sino todo lo contrario.
II. ECONOMÍA
La gravedad de la pandemia de COVID-19 y las medidas introducidas para contenerla han dado lugar a una profunda contracción económica que no tiene precedentes históricos recientes en términos de velocidad y sincronicidad.
Según estimaciones del FMI, el descenso del PIB mundial en términos reales fue del 3,3 % en el año 2020. El PIB de las economías avanzadas decreció un 4,7 %, donde el PIB de la zona euro cayó un 6,6 %, el de Japón un 4,8 % y el de EEUU un 3,5 %. En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el descenso ha sido del 2,2 %, con las economías emergentes de Europa decreciendo un 2 % y las de Asia un 1 % (China creció un 2,3 %). América Latina y Caribe mostró un descenso del 7 %. Por su parte, Rusia experimentó un decremento del 3,1 %.
El retroceso de los intercambios comerciales a nivel mundial ha sido también muy pronunciado (-8,5 %). El comercio de bienes ha sufrido alteraciones muy severas como consecuencia de la interrupción parcial del transporte de mercancías y la ruptura de las cadenas globales de suministros. En el caso de los servicios turísticos, el cese de los flujos ha sido en algunos casos casi completo, en un contexto de cierre de las fronteras a los movimientos de personas y suspensión del tráfico aéreo.
Respecto a los precios, en los países avanzados la inflación general fue del 0,7 % en términos interanuales. El precio del barril de Brent disminuyó entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 un 27,3 %. En abril alcanzó el valor más bajo (15,1 $/barril) y a partir de mayo comenzó su escalada hasta los 50,2 $/barril del mes de diciembre. Por su parte, los precios de los alimentos crecieron entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 un 13,6 %, los de los productos industriales no metálicos un 22,8 % y los de los productos industriales metálicos un 41,4 % (datos medidos en dólares).
En este contexto, los bancos centrales se apresuraron a suministrar liquidez y respaldaron el otorgamiento de crédito. Las autoridades fiscales canalizaron alivio hacia hogares y empresas mediante transferencias, subsidios salariales e inyecciones de liquidez. Estas medidas complementaron otros aspectos de la red de protección, como el seguro de desempleo y la asistencia para la nutrición.
A lo largo de 2020 el Banco Central Europeo no modificó el tipo de intervención a un día de la zona euro, manteniéndolo en el 0,00 % durante todo el año. El Banco de Japón, por su parte, también lo mantuvo todo el año 2020 como cerró el 2019, esto es en el -0,10 %. Y la Reserva Federal estadounidense lo disminuyó en una ocasión (marzo), del 1,75 % al 0,25 %, y así lo mantuvo durante todo el año.
Por lo que respecta a los tipos de interés del mercado monetario en la zona euro (depósitos), estos vuelven a ser negativos en media anual en todos los plazos. La variación entre el primer trimestre y el último de 2020 es la siguiente: el Euribor a un mes pasa del -0,47 % al -0,55 %; el Euribor a 3 meses pasa del -0,41 % al -0,52 %; el Euribor a seis meses pasa del -0,35 % al -0,51 %; y el Euribor a un año pasa del -0,27 % al -0,48 %.
Por su parte, el tipo de interés al que las instituciones financieras de la zona euro prestan a los hogares residentes en la UEM, según datos del “Boletín Estadístico” del Banco de España entre 2019 y 2020, disminuye tanto en el caso de crédito al consumo (del 7,91 % al 7,57 %) como en el de crédito a la vivienda (del 1,93 % al 1,67 %).
Con relación al mercado de divisas, el euro se aprecia frente al dólar estadounidense, la libra esterlina y el yen japonés. En concreto, el tipo de cambio real efectivo del dólar fue 1,217 $/€ en diciembre de 2020 frente a los 1,111 $/€ de diciembre de 2019, lo que supone un porcentaje de apreciación del euro respecto al dólar del 9,5 %.
En los mercados bursátiles mundiales, tanto el Dow Jones como el Nikkei avanzaron entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. En concreto, 7,2 % el Dow Jones y 16 % el NIKKEI. Por su parte, el Euro Stoxx amplio y el IBEX35 retrocedieron, respectivamente, un 1,6 % y un 15,5 %.
La zona euro, tal y como hemos apuntado, ha mostrado una mayor debilidad que otras áreas geográficas. El impacto de la crisis también ha sido muy asimétrico por países y grandes áreas geográficas, principalmente como consecuencia de las diferencias en la estructura productiva de cada economía, en la evolución epidemiológica de la pandemia y en la tipología de las medidas desplegadas para contenerla.
Las medidas de distanciamiento social que se han establecido en muchos países durante buena parte de los últimos trimestres han tenido una incidencia mucho más acusada en la actividad de aquellos servicios que requieren un elevado grado de interacción personal —como el comercio, la hostelería, el transporte y el ocio— que, en la industria, el sector primario o las ramas vinculadas con el sector público.
Los programas de mantenimiento del empleo han permitido suavizar la negativa evolución del mercado de trabajo. Los datos disponibles muestran que el empleo decreció en el conjunto del año 2020 un 1,6 %.
La inflación general disminuyó un 0,3 % entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020.
Como resultado de la pronunciada desaceleración económica registrada durante la pandemia del coronavirus y la respuesta de las políticas fiscales, la deuda de las Administraciones Públicas de la zona euro sobre el PIB fue del 98 % en 2020 frente al 83,9 % del año 2019. Las ratios más elevadas se dan en Grecia (205,6 %), Italia (155,8 %), Portugal (133,6 %), España (120 %), Chipre (118,2 %), Francia (115,7 %) y Bélgica (114,1 %), y las más reducidas en Estonia (18,2 %), Luxemburgo (24,9 %), Bulgaria (25 %), Rep. Checa (38,1 %), Suecia (39,9 %) y Dinamarca (42,2%).
Por lo que respecta al déficit, en el conjunto de la zona euro aumentó hasta el 7,2 % del PIB de 2020, desde el 0,6 % de 2019. Las ratios más elevadas se dan en España (11 %), Malta (10,1 %), Grecia (9,7 %) e Italia (9,5 %) y las más reducidas en Dinamarca (1,1 %), Suecia (3,1 %), Bulgaria (3,4 %), Luxemburgo (4,1 %), Alemania (4,2 %) y Países Bajos (4,3 %).
Centrándonos en la economía española, el descenso de la actividad durante el período de confinamiento ha sido mayor en España en comparación con el conjunto del área del euro, debido a la mayor severidad de las medidas aplicadas y al mayor peso de las actividades más expuestas a la interacción social en la estructura sectorial del Estado. Así, el PIB en el año 2020 experimentó un descenso real interanual medio del 10,8 %, 4,2 puntos porcentuales superior al de la zona euro (-6,6 %). La demanda nacional resta 8,8 puntos al crecimiento del PIB de 2020. Por su parte, la demanda externa resta 2 puntos.
La población ocupada en ETC, según las Contabilidad Nacional, disminuye un 7,5 % en el año 2020. Por su parte, el descenso de la población asalariada fue del 6,7 %. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE ponen de manifiesto que la tasa de paro (mayores de 16 años) pasó del 14,2 % al 15,7 % entre 2019 y 2020, con un perfil creciente entre el primer y el tercer trimestre.
Por lo que respecta a la Balanza de Pagos, en 2020 la economía española registró capacidad de financiación. Esta capacidad de financiación (superávit) se situó en los 12.421 millones de euros (frente a los 30.625 millones de 2019), esto es, el 1,1 % del PIB frente al 2,5 % del año anterior.
El conjunto de las Administraciones Públicas del Estado finalizó el año 2020 con un déficit, medido en términos de Contabilidad Nacional, de 123.072 millones de euros frente a los 35.637 millones de euros del año 2019 (datos provisionales), lo que supone pasar de una ratio del 2,9 % del PIB al 11 % entre 2019 y 2020.
Desagregando, tanto la Administración Central como las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social cerraron sus cuentas con déficit, del 8,4 %, 0,2 % y 2,6 %, respectivamente. Por el contrario, las Corporaciones Locales volvieron a registrar un superávit, en este ejercicio del 0,3 %.
Respecto a los ingresos, la recaudación en los principales impuestos, incluida la participación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, decrece un 8,7 %. Tal descenso se explica tanto por el descenso de la recaudación por impuestos directos (-6,3 %) como por indirectos (-11,5 %). Por su parte, las obligaciones reconocidas por el Estado crecieron un 28,5 %, como consecuencia del aumento de todas las partidas, salvo los intereses.
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Pasamos ahora a exponer la evolución de la economía de la CAPV.
Las Cuentas Económicas de EUSTAT muestran que la economía de la CAPV registró, para el conjunto del año 2020, un descenso del PIB del 9,5 %. En consecuencia, la tendencia de crecimiento anual sostenido del PIB observada a partir del año 2014 se rompe con este excepcional retroceso que, de hecho, duplica el descenso del PIB del 4,1 % observado en el año 2009. Tal contracción es inferior a la estimada para la economía española (-10,8 %), pero superior a la de la eurozona (-6,6 %) y la del conjunto de la UE27 (-6,2 %).
Según información del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, el Termómetro de la economía vasca se desplomó al valor 37 en el mes de marzo y al 27,5 en abril de 2020, entrando de lleno en la zona de decrecimiento (valor < 50). A partir de mayo, el termómetro comenzó a dar tímidos pasos en su proceso recuperación, pero entre octubre y noviembre empeoró ligeramente. En el mes de diciembre mejoró de nuevo situándose en el valor 40,7; en consecuencia, todavía en zona de decrecimiento.
La Demanda interna ha sufrido un retroceso interanual del 8,5 %. Esta caída es menor que la estimada para el conjunto del PIB (-9,5 %), por lo que la aportación del Sector exterior ha sido también negativa.
La evolución de los grandes componentes de la demanda interna, Gasto en consumo final y Formación bruta de capital, ha sido negativa registrándose los descensos más agudos en el segundo trimestre. No obstante, en el caso del Gasto en consumo final observamos dos comportamientos contrapuestos. Mientras el gasto en consumo privado muestra en los cuatro trimestres tasas de variación negativas, el gasto en consumo público experimenta variaciones positivas. La evolución conjunta del gasto público y del gasto privado determina un descenso del Gasto en consumo final de un 3 % en el primer trimestre, de un 15,4 % en el segundo, de un 5,9 % en el tercero y de un 5,7 % en el cuarto.
La Formación bruta de capital (Inversión) observa una caída en el primer trimestre de 2020 (-3,6 %), que se agudiza en el segundo (-23 %) y posteriormente comienza a recuperarse, si bien se mantiene en tasas de variación negativas (- 11,4 % en el tercer trimestre y -8,4 % en el cuarto).
En la evolución del sector exterior, los datos provisionales de comercio exterior de bienes con el extranjero (no incluye el resto del Estado) que ofrece la “Estadística de Comercio Exterior” (basada en los Registros de Aduanas) confirman el desplome del comercio exterior, con mayor incidencia, durante los meses de marzo, abril y mayo. El descenso interanual de las exportaciones fue del 21,8 % en marzo, del 53,2 % en abril y del 36 % en mayo. En el caso de las importaciones las ratios de decremento fueron del 14,9 % en marzo, 43,2 % en abril y 43,8 % en mayo.
En el conjunto del año 2020 las exportaciones caen un 17,8 % en 2020 con un descenso de las no energéticas (que suponen el 95,4 % del total) de un 14,8 % y un descenso de las energéticas del 53 %. Paralelamente, las importaciones caen en un 21,9 % con un descenso de las no energéticas (que suponen el 81,5 % del total) de un 13 % y un descenso de las energéticas del 46,4 %.
El saldo exterior en 2020 presenta un superávit de 5.159,6 millones de euros. Distinguiendo entre bienes y productos energéticos y no energéticos se vuelve a observar que el saldo energético es deficitario (-1.946,8 M€). Por el contrario, el de los productos no energéticos vuelve a registrar superávit, 7.106,4 millones.
Desde el punto de vista de la oferta, el sector primario que fue considerado actividad esencial durante el confinamiento domiciliario no observa caídas tan pronunciadas durante los dos primeros trimestres; sin embargo, sí los registra en los dos últimos.
En términos interanuales la contracción del VAB industrial ha sido del 3,6 % en el primer trimestre de 2020, del 26,7 % en el segundo, del 9,5 % en el tercero y del 7,2 % en el cuarto. El balance anual muestra una reducción del 11,8 % entre 2019 y 2020. La variación interanual acumulada del Índice de Producción Industrial en diciembre de 2020 (con datos corregidos y base 2015) respecto a diciembre de 2019, para el conjunto de la CAPV, es de un -13,3 %.
El protagonismo de los productos de nivel tecnológico medio y alto ha ido creciendo de forma constante a lo largo de los años, hasta absorber el 31,7 % de las ventas en 2019 y un porcentaje un poco superior, el 32,1%, tanto del personal ocupado como del valor añadido generado. En 2014, los porcentajes eran 25,2 % en ventas y alrededor del 30 % en personal ocupado y valor añadido.
El sector de construcción ha caído un 2,7 % en el primer trimestre de 2020, un 17,9 % en el segundo, un 9,3 % y un 8,2 % en cuarto. El balance anual muestra una reducción del 9,5 % entre 2019 y 2020. El balance anual relativo al Índice de Coyuntura de la Construcción muestra una reducción interanual acumulada del 7,3 %, en términos homogéneos de calendario laboral, con un descenso del 7,5 % en la edificación y del 6 % en obra civil.
El conjunto del sector servicios observa una reducción de su valor añadido del 2,8 % en el primer trimestre de 2020, del 17,5 % en el segundo, del 6,5 % en el tercero y del 7,1 % en el cuarto. El balance anual anota una reducción del 8,5 %. No obstante, diferenciando entre Servicios de mercado y Servicios de no mercado se tienen comportamientos contrapuestos.
Así, las actividades que engloba el grupo de Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales anotan incrementos interanuales del 1,2 % en el primer trimestre de 2020, 0,7 % en el segundo, 1,1 % en el tercero y 1 % en cuarto por la necesidad de responder a la pandemia. El balance anual muestra un incremento del 1 % entre 2019 y 2020.
Por el contrario, las actividades privadas, en particular, las actividades de Comercio, transporte y hostelería, que han visto paralizada y/o restringida su actividad, han registrado importantes descensos en su actividad. En su conjunto, estas actividades anotan decrementos interanuales del 4,2 % en el primer trimestre de 2020, del 21,8 % en el segundo, 10,2 % en el tercero y 12,8 % en el cuarto. El balance anual muestra un descenso del 12,3 % entre 2019 y 2020.
Así, en los establecimientos hoteleros, en el conjunto del año 2020, las entradas han disminuido un 60,7 % respecto a 2019 y las pernoctaciones un 59,8 %. Se trata de 2.090.163 entradas y 4.201.875 pernoctaciones menos que en el año 2019. El grado de ocupación por plazas ofertadas ha pasado de 52 % a 30 %. En relación con los indicadores de rentabilidad, la tarifa media diaria (ADR) de los hoteles de la CAPV se ha situado en 72,62 euros en 2020, un 22,3 % menor que en 2019. Los ingresos por habitación disponible (RevPar), que dependen del grado de ocupación de los establecimientos, han sido de 29,79 euros 2020, un 53,4 % menos que en 2019.
En los alojamientos rurales, los descensos son también elevados (-59,2 % en las entradas y -52,4 % en las pernoctaciones). Durante los meses de julio y agosto estos alojamientos mostraron mejores registros que los establecimientos hoteleros; sin embargo, se han visto particularmente afectados por las restricciones de movilidad y por las limitaciones en el número de personas permitidas por grupo, de forma que en los meses de noviembre y diciembre prácticamente no han presentado movimientos.
Los apartamentos turísticos, por su parte, muestran registros mejores que los anteriores establecimientos. Así el descenso interanual en las entradas se sitúa en un 49,4 % y en las pernoctaciones en el 36,9 %. Ello se explica por los menores porcentajes de caída que experimentan en los meses estivales, en comparación con los otros dos tipos de establecimientos turísticos.
Por su parte, las actividades englobadas en la rama de Resto de servicios (actividades inmobiliarias, de profesionales, científicas y técnicas, así como financieras y de seguros) han sufrido un retroceso también notable, estimado en un 4 % en el primer trimestre de 2020, un 24,2 % en el segundo, un 8,1 % en el tercero y un 7,5 % en el cuarto. El balance anual muestra un decremento del 11 % entre 2019 y 2020.
Circunscribiéndonos al sector financiero, según datos del Banco de España, aquellos depósitos cuya titularidad corresponde a las AAPP situaron su saldo total en la CAPV, al cierre de 2020, en 6.102 millones de euros, lo que supone un aumento anual del 27,1 % y representan el 7,7 % de los depósitos del Estado. Los depósitos de otros sectores residentes (OSR) se situaron en 85.759 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,4 % respecto al periodo anterior, y una ratio sobre el total estatal de 6,4 %. Si analizamos los depósitos de otros sectores residentes en función de sus diferentes modalidades (vista, plazo y cesión temporal de activos (CTAs)) vemos que un 80,6 % son depósitos a la vista (76,2 % en 2019), un 11,3 % depósitos a plazo y un 1,4 % corresponden a CTAs. Mientras los depósitos a la vista siguen creciendo ( 11,8 %) los depósitos a plazo siguen disminuyendo. Esta evolución se explica por la escasa o nula remuneración de los depósitos.
Los tipos de interés del mercado monetario en la zona euro (depósitos) vuelven a ser negativos, en media anual, en todos los plazos.
Por su parte, el saldo vivo del crédito total concedido por las entidades de depósito en la CAPV ha aumentado en el año 2020 y pasa 68.515 a 70.155 millones de euros ( 2,4 %). Este incremento se explica en mayor medida por el incremento del saldo del crédito concedido a las Administraciones Públicas ( 7 %), si bien el concedido al sector privado (el 88,4 % del total) también aumenta, pero en menor medida ( 1,8 %).
Por su parte, el Índice de la Bolsa de Bilbao 2000 se situó en los 1.291,2 puntos en diciembre de 2020, lo que implica un descenso del 13,1 % respecto a diciembre del año anterior. El volumen de contratación (compras y ventas) de la Bolsa de Bilbao en 2020 fue de 96.625,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 9,7 % respecto a 2019.
El empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha retrocedido un 8,1 % con respecto al año anterior.
Con relación a la inflación, en 2020 los precios de consumo se moderaron. Así, tras encadenar nueve meses en negativo, la tasa interanual del IPC de diciembre 2020 se situó en el -0,3 %, si bien en el conjunto del año 2020 la tasa media anual se sitúa en -0,1 %. Para encontrar una situación similar hay que remontarse a 2014, año en el que se empezó a salir de la crisis de 2008. De esta forma, la tasa de diciembre de 2020 de la CAPV es dos décimas superior a la del conjunto del Estado (- 0,5 %). Transporte, Comunicaciones y Ocio y cultura fueron los grupos que más ayudaron a moderar la inflación, con descensos del 4,1 %, 4 % y 2,2 %, respectivamente.
Los datos de la “Encuesta Trimestral de Coste Laboral. ETCL” del INE señalan, para la CAPV, que el coste laboral de las empresas aumenta un 0,5 % en el cuarto trimestre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019 (en el Estado se reduce un 0,1 %) y se sitúa en 3.273,2 euros por persona trabajadora y mes, lo que supone 520,9 euros más que en el Estado.
Por lo que respecta a la productividad aparente del trabajo, su decremento en términos reales, en 2020, fue del 1,4 %. El análisis en términos de nivel y no de evolución muestra que la CAPV con un índice de 121, en 2019, se encuentra un 21 % por encima de la media de la UE27, un 22,3 % por encima del Estado y un 15,7 % por encima de la zona euro, lo que indicaría que la CAPV tiene una mejor posición competitiva que la UE27, el Estado y la zona euro dada su mayor productividad laboral.
La renta personal media (antes de impuestos), según datos de la “Estadística de Renta Personal y Familiar” de EUSTAT, se incrementa un 1,8 % entre 2017 y 2018, llegando a los 21.458 €. El 60,4 % procede de rentas del trabajo, con un promedio de 12.966 € ( 2,2 % respecto al año anterior), el 26,8 % de las transferencias o prestaciones sociales con un promedio de 5.747 € ( 1,5 %), el 8 % de rentas de capital, tanto inmobiliario como inmobiliario (1.717 €) y el 4,8 % de rentas de actividades económicas (1.029 €).
Por sexo, se aprecia una desigual distribución entre hombres y mujeres, evidenciando la brecha de género existente. Así, los hombres obtienen una renta media (total) de 26.930 €, en tanto que las mujeres cuentan con 16.416 €.
Por lo que respecta a la distribución de la renta (renta total), el 59,7% de la población residente de 18 y más años tiene una renta personal inferior a la media de la CAPV (21.458 €), si bien hay que tener en cuenta que en este grupo están incluidas las personas que no han percibido renta alguna en 2018 (14,9 %); en el extremo opuesto, un 10,6 % de la citada población cuenta con una renta que duplica la media, esto es, algo más de 42.916 €.
Paralelamente, un 40,3 % de la población tiene una renta personal inferior a 12.000 euros y un 47,1 % inferior a 15.000 (en ambos casos se incluye el 12,9 % que no tiene renta).
En otro orden de cosas, según datos del Registro de Inversiones Exteriores, la inversión extranjera en la CAPV, descontando las ETVE, ha aumentado entre 2019 y 2020, un 163,1 %. En total, la CAPV ha recibido en 2020 857,8 M€ (frente a los 326 M€ de 2019). Así, en el año 2020 la CAPV ocupa la tercera posición en volumen de inversiones, por detrás de Madrid que recibe 17.910,4 M€ y Cataluña que recibe 2.966,9 millones.
Desde un punto de vista sectorial son especialmente destacables por su peso sobre el total de la inversión, las inversiones realizadas en: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, Metalurgia y fabricación de productos metálicos, y Alimentación, bebidas y tabaco. Desde un punto de vista territorial, el país de residencia del titular último de la inversión se localiza en el 98,1 % de los casos en un país de la OCDE. Más en concreto, un 83,1 % proviene de un país de la UE14 y un 13,3 % de EEUU. Entre los países de la UE14, este año destaca Francia con una inversión en la CAPV de 549 M€.
Por su parte, la inversión vasca en el extranjero, descontando las ETVE, aumenta un 151,9 % respecto al año 2019 y se sitúa en 2.511,6 M€ en 2020. Así, la CAPV ocupa la tercera posición en el ranking de CCAA por su inversión en el extranjero, por detrás de Madrid y Cataluña. Sectorialmente destacan: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, Fabricación de vehículos a motor y otras manufacturas del transporte, y Reparación, Instalación de maquinaria. Desde un punto de vista territorial, la inversión de la CAPV se dirige en el 95,9 % de los casos a un país de la OCDE. Un 91,2 % tiene por destino países de la UE14 (principalmente, Luxemburgo, y en menor medida Eslovaquia e Italia) y un 3,5 % se dirige a Asia y Oceanía.
Los últimos datos del Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) de EUSTAT, relativos a enero de 2020, contabilizan un total de 153.971 empresas activas en la CAPV que dan empleo a 921.525 personas, de forma que el tamaño medio se sitúa en 6 empleos por empresa, con una tendencia creciente.
El tamaño medio en la UE28 se sitúa en 5,1 empleos por empresa (datos de 2018), ligeramente inferior al registrado en la CAPV (5,8 a principios de 2019). Por encima de dichas medias se sitúan Alemania (11,6 empleos), Luxemburgo (8,3), Dinamarca (7,8), Austria (7,1), Croacia (6,6).
Los datos sobre las empresas inscritas en la Seguridad Social ponen de relieve la importante destrucción del tejido empresarial que se ha producido en el año 2020. Así, el número de empresas activas en Euskadi queda fijado en el mes de diciembre en 57.522, lo que implica que entre febrero y diciembre se perdieron 1.371 empresas. En términos interanuales, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, el número de empresas se redujo en 1.436 (-2,4 %). Desde el comienzo de la crisis sanitaria el número de empresas se ha reducido más intensamente en el Estado que en Euskadi.
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En relación con el sector público de la CAPV, en primer lugar, según la “Estadística de Ejecución Presupuestaria” del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, los ingresos totales liquidados en 2020 por el conjunto del Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales ascienden a 18.156,9 millones de euros, y presentan un aumento del 4,8 % respecto del año precedente ( 0 % en 2019), debido a que la evolución negativa de las operaciones corrientes (la recaudación por impuestos directos cae un 3,9 % y los indirectos un 14,0 %, de manera que no pueden compensar el importante aumento de las transferencias corrientes, que crecen un 242,1 %), se equilibra con el importante incremento del 156,5 % de los pasivos financieros (relacionado con un mayor endeudamiento). Esta evolución se produce tanto en las finanzas del Gobierno Vasco ( 140,3 %), como en las de las Diputaciones Forales ( 274,5 %).
El aumento en los ingresos no ha seguido igual tendencia en las distintas Administraciones, ya que en el caso del Gobierno Vasco crecen un 5,9 %, mientras que para las Diputaciones Forales se reducen un 6,6 %, resultando el agregado, como se ha dicho, del 4,8 %. A modo de balance, el conjunto de los ingresos del Sector Público Vasco sobre el PIB de la Comunidad, que suponía el 21,8 % en 2019, aumenta 3,5 puntos en 2020 hasta el 25,3 % (datos provisionales), dado que el PIB ha caído de manera importante, mientras que los ingresos públicos se han mantenido.
La recaudación por Tributos Concertados, que forman el grueso de los ingresos directos e indirectos y más del 90 % del total, presenta para 2020 un importe de 13.949,25 millones de euros, lo que supone una caída del 9,8 % respecto del ejercicio anterior. La recuperación en el último tramo del ejercicio hizo mejorar las previsiones del mes de octubre, que apuntaban que se podría llegar a perder hasta un 13,6 % respecto de las cifras de 2019. En conjunto, en 2020 se aprecia un mejor comportamiento de la imposición directa (-4,1 %, cae menos que la media) que de la indirecta (-14,8 %).
En suma, el volumen recaudado asciende a 13.949,25 millones de euros, importe que supone el 19,4 % del PIB corriente de la CAPV en 2020, según datos provisionales (19,5 % en 2019). Esta recaudación, a pesar de la caída del 9,8 %, supera por cuarto año consecutivo las cifras de 2007. Del total, el 40,4 % corresponde al IRPF, el 37 % al IVA (de gestión propia y de ajustes por operaciones interiores y aduanas), el 7,5 % al Impuesto de Sociedades y el restante 15,1 % a diversos Impuestos Especiales.
Por su parte, el gasto total del Sector Público Vasco (no incluidos los Entes Locales) asciende en 2020 a 17.305,7 millones de euros, y se ha reducido un 2,1 % respecto de 2019, frente al 6,2 % del año anterior, de forma que el porcentaje que representa esta magnitud sobre el PIB de la CAPV se ha incrementado 1,8 puntos, del 22,3 % al 24,1 %, con datos provisionales para 2020. La caída del gasto se ha producido tanto en el Gobierno Vasco (-2,2 %) como en las Diputaciones Forales (-8,2 %), resultando la variación del agregado del -2,1 % debido a que algunas de las partidas se compensan entre instituciones (una parte de las transferencias, por ejemplo).
Las variaciones más significativas en los diferentes capítulos de gasto del conjunto del Sector Público Vasco (excluidos Entes locales) presentan algunas diferencias respecto a años anteriores. En primer lugar, los gastos de personal mantienen la tendencia positiva años anteriores, si bien crecen menos que en 2019 ( 3,6 %, dos puntos menos que el año anterior), y en menor proporción en las Diputaciones ( 2,8 %) que en el Gobierno ( 3,7 %), al tiempo que se afianzan las transferencias corrientes ( 3,8 %, 4 décimas más que en 2019), incrementándose un notable 5,7 % para el Gobierno Vasco, que compensa la caída del 8 % de las Diputaciones Forales. Los gastos de funcionamiento (referidos a la compra de bienes y servicios), por su parte, mantienen la tendencia de años anteriores, y crecen en mayor proporción que en el ejercicio anterior (aumentan el 6,1 %, frente al 4,9 % del año anterior). En cuanto a las inversiones reales, que apenas habían crecido un 0,6 % en 2019, caen un 4,4 % en 2020, motivado por el desplome del -13,4 % de las Diputaciones Forales, pues el Gobierno Vasco ha mantenido un positivo del 14,8 %.
Centrándonos en el gasto del Gobierno Vasco, según datos de la “Ejecución de los Presupuestos Generales de la CAPV” de 2020, con datos provisionales de la liquidación a diciembre (obligaciones reconocidas), el gasto del Gobierno Vasco se reduce un 2,2 % respecto de 2019, año en el que había aumentado un 6,4 % respecto del anterior. Los dos principales departamentos por su volumen de gasto continúan siendo Educación, con el 25,9 % del total, y Salud (34,9 %). La liquidación presupuestaria a diciembre asciende a 11.779,7 millones de euros, cantidad que supone el 16,4 % del PIB de nuestra Comunidad en este año, según datos provisionales.
En otro orden de cosas, el hecho de que en 2019 los ingresos corrientes del Sector Público Vasco (Gobierno más Diputaciones Forales) hayan caído un 4,9 %, mientras que los gastos de igual naturaleza se incrementen un 4,2 %, induce una caída del ahorro bruto del 72,5 %, hasta los 525,5 millones de euros. Este importe representa el 0,7 % del PIB de nuestra Comunidad (datos provisionales). Además, se registra un déficit público (necesidad de financiación) de 596,1 millones de euros (0,8 % del PIB) dado que los gastos no financieros (corrientes más de capital) son mayores que los ingresos de igual naturaleza. En el ejercicio anterior se había producido un superávit por valor de 689 millones de euros (0,9 % del PIB).
La Estadística de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Vasco revela, asimismo, que el endeudamiento neto del conjunto del sector público de la CAPV (Gobierno Vasco más Diputaciones Forales) se ha incrementado en 2020 tras cinco ejercicios de caída, superando, de hecho, los 1.630 millones de euros. El endeudamiento bruto ha crecido en 2020 un 156,5 %, ascendiendo a 2.539,7 millones de euros, de los cuales 2.092,6 millones corresponden al Gobierno Vasco (con un aumento del 140,3 % respecto de 2019) y los restantes 447,1 a las Diputaciones Forales ( 274,5 %).
Este aumento del endeudamiento ha venido acompañado, además, de una menor amortización de la deuda existente si comparamos con los años anteriores (909 millones de euros, de los cuales 689,6 corresponden al Gobierno Vasco), lo que ha hecho que la deuda viva al final del ejercicio se haya incrementado un 15,2 %. Así, al final del ejercicio, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales presentan un volumen de deuda de 12.325,7 millones de euros (importe que representa el 17,2 % del PIB, según datos provisionales, frente al 13,5 % en 2019). Un año más, la mayor parte de la deuda corresponde al Gobierno Vasco (el 84,4 % del total, 84,2 % el año anterior.
Y, por último, en relación con el empleo público, las Administraciones Públicas Vascas contaban con 139.885 personas empleadas a 1 de enero de 2020, según datos del “Directorio de Administraciones Públicas” de EUSTAT. Esta cifra supone un 0,2 % más que en el año anterior y el 14,7 % del total del personal ocupado en la CAPV en el primer trimestre de 2020 (2 décimas menos que en 2019), si se tienen en cuenta las cifras de ocupación de la PRA. Estos datos no tienen en cuenta el personal dependiente de la Administración del Estado y del Sistema de la Seguridad Social, pero el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en su boletín estadístico de enero de 2020, calculaba que las personas trabajadoras de la Administración Pública Estatal en Euskadi en esa fecha eran 10.366 (4.919 al servicio de la Administración General del Estado y 5.447 en la categoría “otros”, que comprende, básicamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado). Si sumamos ambas cifras, el empleo público rondaría, al comenzar 2020, las 150.251 personas ( 0,1 % respecto del año anterior). No obstante, esta cifra debe considerarse únicamente una estimación, dadas las distintas fechas de referencia y metodologías utilizadas.
Volviendo a las cifras de EUSTAT, de las 139.885 personas empleadas públicas en enero de 2020, el 64,6 % pertenecía a la Administración de la CAPV, el 19,4 % a los entes locales el 8,4 % a las Diputaciones Forales y el 7,5 % restante pertenecía a la Universidad, Fundaciones y otros entes públicos. Por su parte, el personal funcionario constituía el 61,6 % del total, el 37,5 % era personal laboral, incluyendo en ambos casos el personal estatutario de Osakidetza, y el 1 % eran altos cargos. Además, el personal fijo (funcionarios/as, laborales y estatutarios) suponía el 57,7 % del personal (-2 décimas respecto de 2019), el 16,8 % eran funcionarios/as y funcionarios/as interinos/as ( 5 décimas) y el 24,6 % era personal laboral temporal (-3 décimas). De esta forma, el grado de interinidad y temporalidad asciende al 41,4 % (41,2 % el año anterior).
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En relación con las infraestructuras productivas, y en concreto, en lo que respecta al transporte, los datos relativos a las adjudicaciones realizadas por las Entidades Públicas Estatales (AENA, ADIF y PUERTOS y RENFE) en ingeniería civil en la CAPV muestran decrementos en AENA y ADIF y aumentos en PUERTOS y RENFE OPERADORA, entre 2019 y 2020. Las de AENA pasaron de 15,7 a 12 M€, las de ADIF de 131,4 a 62,8 millones, las de RENFER OPERADORA de 9,3 a 10.000 euros y las de PUERTOS 10,1 a 16 millones.
Por lo que respecta a las infraestructuras de transporte, cabe destacar que la red de carreteras de la CAPV, con datos de 2018, está compuesta en más de un 15 % por vías de gran capacidad frente al 10,4 % en el Estado, siendo autopistas de peaje el 39,7 % de las vías de gran capacidad frente al 17,2 % en el Estado.
Respecto al transporte de mercancías, el mayor volumen de intercambios se realiza con las comunidades de Castilla y León, Navarra, Cantabria y Cataluña.
En relación con la infraestructura ferroviaria, con datos de 2019, la red de la CAPV está compuesta por 549,44 kilómetros de vía. De ellos, 517,43 están electrificados, de los cuales el 64,7 % pertenece a ADIF que gestiona la infraestructura vinculada a los servicios de media distancia y largo recorrido hacia la península y los servicios de cercanías de Bizkaia y Gipuzkoa. El 35,3 % restante es gestionada por ETS (incluye la línea Bilbao-Donostia-Hendaya).
En cuanto a la Y vasca, compilando el Convenio firmado en 2006 y el de 2017, en el ramal guipuzcoano quedaría por completar:
- El tramo Hernani-Astigarraga Fase II, tramo que dejará la alta velocidad a las puertas de San Sebastián. Sus trabajos avanzan a buen ritmo.
- La variante Astigarraga-Oiartzun-Lezo: plataforma pensada para trenes y personas que no entren en San Sebastián pero que no resulta fundamental para que los trenes circulen. Permitirá evitar la utilización de la línea convencional de ADIF en su paso por San Sebastián y Rentería y empalmar con ella únicamente en el último tramo Lezo-Irún. Se encuentra en estudio informativo.
- La nueva estación de San Sebastián, cuyas obras ya han empezado.
Por su parte, el tramo directo Astigarraga-Behobia (cuando se construya la nueva línea francesa de alta velocidad (Burdeos-frontera) y la prolongación de la variante Astigarraga-Oiartzun-Lezo desde Oiartzun todavía no tienen fecha.
Por último, también quedarían por completar los tramos correspondientes a la entrada del ferrocarril en Vitoria-Gazteiz y en Bilbao.
Por su parte, según datos de aviación civil, por los tres aeropuertos de la CAPV pasaron, en 2020, un total de 1,8 millones de pasajeros y pasajeras (el 93 % por el aeropuerto de Bilbao), lo que supone un decremento del 71,6 % respecto al año 2019. Por su parte, el descenso del tráfico de mercancías fue del 1,1 %, situándose en 64.718 Tm. (el 99,4 % se registra en el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz). Distinguiendo entre aeropuertos, en el de Bilbao el descenso del tráfico de mercancías fue del 60,8 % y en el de Vitoria-Gasteiz del 0,2 %.
Por lo que respecta al tráfico portuario (mercancías, avituallamiento y pesca), según datos del Ministerio de Transportes, en el Puerto de Bilbao decreció entre 2019 y 2020 un 16,6 %. Por su parte, en el Puerto de Pasajes, que se mueve en cotas mucho más modestas, el descenso del tráfico de mercancías fue del 6,4 %.
En relación con la energía, el informe Euskadi Energía 2019. Datos energéticos, publicado por el EVE en 2020, muestra que la demanda total de energía primaria o consumo interior bruto de energía (energía producida más importada menos exportada) aumentó un 1,3 % en el año 2019, situándose en 6.533 Ktep. Por su parte, el consumo final de energía decreció un 1,2 % (situándose en 4.989 Ktep) con reducciones en todos los sectores menos en el primario.
La producción de energía primaria creció un 1,4 %, pasando de los 645 a los 654 Ktep: Tal producción se basó, principalmente, en energías renovables (principal fuente propia), las cuales se incrementaron un 0,6 % (de 616 a 623 Ktep). Esta escasa producción propia de energía primaria tan solo permitió satisfacer el 10 % de la demanda energética (consumo interior bruto) de la CAPV. En consecuencia, la dependencia energética exterior de la CAPV se situó en el 90 %, superior a la existente en el Estado, 73,5 % y a la media de la UE28, 54,6 % (datos ambos de 2018); y de hecho superior a la de todos los países de la UE28 salvo Luxemburgo.
La producción en base a fuentes renovables (623 Ktep) permitió satisfacer el 12,5 % del consumo final (4.989 Kteps); es decir, la ratio de participación de las energías renovables en el consumo final se encuentra a 1,5 puntos del objetivo del 14 % fijado para nuestra Comunidad en la Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E2020).
En relación con la intensidad energética (indicador de la eficiencia energética de una economía y que se mide como el consumo final en Ktep por unidad de PIB), en el año 2019 fue 17 puntos mejor (disminuye) que la del año 2009. Respecto a 2018, mejora 3 puntos porcentuales. Por sectores, la intensidad de los servicios mejoró (se redujo) entre 2018 y 2019 tanto en industria como en transporte y servicios.
Por lo que respecta a la factura energética apenas varía en 2019 respecto a la del año anterior, y se sitúa en los 5.939 M€. De ese coste, el 53 % correspondió al sector del transporte, el 19 % a la industria, el 15 % al sector residencial, el 12 % al de servicios y el 1 % al primario. La factura del sector residencial ha disminuido un 6,9 % en 2019. La factura por hogar se ha reducido un 7,4 % alcanzando los 1.002 euros y la factura por habitante ha disminuido un 7,2 % hasta los 414 euros por habitante.
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En relación con las actividades de I D i, en el año 2019, se invirtieron en la CAPV en actividades de I D, según EUSTAT, 1.481,4 M€ ( 4,1 % respecto a 2018), lo que supone seguir en valores positivos de crecimiento por cuarto año consecutivo. En términos de esfuerzo, supone el 1,86 % del PIB (1,85 % en el año anterior). La ratio registrada por el INE para la CAPV fue 1,97 %, lo que coloca a nuestra Comunidad por encima de la media estatal situada en el 1,25 %.
Independientemente de la fuente de información, el esfuerzo es inferior al registrado en la eurozona 2,23 %, y por debajo de los países referencia en la materia: Suecia (3,39 %), Austria (3,19 %), Alemania (3,17 %), Dinamarca (2,96 %), Bélgica (2,89 %), Finlandia (2,79 %), Noruega (2,22 %) Francia (2,19 %) y Países Bajos (2,16 %), según datos de Eurostat.
Atendiendo a la ejecución del gasto, el 76,3 % fue ejecutado por las empresas, el 17,1 % por la Enseñanza Superior y el 6,6 % restante lo ejecutaron los diversos organismos dependientes de la Administración. Esta estructura difiere de la existente en el Estado donde los respectivos porcentajes son 56,1 %, 26,6 % y 17 %. De esta forma, el sector empresarial sigue siendo el que ejecuta el mayor gasto, y además observa un aumento de su peso de 4 décimas respecto a 2018.
Por lo que respecta a la financiación de tal gasto, la participación del sector privado en la misma se sitúa en el 53,9 %, a 12,1 puntos del objetivo europeo a 2020 (que el 66 % del gasto total en I D sea financiado con fondos privados). La Administración Pública financia el 33,8 % del gasto. En la eurozona, según datos de EUROSTAT de 2018, los respectivos porcentajes son 59,6 % y 29,7 %. Destacan por tener ratios elevadas de financiación privada del gasto en I D en 2018: Japón (79,1 %), China, excepto Hong Kong (76,6 %), Corea del Sur (76,6 %), Suiza (68,6 % en 2017), Alemania (66 %), Bélgica (63,5 % en 2017), Eslovenia (62,6 %), EEUU (62,4 %), Suecia (60,8 %) y Dinamarca (58,5 % en 2017).
De esta forma, la I D financiada por el sector privado y por el sector público, representan, respectivamente el 1,03 % y el 0,65 % del PIB. Los objetivos europeos para el año 2020 son el 2 % y el 1 %.
El personal empleado en actividades de I D en EDP (19.618,5 personas) crece un 1,8 % respecto a 2018. El análisis por sexo pone de relieve que solo el 36,6 % del personal total empleado en estas actividades es mujer.
Teniendo en cuenta la ocupación (personal investigador, personal técnico o auxiliar), el 68,9 % es personal investigador, el 23,7 % es técnico y un 7,4 % son auxiliares; si bien estos porcentajes difieren según el sector de ejecución de forma que la ratio de investigadores e investigadoras se eleva al 86,2 % del total en el caso de la enseñanza superior.
Pasamos ahora a estudiar los indicadores de I D del sector empresa excluyendo de la operación a los centros de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. En primer lugar, el número de empresas (sin contar los centros tecnológicos de la Red) que en el año 2019 realizaron actividades de I D fue 1.313, lo que supone un descenso del 1,6 % respecto a 2018. De ellas, 534 pertenecen al sector industrial (72 menos que en 2018, -12%), 731 al sector servicios (57 más, 8,5 %), 36 a la construcción (5 menos, -12,2 %) y 12 al sector primario (las mismas que en el año anterior).
Por lo que respecta al personal empleado a dedicación plena (EDP) en tales actividades, éste ha aumentado de 10.820,1 a 10.953,6 personas, las cuales representan el 1,2 % del conjunto del empleo (EDP) del sector empresa (sin centros tecnológicos de la RVCT), ratio que se mantiene estable respecto a 2018. Desagregando por grandes ramas, se tiene que, del conjunto del empleo de la industria, se dedica a actividades de I D un 2,5 % (2,6 % en el año anterior). La ratio en el sector servicios crece del 0,8 % al 0,9 y en la construcción se mantiene en el 0,3 %.
El gasto total de las empresas en estas actividades también ha aumentado entre 2018 y 2019, concretamente un 2,9 %, llegando a los 878.518 miles de euros.
En este contexto, es destacable el elevado tamaño medio de las empresas vascas que hacen I D, que se sitúa en 77 personas empleadas, cifra muy superior al tamaño medio del conjunto de las empresas vascas, que es de 6 personas empleadas.
Acerca de las actividades de innovación de las empresas, en la CAPV en 2019, según datos de EUSTAT, son innovadoras el 30,8 % de las empresas de 10 y más empleos, 0,7 puntos porcentuales más que en 2018. Desde un punto de vista sectorial, son innovadoras el 46,1 % de las empresas industriales de 10 y más empleos, el 26,5 % de las de servicios y el 22,3 % de las de construcción. 25,2 %
Según datos del INE, en la CAPV son innovadoras el 25,2 % de las empresas de 10 o más empleos, ratio superior a la media estatal situada en el 20,8 %. En el ranking de CCAA, la CAPV se sitúa la primera y a continuación van Aragón (24,9 %) y Cataluña (24,2 %).
Según datos de EUSTAT, su gasto en actividades innovadoras asciende a 2.894,7 M€ ( 2,4 %), lo que supone el 3,6 % del PIB. La mayor parte de ese gasto corresponde a la I D interna. Por sectores y entre las empresas de 10 y más empleos el gasto se concentra como sigue: en la industria, material de transporte con el 12,9 % del gasto, metalurgia y artículos metálicos con un 6,5 %; productos informáticos y electrónicos; material y equipo eléctrico (6,1 %) y maquinaria y equipo (5,7 %). En el sector servicios: I D, consultorías y otras actividades profesionales y técnicas con el 27,5 % del gasto, educación con un 9 %, actividades sanitarias con un 6,9 % y telecomunicaciones, informática y medios de comunicación con un 6 %.
Un 61,4 % de las de 10 o más empleos considera que existen determinados factores que dificultan la innovación. Entre estos factores figuran: “existen otras prioridades dentro de su empresa”, “costes demasiado elevados”, hay “demasiada competencia en el mercado”, “dificultades para obtener ayudas o subvenciones públicas” y “falta de financiación dentro de la empresa” y “falta de financiación de fuentes exteriores privadas”.
El “Panel de Indicadores de Innovación europeo (EIS), 2020” muestra que la CAPV vuelve a ubicarse dentro del grupo de “países con alta innovación”. Registra, en concreto, un valor del indicador sintético de 0,50, por encima del Estado (0,43), y una centésima por debajo de la UE27 (0,51).
Sin embargo, en la dimensión “Activos intelectuales” del IUS que captura las diferentes formas de derechos de propiedad intelectual generados como rendimientos en los procesos de innovación, el indicador es 0,29 por debajo de la media de la UE27 (0,50) e incluso de la del Estado (0,37).
Como venimos apuntando, el análisis en perspectiva histórica muestra que mientras la CAPV ha venido realizando una inversión en actividades I D nada desdeñable, parece tener dificultades a la hora de trasladar a resultados tal inversión ya que los indicadores de activos intelectuales se han venido manteniendo bajos, lo que revela una menor eficiencia o productividad.
En este sentido, debemos mencionar que el nuevo PCTI Euskadi 2030 se plantea cuatro objetivos operativos y que entre los mismos se tiene precisamente “maximizar la orientación de la I D i vasca a resultados”. El resto de los objetivos son: impulsar la actividad de I D e innovación en las empresas, especialmente en las pymes; potenciar la internacionalización de la I D i vasca; y promover el talento investigador, especialmente entre las mujeres.
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En relación con las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, tenemos que mencionar que la “Encuesta sobre la Sociedad de la Información-ESI Empresas” de EUSTAT, utiliza nueve indicadores para analizar la transformación digital de las empresas (industria 4.0). En 2020, el porcentaje de establecimientos de 10 o más empleos que hacen uso de las redes sociales para fines empresariales alcanza el 68,3 %, siendo el indicador más representativo. Después figuran el cloud computing con el 44 % y el uso de servicios móviles con el 42,4% y las actividades de ciber-seguridad, utilizadas por el 41,9 % de los establecimientos. Posteriormente, encontramos el análisis big data que es usado por el 22,2 % de los establecimientos, el uso del IoT con el 19,5 % y la robótica con el 11,7 %. Más alejados se tienen el uso de impresoras 3D con el 8,8 % y el uso de sistemas de inteligencia artificial con el 6 %.
Conviene tener presente la ratio del cloud-computing, en la medida que este tipo de servicios posibilita el acceso a información o servicios de una empresa, mediante una conexión a internet desde cualquier dispositivo ubicado en cualquier lugar.
Por otra parte, el 91,7 % de las empresas de 10 o más empleados dispone de alguna medida de seguridad informática, 3,8 puntos porcentuales más que el año anterior. Entre estas medidas destacan, por encima del 50 %, el tener software actualizado (78,9 %), la contraseña segura (77,2 %) y los backups externos (57,8 %).
Pasamos ahora a comparar la situación de la CAPV en relación con la del Estado en la materia que nos ocupa haciendo uso de los datos de la “Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas”, publicados por el INE y relativos al primer trimestre de 2020. La CAPV tiene ratios superiores a la media estatal en empresas que utilizan especialistas TIC, empresas que compran soluciones de computación en la nube (cloud computing), y empresas con impresión 3D. Sin embargo, la ratio de empresas que analizaron grandes fuentes de datos (Big Data) y la de empresas que utilizaron dispositivos interconectados que puedan ser monitorizados o controlados remotamente a través de Internet (IoT) se sitúan por debajo de la media estatal.
En relación con teletrabajo, según EUSTAT, un 5,4 % del personal empleado (3,9 % en 2019) trabajaba fuera de los locales de la empresa al menos un tercio de su jornada laboral de manera regular, utilizando para ello redes telemáticas para conectarse con los sistemas TIC. La incidencia del teletrabajo según sector de actividad pone de manifiesto el menor impacto que éste tiene en la industria (2,6 % en 2020 y 2,2 % en 2019).
Por lo que respecta a las transacciones electrónicas, según datos de EUSTAT, en el primer trimestre de 2020, el 45,2 % de la población vasca de 15 y más años ha comprado bienes y servicios por Internet, 4,1 puntos porcentuales más que en 2019. Sobre la población usuaria de internet, representa el 54,8 %. Distinguiendo según sexo, las mujeres usuarias de internet compran más material deportivo y ropa ( 6,1 puntos porcentuales), bienes para el hogar ( 5,7) y servicios para viajes -billetes de transporte público, alquiler de coche ( 4,4 puntos) que los hombres. Los hombres, por su parte, adquieren más equipamiento electrónico ( 17,9 puntos), equipamiento informático ( 13,1 puntos) y juegos de ordenador o de videoconsolas y sus actualizaciones ( 7,2 puntos) que las mujeres.
Según datos de EUSTAT y EUROSTAT, el porcentaje de empresas de 10 o más empleos (sin sector financiero) que compraron o vendieron on line (al menos el 1 % del presupuesto) es mayor en la UE27 y en la eurozona que en la CAPV.
Según EUSTAT, el porcentaje de empresas de 10 o más empleos que efectúan compras electrónicas supone el 28,3 %, y el que realiza ventas el 13,8 %, en 2019. Por su parte, según datos de EUROSTAT, el porcentaje de empresas de 10 o más empleos (sin sector financiero) que vendieron on line (al menos el 1 % del presupuesto) asciende al 17 % en la UE27 y al 18 % en la eurozona. Y el porcentaje de empresas que compraron on line (al menos el 1 % de los pedidos) es 45 % en la UE27 y 46 % en la eurozona.
Pasamos ahora a estudiar la utilización de la Administración Electrónica.
Recordamos que tras la entrada en vigor (tras las sucesivas demoras) del art. 14 de la Ley 39/2015 las empresas tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
Según EUSTAT, en el conjunto del tejido empresarial (incluyendo las empresas que no disponen de conexión a internet), el porcentaje de empresas que realiza trámites electrónicos con la Administración Pública alcanza, en el año 2020, el 93,5 % del total de empresas y 96,7 % en las empresas de 10 o más empleos.
Esta tramitación puede ser llevada a cabo de forma directa, a través de terceros (asesorías…) o por ambos procedimientos. Los datos muestran que las empresas de 10 o más empleados, al disponer de más medios debido a su mayor tamaño, realizan trámites en mayor medida de forma directa.
Respecto a qué tipo de trámite realizan las empresas con la Administración, destaca para el conjunto de los establecimientos: declarar el IVA (79,4 % del total), obtener información (68,2 %), obtener impresos y formularios (64,7 %), declarar cotizaciones sociales de los/las empleados/as (64,6 %), declarar el impuesto de sociedades (61 %) y devolver impuestos y formularios cumplimentados (56,8 %). Circunscribiéndonos a los establecimientos de 10 o más empleos destaca: obtener información (88,2 % de los establecimientos de ese tamaño), obtener impresos y formularios (83,9 %), devolver impresos y formularios cumplimentados (79,8 %), declarar cotizaciones sociales de los/las empleados/as (79,7 %) y declarar el IVA (77,9 %).
En cuanto a con qué Administración realizan estos trámites de forma electrónica las empresas vascas destacan las Diputaciones Forales (86,6 %) y la Administración Central (71,8 %), influyendo en estos porcentajes las competencias que tienen sobre los principales impuestos. A continuación, figura el Gobierno Vasco (51,3 %) seguido de las entidades locales (27,9 %) y de la Unión Europea y otros (10,4 %). Estos porcentajes, de nuevo, son más elevados si se tienen en cuenta sólo las empresas de 10 o más empleados. En este tamaño destacan en primer lugar, las Diputaciones Forales con quien interactúa electrónicamente el 86,7 % de las empresas de este tamaño. A continuación, figuran la Administración Central con el 85,9 %, el Gobierno Vasco 76,4 %, las entidades locales 47 % y por último, la UE y otros (21,8 %).
III. EMPLEO Y RELACIONES LABORALES
En este capítulo se ha ofrecido un seguimiento de la evolución anual de las distintas vertientes del empleo (ocupación, desempleo, entradas y salidas del mercado de trabajo, salarios, salud laboral, políticas activas y pasivas…), así como sobre las relaciones laborales en la CAPV, entre otras variables de interés. Sin duda, el impacto del COVID-19 en este ámbito, como en otros muchos, ha sido de tal magnitud en 2020, que la ruptura de las series temporales que esta Memoria viene analizando desde hace años es continua y a menudo sin una explicación clara, tanto por la ausencia de una perspectiva temporal suficiente como por la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia.
En primer lugar, los datos de la “Encuesta de Población en relación con la Actividad” (PRA) de EUSTAT revelan que la población activa de la CAPV suma, al finalizar 2020, un total de 1.053.200 personas, de las cuales el 52,1 % son hombres (548.800) y el 47,9 % mujeres (504.400). Desde 2012 y hasta 2017 la población activa se fue reduciendo con distintas intensidades. 2018 presentó de nuevo un aumento del 0,9 % y 2019, por último, un incremento del 0,4 % (datos revisados). El año 2020 presenta una leve pérdida de la población activa de 500 efectivos (con una tasa del 0 %) y evoluciona diferente según el sexo: las mujeres caen el 0,2 % (-1.000 en términos absolutos), mientras que los hombres crecen un 0,1 % o, lo que es lo mismo, 400 efectivos. La tasa de actividad general de la CAPV es al finalizar 2020 del 56,3 % (3 décimas menos que en 2019), siendo la de las mujeres del 51,9 % (-4 décimas respecto de 2019), mientras que en la población masculina cae hasta el 61,1 % (-2 décimas).
Asimismo, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la ocupación ha disminuido en Euskadi un 2 % (-19.400 empleos) ( 1,5 % en 2019, datos revisados), cayendo las mujeres ocupadas en -4.400 (el 22,7 % de la pérdida) y los hombres -15.000 (el 77,3 %). No obstante, estas cifras están condicionadas por la utilización masiva de algunos recursos como los ERTE, que alteran la actividad pero no necesariamente la condición de la población en relación a la misma.
La caída del empleo se ha producido fundamentalmente en el sector servicios, que pierde 15.600 empleos (-2,3 %), el 80,4 % de la pérdida total. Los demás sectores, salvo la construcción, que mantiene un crecimiento cero, presentan evoluciones igualmente negativas, pero de menor entidad. La industria, que ya había perdido 2.100 puestos de trabajo en 2019 (-1 %), pierde 3.300 en 2020, con una tasa del -1,6 %, como agregado del dato negativo en el empleo masculino (-2,7 %) y positivo en el femenino ( 2,3 %), teniendo en cuenta que, aún en 2020, el 77,5 % del empleo en la industria es masculino.
Otros aspectos del mercado laboral vasco en 2020 a considerar son la caída del porcentaje de personas ocupadas a tiempo parcial, que se reduce 1,7 puntos hasta el 15,8 %, así como de la temporalidad, que se reduce 1,4 puntos, del 24 % al 22,6 % de las personas asalariadas, y ello únicamente en el sector privado (-2,1 puntos), ya que en el público ha seguido creciendo ( 1,1).
Por su parte el número medio de personas cotizantes a la Seguridad Social (personas afiliadas en alta) en Euskadi en diciembre de 2020 asciende a 959.132, de las cuales el 48 % son mujeres (2 décimas más que en diciembre de 2019) y el 52 % hombres. Esta cifra se ha reducido un 2,2 % respecto del mismo mes del año anterior (-1,9 % de media en el Estado), con una pérdida de 21.460 personas afiliadas en alta, tras 6 años de evoluciones positivas.
Por grandes sectores de actividad, el primario se reduce un 0,5 % y mantienen su peso sobre el total en el 1,2 %. La industria, por su parte, cae un 3,5 %, por encima del promedio de -2,2 %, y reduce hasta el 18,5 % su peso sobre la afiliación (-2 décimas). La construcción se reduce menos que la media, un 0,8 %, y representa el 5,9 % de la afiliación ( 1 décima). El sector servicios, por último, se comporta algo mejor que el promedio y cae un 2 %, y aumenta su peso hasta el 74,5 % de la afiliación en alta ( 2 décimas).
Por ramas productivas, evolucionan de manera especialmente negativa las Artísticas, recreativas y de entretenimiento (-10,8 %, pierde 1.891 personas afiliadas) y la Hostelería (-10,4 %), que pierde más de 7.000 personas afiliadas (de hecho, representa el 33 % de la caída total de la afiliación). Después, también son significativas las caídas en la afiliación en las ramas de Hogares como empleadores de personas (-6,1 %) y la Industria manufacturera (-3,8 %). Esta reducción es especialmente relevante dado el peso de esta actividad en nuestro sistema productivo (pierde 6.569 afiliaciones en alta, el 30,6 % de la caída total, y su peso sobre el total es del 17,6 %). En sentido contrario, Suministro de energía, Actividades sanitarias y de servicios sociales e Información y comunicaciones incrementan afiliación, con tasas del 5, 2,8 y 2,3 %, respectivamente, respecto de diciembre de 2019.
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La contratación también ha caído notablemente en Euskadi en 2020 (-30,2 %), rompiendo la evolución positiva del período 2014-2019, año este último en el que el crecimiento fue de un escaso 0,7 %. Todas las actividades evolucionan en negativo, con la excepción de las Industrias extractivas ( 0,9 %), si bien su peso sobre el total es mínimo. Debido al importante impacto que el COVID-19 ha tenido en toda la actividad, pero notablemente mayor en algunas de ellas, es especialmente grave la caída en la contratación en la Hostelería (-61,2 %), dado que su peso sobre el total es, aún después de la caída, del 9,4 %. En segundo lugar, las Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento ven caer sus contrataciones un 53,7 %, si bien su peso es bastante menor (3 % de los contratos. Con todo, las actividades que más se han contratado en 2020 son: Industria manufacturera (14,8 % de los contratos, se reducen un notable 27,8 %), Actividades sanitarias y de servicios sociales (14,7 % de los contratos, reduciéndose un 11,6 %), Comercio (13,2 % del total, caen un 13,8 %) y Actividades administrativas, entre las que están incluidas las ETT (11,1 % de la contratación, se reducen un 28,2 %). Se detectan, como en años anteriores, diferencias por sexo, ya que la Industria manufacturera comprende el 22,1 % de los contratos firmados por hombres (una décima más que en 2019), mientras que entre las mujeres las secciones de actividad con mayor peso son las Actividades sanitarias y el Comercio (entre ambas comprenden el 39,2 % de los contratos).
En cuanto al número de personas contratadas en 2020, estas suman 245.475 (-21 % respecto de 2019). Por grupos de edad, a partir de los datos de LANBIDE se conoce que la mayor parte, tanto hombres como mujeres, corresponden a la franja de entre 35 y 54 años (el 44,4 %), distribuidas entre las edades de 35 a 44 (24,5 % del total) y de 45 a 54, con el 19,9 %. Entre 25 y 34 años también firma un contrato un significativo 28,3 %, mientras que las personas menores de 25 años representan el 18,5 %, ratio menor que el 20,1 % de 2019, pero aún muy superior a su peso en la población activa, que es del 5 % (dato medio de 2020). Acerca de la evolución respecto de 2019, con un comportamiento bastante similar en ambos sexos, los grupos de edad que caen menos (ya todos ellos tienen evoluciones negativas) son los mayores, a partir de 45 años (-18,1 % de 45 a 54 años y -14,5 % los mayores de 54 años), mientras que las personas menores de 25 años son las que ven caer las contrataciones en mayor proporción (-27 %).
En cuanto a la distribución de las personas contratadas según nivel de estudios, el 44,2 % cuenta con estudios obligatorios o inferiores, proporción mayor entre los hombres (48 % de los contratados) y algo menor entre las mujeres (40,1 %). En segundo lugar, el 20,2 % de los contratos corresponden a personas con estudios de Bachiller. Después, el 15,8 % corresponde a personas con estudios profesionales (proporción similar en ambos sexos) y el 19 % con estudios universitarios. Acerca de la evolución respecto de 2019, todos los niveles de estudios caen; el que lo hace en mayor medida es el de Bachiller (-24,7 %) y los estudios universitarios son los que lo hacen en menor proporción (-15,8 %).
En relación con el tipo de jornada, se produce una evolución negativa para todos los tipos y en ambos sexos. Los contratos a tiempo parcial suman en la CAPV 268.907 (-33,7 % respecto de 2019), el 38,2 % del total (-2 puntos porcentuales respecto de 2019). Los contratos a tiempo completo, por su parte, ascienden a 432.020, un 27,8 % menos que el año anterior (y son el 61,4 % del total). El restante 0,4 % corresponde a 2.428 contratos de jornada fija discontinua. Por sexo, el peso de la contratación a tiempo parcial es muy distinto, pues representa más de la mitad de los contratos firmados por mujeres (51,2 % en 2020, 2,3 puntos menos que en 2019), frente al 25,6 % de los contratos firmados por hombres (-1,4 puntos). Así, el 66,1 % de los contratos a tiempo parcial fueron firmados en 2020 por mujeres (66,6 % en 2019).
En cuanto a su duración, la gran mayoría de contratos firmados siguen siendo de carácter temporal (el 91,5 % de total), sumando 643.907, un 30,3 % menos que en 2019, mientras que se firmaron 59.448 de carácter indefinido, un 29,2 % menos que en el año anterior, lo que supone el 8,5 % del total (2 décimas más que en 2019, y 4 menos que en 2018, año en el que se había dado la ratio más elevada desde 2008).
Además, una gran parte de las personas contratadas lo ha sido varias veces durante el año. La rotación, que había crecido en 2019 tanto entre los hombres como entre las mujeres, se reduce en 2020 de manera notable, y en ambos sexos, debido al desplome de la contratación, que cae casi 10 puntos más que lo que se reduce el número de personas contratadas (los contratos se reducen, como se ha visto, el 30,2 % y las personas contratadas el 21 %, con datos facilitados por el SEPE): La ratio total asciende a 2,87 contratos por persona contratada (-38 centésimas). En cuanto a la duración media de los contratos temporales, esta es en 2020 de 48 días (4 más que en 2019), y 5 días menos que en el conjunto del Estado, donde se incrementa 4 también en el último año.
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Como resultado de la evolución del mercado de trabajo en la CAPV durante 2020, la tasa general de desempleo de la PRA alcanza al final del año (IV trimestre) el 11,4 % (1,8 puntos más que un año atrás), superando la media comunitaria (7,4 % en la UE, 8,2 % para la zona euro). En la Unión Europea, el abanico de valores que adopta el desempleo es muy amplio, yendo desde cifras elevadas como las de Grecia (16,4 %) y España (16,3 %), a ratios en torno al 3-4 %, como las que se registran en la República Checa, Hungría y Países Bajos. Portugal, Finlandia y Estonia tienen tasas de paro cercanas a la media comunitaria (7,4 % en el cuarto trimestre); Estados Unidos terminó 2020 con una tasa de paro del 6,7 %, Japón con un 2,9 %, por citar otros países de referencia.
En 2020, tras seis años consecutivos de caída, crece el número de personas paradas. En concreto, se estima que 2020 finalizó con 119.600 personas en desempleo, un 18,7 % más que un año atrás ( 18.800 personas, de las cuales el 81,9 % son hombres y el 18,1 % mujeres). El paro se incrementa un 31,5 % entre los hombres y apenas un 6,6 % entre las mujeres. Como resultado, al finalizar el año las tasas de paro por sexo difieren en 7 décimas, pues son del 11,7 % para los hombres y 11 % para las mujeres. Por edades, el número de parados/as se incrementa especialmente en el grupo más joven ( 32,7 %, lo que supone 3.300 efectivos), un 19,5 % entre 25 y 44 años ( 10.100) y también, aunque en menor medida, entre las personas mayores de 45 ( 13,8 %, 5.400 personas). Como consecuencia, la tasa de paro juvenil aumenta en mayor proporción, alcanzando el 24,2 %.
Asimismo, al finalizar 2020 el paro registrado por LANBIDE-Servicio Público de Empleo Vasco se sitúa en cifras cercanas a las estimadas por la PRA, tras los recientes cambios metodológicos introducidos en esta operación estadística. En diciembre de este año se contabilizan 129.240 personas paradas registradas en LANBIDE, 15.078 más que en 2019 ( 13,2 %), frente las 119.600 que calcula la Encuesta de Población con Relación a la Actividad de EUSTAT en el cuarto trimestre del año. El incremento del promedio del Estado es del 22,9 %, y el paro afecta, al finalizar 2020, a 3,8 millones de personas.
Se trata del primer año con crecimiento del paro registrado tras siete de saldos negativos y, además, el desempleo aumenta en ambos sexos: crece especialmente entre los hombres ( 15,5 %), y algo menos entre las mujeres ( 11,7 %), ellos por encima del promedio del 13,2 %. Como consecuencia de esta evolución, el 54,4 % de las personas paradas son mujeres (8 décimas menos que en 2019).
Por edades, el paro se incrementa en todos los grupos, con la salvedad de una caída mínima para las mujeres de 45 y más años. Crece con mayor intensidad entre las personas menores de 25 años ( 35,9 %), sobre todo entre los hombres ( 37,7 % frente al 33,9 % de las mujeres de este grupo), aunque debe tenerse en cuenta que este aumento, dado el reducido tamaño del colectivo, supone un incremento de 2.829 personas (el 18,8 % del incremento total), 1.569 de ellas hombres, y la mayor parte entre 20 y 24 años. El siguiente grupo de edad, de entre 25 y 44 años, ve crecer el número de personas paradas también en mayor medida que la media ( 20,1 %), debido fundamentalmente al paro femenino ( 23,6 %), mientras que el masculino se incrementa un 15,6 %. Las personas mayores de 44 años, por último, ven aumentar el paro menos que el promedio ( 4,4 %), debido a la evolución del paro masculino ( 11,1 %), pues ya se ha comentado que el femenino se reduce un 0,9 %.
Por nivel de estudios, el paro se incrementa respecto de diciembre de 2019 (al contrario de lo ocurrido en los cuatro años anteriores), en todos los niveles. Los aumentos más importantes, por encima del promedio, se dan entre las personas sin estudios ( 25,7 %) y en aquellas con estudios profesionales, tanto generales ( 14,4 %) como superiores ( 21,4 %). También por encima del promedio del 13,2 % se incrementa el paro para los estudios postsecundarios de segundo y tercer grado ( 18,4 %), mientras que las personas que cuentan con estudios primarios, secundarios de educación general y superiores de primer ciclo ven crecer el paro menos que el promedio ( 8,3, 9,7 y 9 % respectivamente). Se observa, asimismo, que casi 7 de cada 10 personas desempleadas (el 67,9 %) pueden considerarse con baja cualificación (con estudios primarios o secundarios de educación general). Aunque no se dispone de esta información, sería de interés conocer el cruce de las cifras de paro registrado según nivel de estudios con las de tiempo en desempleo.
Si tenemos en cuenta el tiempo que se lleva en desempleo, en 2020 se reduce el número de personas que llevan paradas menos de 6 meses (-6,1 %), tanto entre las mujeres como entre los hombres (-6,3 % ellas y -5,9 % ellos), y aumentan especialmente aquellas que llevan en paro de 6 meses a un año ( 40,1 % en total, 53,7 % ellos y algo menos ellas, 28,9 %). El paro de larga duración, aquel que dura más de un año, crece también en ambos sexos y de manera notable, por encima del promedio ( 20,8 % en total, 24,5 % para los hombres y 18,5 % para las mujeres). De este modo, el porcentaje de personas paradas de larga duración respecto del total aumenta en diciembre de 2020 hasta el 50,7 % (45,1 % en el conjunto del Estado), 3,2 puntos más que en diciembre de 2019. Esta ratio es del 44,8 % entre los hombres ( 3,4 puntos) y del 55,7 % entre las mujeres ( 3,2).
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En relación con los despidos y expedientes de regulación de empleo, este año el protagonismo absoluto lo han tenido los ERTE, expedientes de regulación de empleo de suspensión y de reducción. El masivo acceso a esta medida por parte de las empresas ha permitido evitar que una situación coyuntural como la actual pandemia tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo, priorizando el mantenimiento del empleo sobre la extinción de contratos.
El Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco contabiliza 30.558 Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en 2020, afectando a 208.795 personas trabajadoras, el 56,2 % de ellas hombres. Por tipo de expediente, el 86,9 % de las personas trabajadoras afectadas lo son por expedientes de suspensión temporal, el 12,1 % de reducción de jornada y el restante 1 % por ERE de extinción. Estos últimos, los ERE de extinción o despidos colectivos, afectan, por tanto, a 1.921 personas trabajadoras. En consecuencia, los ERTE, expedientes de suspensión temporal o de reducción de jornada, afectaron en 2020 a 206.874 personas trabajadoras (el 99 % del colectivo afectado por los ERE), frente a las 2.152 de 2019.
El Real Decreto-ley 8/2020 introdujo especialidades respecto del régimen de los ERTE recogido en el Estatuto de los Trabajadores, configurando, entre otros aspectos, un procedimiento más ágil y rápido que el del régimen general. Además, la Tesorería General de la Seguridad Social exoneró a las empresas del abono de la cuota empresarial, así como de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, en su totalidad o en un 75 %, según si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y trabajadoras o más, siempre que se comprometa a mantener el empleo. Esta norma reforzó, asimismo, la cobertura a las personas trabajadoras afectadas, que reciben el reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo aun y cuando carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario para ello. Además, el tiempo en que se perciba esta prestación no computa a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos.
Las estadísticas de la Seguridad Social permiten hacer un seguimiento de las cifras de personas trabajadoras que cada mes han estado en ERTE. Sus boletines mensuales de afiliación comienzan a recoger estos datos en abril, mes en el que se registran, en la CAPV, un total de 152.872 personas trabajadoras afectadas, de las cuales el 90,3 % lo eran por expedientes de fuerza mayor, y que se repartían prácticamente al 50 % entre hombres y mujeres. Se trata de la cifra máxima en la serie mensual, que fue, desde entonces, cayendo mes a mes hasta octubre, cuando se contabilizan 22.749 personas afectadas por ERTE. El mes de noviembre volvió a registrar un aumento en el número de personas trabajadoras en ERE, hasta alcanzar en diciembre las 39.183 (46,7 % hombres y 53,3 % mujeres). Por territorios, el 14,1 % corresponde a Álava, el 37,5 % a Gipuzkoa y el restante 48,4 % de las personas afectadas son de Bizkaia. El peso de la fuerza mayor, a diferencia de los primeros meses, apenas alcanza el 18,8 % de las personas trabajadoras.
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En esta situación del mercado de trabajo, las políticas de empleo, que comprenden las políticas activas, dirigidas a que las personas desempleadas logren un empleo y las que lo tienen lo mantengan, y las políticas pasivas, destinadas a la protección económica de las personas desempleadas, cobran una especial relevancia.
En primer lugar, las Estrategias de Empleo y los Planes que las desarrollan constituyen las principales herramientas de las políticas activas de empleo (PAE) implementadas por el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, orientadas a promover la inserción laboral, incrementar los niveles de empleabilidad y potenciar la estabilidad y la calidad en el empleo en Euskadi.
El “Informe de seguimiento 2019” del Plan de Empleo 2017-2020 recuerda que este Plan estimó un impacto global en el mercado de trabajo que se concretaba en la incentivación de 58.000 empleos, la creación de 6.000 nuevas empresas y en facilitar una oportunidad laboral a 20.000 personas jóvenes. Las actuaciones desarrolladas en 2019 se han concretado, en primer lugar, en la incentivación de 23.775 empleos y en la creación de 2.086 empresas. Estos resultados, unidos a los alcanzados en 2017 y 2018 (34.143 empleos incentivados y 3.527 empresas creadas) suponen una contribución a la incentivación de cerca del 100 % (57.918) de los empleos y a la creación del 94 % (5.613) de las nuevas empresas previstas para la totalidad del periodo 2017-2020. Extrapolando estos resultados al total del período de vigencia del Plan, esto supondría cumplir por encima de lo previsto ambos objetivos en 2020.
Por otra parte, LANBIDE, el Servicio Vasco de Empleo, tiene atribuido un papel fundamental en el desarrollo de las políticas activas de empleo de la CAPV y en la implementación del Plan, ya que sus funciones son la activación laboral, con programas de fomento de empleo, intermediación, orientación, etc., y la formación para el empleo, tanto de personas ocupadas como desempleadas.
A partir de sus liquidaciones presupuestarias (obligaciones reconocidas), se conoce que LANBIDE tuvo en 2020 un gasto de 850,5 millones de euros, un 2,8 % más que en 2019, de los cuales 476,7 millones, el 56 % del total, se destinaron al Programa de Inclusión Social (un 5,6 % más que en 2019), 244,4 millones de euros (el 28,7 % del total) al Programa de Empleo (un 0,7 % menos que en 2019) y 85,8 millones (el 10,1 % del gasto) al Programa de Formación (-18,5 % respecto de 2019). Asimismo, LANBIDE dispuso en 2020 de una partida extraordinaria de 21,2 millones de euros destinada a medidas contra la crisis provocada por el COVID-19 y, en concreto, a diversas ayudas a las empresas (17,9 millones de euros) y a las familias (2 millones). Aunque suponga una simplificación considerar el gasto en políticas activas de empleo la suma de los programas de formación y de empleo dada su intrínseca relación con los programas de inclusión social, se puede estimar un gasto en políticas activas de empleo ejecutado por LANBIDE en 2020 de 330,2 millones de euros, un 6 % menos que en 2019, frente al incremento del 16,4 % que se había dado entre 2018 y 2019.
Por otra parte, la formación continua dirigida a las personas trabajadoras también forma parte de las políticas activas de empleo. En la CAPV, y como resultado de la normativa y del reparto competencial vigentes, estas actividades se gestionan a través de la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua (HOBETUZ) y de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), de ámbito estatal.
En primer lugar, HOBETUZ gestionó en 2018 (convocatoria bienal), un total de 248 expedientes, permitiendo la formación de 10.392 trabajadores y trabajadoras (-60,7 % respecto de 2017) que han participado en 14.433 acciones formativas (puesto que una misma persona puede realizar más de una formación en el año), para lo cual se concedieron subvenciones por importe de 2,21 millones de euros (-83,1 %). Respecto al avance de resultados de la convocatoria para 2019, se han aprobado un total de 238 expedientes, concediéndose subvenciones por valor de 3,2 millones de euros. A fecha de elaboración de esta Memoria no se dispone de los datos de la liquidación final de este ejercicio dado que, debido a la situación de alarma sanitaria por el COVID-19, entre las medidas excepcionales adoptadas en el ámbito de la formación profesional para el empleo, se amplió el plazo para la finalización de las acciones formativas hasta el 30 de junio de 2021. Por otra parte, HOBETUZ se encuentra en proceso de liquidación y con fecha 1 de enero de 2020 sus funciones fueron asumidas por LANBIDE.
Y, en relación con las acciones promovidas por FUNDAE, en 2019 (último dato disponible), 148.690 personas trabajadoras de la CAPV tomaron parte en 232.382 acciones formativas (dado que una misma persona puede realizar más de una formación en el año), un 3,8 % más que en el año precedente, gracias a la intervención de 15.915 empresas formadoras (-4,6 % sobre 2018), que emplearon 29,8 millones de euros de los fondos disponibles para formación en el empleo ( 4,9 %), habiéndose bonificado por ello en sus cuotas a la Seguridad Social.
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Acerca de las políticas pasivas de empleo, el gasto total destinado a prestaciones por desempleo en la CAPV asciende en 2020, según datos provisionales, a 1.222,5 millones de euros, un 86,6 % más que en 2019. Este importe, que supone el 1,70 % del PIB de la CAPV (0,82 % en el año precedente), representa el 3,44 % del gasto total en desempleo del conjunto del Estado, donde se superan los 35.500 millones de euros ( 92,6 % respecto de 2019).
Este último año, en los meses de abril y mayo se producen incrementos interanuales del número de personas perceptoras de prestaciones por desempleo superiores al 200 % como consecuencia de la pandemia, el confinamiento y los efectos ya sabidos en el mercado de trabajo. El máximo de personas perceptoras se produce en abril, superando las 175.000 personas perceptoras. Desde entonces, con la salvedad de un pequeño repunte en noviembre, el dato mensual va cayendo, terminando 2020 con 63.665 personas perceptoras, un 24,2 % más que en diciembre de 2019.
De las 63.665 personas perceptoras de diciembre, el 60,4 % lo eran de prestaciones contributivas (38.481 personas), el 35,3 % de subsidios (22.458) y el 4,3 % restante recibía la Renta Activa de Inserción (2.726). En el Estado, en ese mismo mes se registran 2,3 millones de personas beneficiarias ( 17,1 % sobre diciembre de 2019). Y, teniendo en cuenta las cifras del total del paro registrado, podría decirse que en diciembre de 2020 (con 129.240 personas paradas registradas), de cada 100 parados y paradas de la CAPV, 51 no recibían prestación alguna (55 en 2019) y, de las 49 que sí lo hacían, 30 percibían una prestación contributiva, 17 el subsidio y 2 la Renta Activa de Inserción.
Con estas cifras, la cobertura media en el Estado era del 63,3 % (2 puntos porcentuales menos que en diciembre de 2019), siendo inferior a ésta el dato de la CAPV (el 56 % de las personas paradas registradas en ese mes que habían trabajado con anterioridad, según la metodología del Ministerio de Trabajo y Economía Social). Esta cobertura se ha incrementado 5 puntos en el último año. A pesar de esta evolución favorable, la CAPV mantiene una de las tasas de cobertura del desempleo más bajas de todas las Comunidades Autónomas, con la excepción de Ceuta y Melilla, Navarra y La Rioja, y con el mismo dato que Madrid.
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Asimismo, se presentan las cifras de aquellas políticas de empleo dirigidas a personas que, bien por sus circunstancias sociales y económicas (situación o riesgo de exclusión social) bien por padecer algún tipo de discapacidad, tienen especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo en condiciones de igualdad. Su objetivo principal es asegurar un empleo remunerado y las prestaciones de servicios de ajuste personal y social que requieran estas personas, a la vez que pretenden ser un medio para la integración al régimen de trabajo normal. Todo ello asumiendo que el empleo es, precisamente, la principal vía de integración social de las personas.
En primer lugar, se destaca que en diciembre de 2019, en la CAPV un total de 9.876 personas con discapacidad (el 64,8 % de las cuales eran hombres y el 35,2 % mujeres) desempeñaban su actividad laboral integradas en las plantillas de 76 CEE. Si bien la distribución por sexo apenas ha variado, este colectivo ha crecido en 104 personas ( 1,1 %) respecto de diciembre de 2018. Y, en relación con las ayudas al mantenimiento de estos centros, el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco destinó en 2019 un total 55,66 millones de euros ( 32,6 % respecto de 2018). Además, en 2018 LANBIDE destinó 4,2 millones de euros (-7,1 % respecto de 2018) para el apoyo de 4.573 trabajadores y trabajadoras con discapacidad ( 0,6 %) en 36 CEE de la CAPV, gracias al trabajo de 500 especialistas en unidades de apoyo a la actividad profesional en CEE.
En segundo lugar, el Gobierno Vasco fomenta la extensión de la inserción sociolaboral a través de empresas de inserción, en la que la incorporación de una persona, bien como trabajador/a por cuenta ajena, bien como socio/a trabajador/a o socio/a de trabajo, se instrumenta mediante un contrato, de trabajo en el primer caso y societario en el segundo, que deriva de la previa suscripción de un convenio de inserción. Desde 2003 y hasta 2019, el Gobierno Vasco ha distribuido a través de esta línea de ayudas unos 126 millones de euros, con una media de 37 entidades beneficiarias cada año y más de 4.000 personas trabajadoras de inserción beneficiadas. En 2019 se concedieron ayudas a 36 empresas de inserción y el importe de estas ascendió a 10,7 millones. Estas ayudas se concedieron para el apoyo de 254 puestos de inserción y 134 puestos de técnicos de acompañamiento a la producción y a la inserción. Así, a finales de 2019 el total de puestos de inserción (convocatorias anteriores más nuevos y renovados) asciende a 699.
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En relación con los salarios, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, la ganancia media anual por trabajador/a era en 2018 (último dato disponible), en la CAPV, de 28.471€, habiéndose incrementado respecto del año precedente un 0,9 %. Esta cantidad era un 18,6 % superior a la media del Estado en el mismo período, y encabezaba el ranking por Comunidades Autónomas, seguida por Madrid y Navarra. En cuanto a las diferencias salariales por sexo, en 2018 el salario medio de las mujeres era inferior al de los hombres en todas las Comunidades Autónomas, aunque la diferencia varía de unas a otras. La distinta estructura del empleo y la ocupación en cada comunidad es el factor fundamental que explica esta variabilidad. En promedio, el salario de las mujeres era en nuestra Comunidad, el 77,4 % del masculino (brecha del 22,6 %, un punto menos que en 2017).
Y, si se tiene en cuenta la ganancia por hora de trabajo, necesaria para poder estudiar en condiciones de igualdad a las personas trabajadoras con distintas jornadas, la ganancia fue, en 2018, en nuestra CAPV, de 18,87 euros, un 2,1 % más que en 2017 (y un 21,4 % más elevada que el promedio del Estado, que es de 15,54 euros por hora). Por sexo, la ganancia media por hora de las mujeres de la CAPV era en 2018 de 17,57 euros ( 3,1 % respecto de 2017), mientras que para los hombres esta ganancia aumenta hasta los 19,95 euros ( 2 %). Esta brecha por sexo implica que las mujeres cobraron por hora, en Euskadi, un 88,1 % de lo recibieron los hombres o, dicho de otro modo, su ganancia por hora fue un 11,9 % inferior. Esta brecha se ha reducido 9 décimas en el último año.
Por su parte, el “Índice de Precios del Trabajo” del INE (que mide el cambio en el precio de la mano de obra como consecuencia, exclusivamente, de las presiones del mercado laboral, sin que afecten los cambios en la calidad y cantidad de trabajo realizado) revela que entre 2008 y 2018 (último dato disponible), los salarios crecieron en la CAPV un 3,9 %, mientras que en el Estado lo hicieron un 5,3 %. Y, centrándonos en la evolución en el último año disponible, 2018, el IPT aumentó un 4,9 % en la CAPV ( 5,6 % en el Estado).
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OSALAN, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, revela que en 2020 la incidencia de los accidentes de trabajo (accidentes nuevos con baja en jornada laboral, el calculado como el cociente entre el número de accidentes por 1.000 personas trabajadoras y el número de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social con la contingencia de accidentes de trabajo específicamente cubierta) fue en nuestra Comunidad del 29,35 por mil (35,26 por mil en 2019, por lo que se reduce en 5,91 puntos). Fijándonos en cada sector, la mayor incidencia se produce en la construcción (61,58 por mil), que cae 5,45 puntos respecto de 2019. Le siguen el sector primario con un 58,30 por mil (-11,70 respecto de 2019) y la industria, con un 55,64 por mil, y se reduce 13,61 puntos respecto de 2019. Por último, los servicios tienen una incidencia por debajo del promedio, del 20,08 por mil (-3,88 puntos).
Por Comunidades Autónomas, el índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo que calcula el Ministerio de Trabajo y Economía Social revela que el ranking de accidentalidad estaba encabezado en 2020 por Castilla La Mancha, seguida de Navarra. La CAPV, con un índice del 25,9 por mil, ve caer su ratio un 20,4 % (-6,63 puntos porcentuales), y se mantiene, un año más, por encima de la media del Estado, lógico considerando el relativamente elevado peso del sector industrial. En términos porcentuales, la variación del promedio estatal en este año ha sido igualmente negativa, y mayor que en Euskadi: del -21,9 %.
Además, los datos de accidentes laborales por tipo de contrato muestran que la siniestralidad es superior entre las personas con contrato temporal que entre las personas con contrato indefinido. Así lo indican los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social correspondientes al año 2019. En concreto, la siniestralidad entre las personas con contrato indefinido fue de un 32,4 por mil asalariados/as (utilizando las series de empleo de la EPA); mientras que entre las personas con contrato temporal la incidencia fue del 53 por mil. Sería necesario conocer la distribución de los accidentes por sectores, edades y tipos de ocupación, para obtener unas conclusiones definitivas. Pero, en una visión dinámica, es destacable que en 2009 la diferencia en el índice de siniestralidad entre las personas con contrato indefinido y temporal era de 26,4 accidentes por cada 1.000 personas asalariadas y en 2019 se ha reducido a 20,5.
Por gravedad, en el último año se han incrementado las incidencias graves, un 4,3 %, mientras que se reducen las leves (-18,4 %) y, en mayor medida, los accidentes mortales, que disminuyen un 19,2 %. Además, el 74,9 % de las personas accidentadas fueron hombres.
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Según datos provisionales del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) relativos a 2020, el año había comenzado con el 37,3 % de las personas trabajadoras con convenio en vigor, mientras que el 47,4 % tenían un convenio prorrogado pendiente de renovar y el 15,3 % tenía su convenio decaído. La cobertura de la negociación colectiva alcanzaba, pues, al 84,7 % de las personas trabajadoras (3,2 puntos más que un año atrás). En cuanto a la actividad negociadora, a lo largo del año se registraron en Euskadi 193 convenios, un 33,2 % menos que en 2019. Dentro del ámbito de la CAPV el número de acuerdos registrados fue mayor (133 convenios, 3 de sector y 130 de empresa) que en el estatal con incidencia en la CAPV (60 convenios registrados), al tiempo que la población trabajadora cubierta por los primeros fue superior (85.543 personas, frente a 24.105 en los convenios de ámbito estatal).
Como resultado, la situación de la negociación colectiva la situación al finalizar el año es la siguiente: el 55,4 % de las personas trabajadoras tenía un convenio vigente (18,1 % con convenios registrados en el año y un 37,3 % en años anteriores), un 34,8 % lo tenía prorrogado pendiente de renovar y el 9,8 % restante tenía su convenio decaído (resultando una suma, por tanto, del 44,6 % de convenios pendientes). En consecuencia, 2020 concluyó con un grado de cobertura de la negociación colectiva del 90,2 % (5,2 puntos más que en 2019).
Acerca de los contenidos de los acuerdos alcanzados, el incremento salarial medio pactado para 2020 en los convenios vigentes en la CAPV es del 1,69 % (1,89 % en el conjunto del Estado), mientras que se acuerda una reducción media de la jornada de trabajo de 0,66 horas anuales (-1,69 horas en 2019), resultando una jornada media pactada de 1.708 horas anuales. En relación con las medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar, destaca el informe del CRL que sólo el 47,2 % de los convenios en vigor incorporan medidas de este tipo (43,4 % en 2019) la mayor parte de ellas relacionadas con la posibilidad de acumular el derecho de lactancia, así como algunos permisos retribuidos que mejoran lo establecido en la legislación vigente.
Por otra parte, según las cifras de la “Encuesta Trimestral de Costes Laborales” del INE, en 2020 (medias anuales), el número de horas mensuales pactadas entre empresas y personas trabajadoras fue de 146,88, un 0,4 % menos que en 2019. De estas horas 112,43 (-8,8 % respecto de 2019), el 76,5 %, fueron efectivamente trabajadas, ratio que se ha reducido de manera notable en este atípico 2020, debido a la pandemia y sus consecuencias, que no siempre permitió continuar la actividad laboral. En consecuencia, las horas no trabajadas ascienden en 2020 a 34,85 horas por persona trabajadora y mes, un 27,4 % más que en 2019, y el 31 % de las horas efectivamente trabajadas.
Directamente relacionado con estas cifras, recordamos que uno de los fenómenos acaecidos en el mercado de trabajo en 2020 como consecuencia de la pandemia, además de la caída del empleo, ha sido la extensión del teletrabajo, desconociéndose, en este momento, en qué medida ha podido acelerarse su implantación definitiva. De manera muy importante en los primeros meses del año tras la declaración del estado de alarma y el confinamiento y no siempre en condiciones técnicas y organizativas adecuadas, el teletrabajo ha permitido a muchas empresas mantener unos niveles de actividad y empleo que hace poco tiempo no habrían sido factibles.
La EPA del INE revela, en primer lugar, que, en el segundo trimestre de 2020 (período que recoge la mayor parte de los días de confinamiento), 32.700 personas de la CAPV trabajaron ocasionalmente desde el domicilio particular, esto es, el 3,6 % de la población ocupada, prácticamente la misma cifra que en 2019. Pero, además, otras 113.100, el 12,6 %, trabajaron en el domicilio más de la mitad de los días de la semana de referencia, frente al 4,3 % de 2019. Como resultado, 145.800 personas, el 16,2 % de la población ocupada, trabajaron desde el hogar, más del doble que el año anterior. Por sexo, la tasa femenina es más elevada que la de los hombres 16,5 % frente a 15,9 %, cuando el año anterior los hombres tenían una tasa de teletrabajo mayor (8,9 % frente al 6,6 % de las mujeres). El año finaliza (cuarto trimestre), tras el retorno de una parte importante de las personas trabajadoras a sus puestos de trabajo, con tasas de teletrabajo, tanto ocasional como habitual, mucho más reducidas. La ratio total se queda en el 9,5 % de la población ocupada (9,7 % para los hombres y 9,3 para las mujeres, desapareciendo prácticamente, por tanto, la brecha de género).
Comparando los datos de la CAPV con el promedio del Estado, el teletrabajo se emplea en menor medida en nuestra Comunidad. Una interpretación correcta de estas diferencias exigiría, no obstante, el análisis de variables como la estructura productiva, además de considerar que el promedio del Estado recoge realidades y datos muy diferentes. En el segundo trimestre de 2020, con el inicio de la pandemia y el confinamiento, el trabajo desde el domicilio fue utilizado en el Estado por más de 3,5 millones de personas ocupadas, el 19,1 % del total (16,2 % en la CAPV).
Para terminar, los datos del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco sobre conflictividad laboral revelan que en 2020 se ha producido en nuestra Comunidad una notable disminución en el número de huelgas, de las personas trabajadoras afectadas y de las jornadas no trabajadas como consecuencia de dichos conflictos. En la CAPV se registran en este año 190 huelgas, que han contado con 25.642 participantes y han generado un total de 59.741 jornadas no trabajadas, cifras que suponen caídas respecto de 2019 del 38,3 % en el número de huelgas y del 67,9 % en el de participantes, mientras que las jornadas no trabajadas se reducen un 84,8 %.
IV. CONDICIONES DE VIDA Y PROTECCIÓN SOCIAL
Este capítulo de la Memoria Socioeconómica nos ha presentado, en su primer apartado, las principales cifras ilustrativas de las condiciones de vida de la población de la CAPV en el momento previo a la aparición de la pandemia del COVID-19, y su posición comparativa en el contexto estatal y europeo. Como veremos, estas ya apuntaban, en general, señales de deterioro frente a la mejora de los años precedentes.
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Como resultado de la crisis iniciada en 2008, el número de ciudadanas/os de la UE en riesgo de pobreza o exclusión creció de manera importante y alcanzó su máximo en 2012 rozando el 25 %, y había venido cayendo suavemente desde entonces. El riesgo de pobreza o exclusión afecta en 2019 (último dato disponible) al 20,9 % de la población o, lo que es lo mismo, a 91,3 millones de ciudadanas y ciudadanos de la actual UE (107,5 millones si incluimos a Reino Unido), según los criterios fijados en la Estrategia Europa 2020, en la conocida como “Tasa AROPE” (population at risk of poverty and exclusion). Respecto de 2018, la tasa media para la Unión ha caído 7 décimas (3,4 millones de personas afectadas menos), de modo que la incidencia ha crecido únicamente en 5 países (Chequia, Francia, Malta, Eslovaquia y Suecia), se ha mantenido invariable en uno (Portugal), y se ha reducido en el resto. En España, la ratio de 2019 alcanza el 25,3 %, 4,4 puntos por encima de la media europea (11,8 millones de personas afectadas), y se ha reducido en 8 décimas respecto del año anterior.
En la CAPV (que en el contexto mundial se mantiene en el puesto 12, entre Singapur y Reino Unido, según la clasificación del Índice de Desarrollo Humano de la ONU), el riesgo de pobreza y exclusión afecta en 2019 (según la metodología de EUROSTAT e INE) al 14,4 % de la población o, lo que es lo mismo, a unas 313.600 personas (aunque sería de gran interés, no se dispone de información por sexo), 2,3 puntos más que en 2018 y medio punto más que en 2008 (la incidencia en ese año fue del 13,8 %). No obstante, esta ratio se mantiene relativamente baja en comparación con Europa y comparable a la de Eslovenia, que tiene la segunda tasa más baja de la Unión, después de la República Checa.
Si bien es cierto que la posición comparativa de la CAPV en el contexto europeo es muy favorable en los tres elementos que conforman la tasa AROPE, tenemos que señalar que, en el último año (2018-2019), su evolución ha sido desfavorable en los tres, contrariamente a la tendencia general:
- El 16,5 % de la población de la UE se encontraba en 2019 en riesgo de pobreza después de transferencias sociales, considerando que se está en esa situación al contar con ingresos inferiores al 60 % de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo en cada país (el conocido como “umbral de la pobreza”, por lo que mediría, en cada país, el porcentaje de población que no alcanza ese umbral mínimo de renta, lo que también se denomina “pobreza monetaria”). Este porcentaje se ha reducido 3 décimas respecto de 2018, y más de una de cada cinco personas se encuentra en esta situación en Rumanía (23,8 %), Letonia (22,9 %), Bulgaria (22,6 %), Estonia (21,7 %), y España (20,7 %), entre otros. En la CAPV, la tasa alcanza en 2019 el 10 %, experimentando, en el último año, un aumento de 1,4 puntos ( 9 décimas respecto de 2008).
- El 5,4 % de las ciudadanas y ciudadanos de la UE sufre en 2019 una privación material severa, en el sentido de que tienen unas condiciones de vida afectadas por la falta de recursos tales como la capacidad de hacer frente a sus facturas (referidas a los gastos habituales del hogar), mantener la casa caliente o poder disfrutar de una semana anual de vacaciones. Esta ratio se ha reducido en medio punto en el último año, y se encuentra por debajo del 8,5 % de 2008. En la Unión, la incidencia de esta privación varía de manera muy amplia entre países, habiendo mejorado en sus resultados la amplia mayoría de ellos, en este último año. España tiene una tasa del 4,7 % (7 décimas menos que en 2018), y la CAPV del 3,5 % (3,2 % en 2018), lo que supone 76.000 personas, 6.000 más que el año anterior. Analizado el período 2008-2019, su evolución ha sido igualmente negativa, pasando del 2,8 % al 3,5 %.
- El 8,3 % de la población de la UE vive en 2019 en hogares con una muy baja intensidad laboral, considerada tal cuando los adultos del hogar menores de 59 años trabajaron en el último año menos del 20 % de su potencial laboral total (medio punto menos que en 2018 y 9 décimas menos que en 2008). Grecia (13,8 %), Irlanda (13,6 %) y Bélgica (12,4 %) encabezan el ranking de la Unión, mientras que Chequia, Polonia, Hungría y Eslovenia rondan el 5 %. El dato para la CAPV ha empeorado 3,2 puntos en el último año, alcanzando en 2019 el 10,3 % (224.000 personas, 70.000 más que en 2018), por encima del promedio de la UE (8,3 %), y 3,8 puntos por encima del 6,5 % de 2008.
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En segundo lugar, los últimos datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) del Gobierno Vasco, relativos a 2018, revelan un incremento respecto de 2016 del riesgo de pobreza y precariedad en la CAPV y del número de personas afectadas, alejándose de los niveles de bienestar anteriores a la crisis de 2008, tal y como ya se vio en la Memoria Socioeconómica de 2019.
Y, dentro de esta tendencia general, el informe de resultados la EPDS detecta un aumento de la desigualdad en Euskadi: destaca que el desarrollo de la crisis de 2008 vino acompañada, en el período 2012-2014, por un significativo aumento de la desigualdad, y que entre 2014 y 2016 la recuperación del empleo y la emigración de colectivos menos favorecidos contribuyeron a recortar una parte de ese repunte. Esta línea positiva se rompe, sin embargo, entre 2016 y 2018, bienio en el que los indicadores de desigualdad vuelven a incrementarse en Euskadi.
- En primer lugar, el Índice de Gini ha cambiado de sentido en el último bienio: Después de haber caído (mejorado) de manera continuada hasta 2012, repuntó en 2014 hasta un 27,1, para caer de nuevo en 2016 hasta el 25,8. En 2018 vuelve a retomar la tendencia alcista aumentando hasta el 26,7. En la Unión Europea, cae (mejora) 2 décimas respecto de 2016, pasando de 30,6 a 30,4, mientras que el dato de España se reduce significativamente (-1,3 puntos), hasta alcanzar el 33,2.
- En segundo lugar, la tendencia descrita es similar si se considera el cociente que relaciona los ingresos del 20 % más rico de la población de la CAPV con los correspondientes al 20 % más desfavorecido (S80/S20). En este caso, este índice se redujo de 4,2 a 3,6 entre 1996 y 2008, para aumentar ligeramente a 3,7 en 2012 y de forma más destacada en 2014 hasta el 4,2. En 2016 esta ratio cae a 3,9, pero en 2018 vuelve a aumentar hasta el 4,1. En la UE, de nuevo, el dato promedio se ha mantenido relativamente estable durante los años analizados (siempre en torno al 5), y alcanza el 5,1 en 2018, una décima menos que en 2016.
- Por otra parte, una dinámica preocupante corresponde al indicador relativo a la parte del total de ingresos de la población que corresponde al 10 % de personas con menos recursos de la CAPV. Después de avanzar del 3,55 % de 2000 al 3,88 % de 2008, el indicador cae al 3,75 % en 2012 y al 3,41 % en 2014. Tras remontar levemente al 3,48 % en 2016, cae de nuevo al 3,35 en 2018, con lo que sigue manteniéndose por debajo de los datos de 1996-2012. Si comparamos esta evolución con lo ocurrido en la Unión Europea, se aprecia que, durante las dos últimas décadas, la tasa se había mantenido constante, en torno al 3 %, en la UE, aunque cayó hasta el 2,7 % en 2014, y desde entonces se mantiene en el 2,8. España, que se situaba en el aludido 3 % en 2000, ha venido cayendo hasta el 1,8 de 2014, pero desde entonces ha recuperado 4 décimas, hasta la ratio de 2,2 de 2018, muy por debajo del 3,35 de la CAPV.
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Por su parte, las cifras de 2019 de la “Encuesta de Condiciones de Vida” del INE, lo mismo que en 2018, no apuntan una tendencia clara, pues muestran algunos indicadores que mejoran y otros que empeoran:
- Entre los que evolucionan favorablemente, tanto la renta personal como la familiar crecen el 3,9 %, y lo hacen en mayor proporción que el promedio estatal. Asimismo, y lo mismo que el año anterior, sigue cayendo la pobreza energética (del 6,7 al 5,6 %), siguiendo las tendencias europeas. Lo mismo ocurre con el porcentaje de hogares que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (cae del 2,2 al 1,7 %), que junto con la pobreza energética, refleja probablemente las mayores dificultades y carencias.
- Como datos desfavorables, en 2019 crece el porcentaje de familias con dificultades para llegar a fin de mes, que supera el 38 %, lo mismo que el de aquellas que declaran su incapacidad para afrontar gastos imprevistos (25,2 %), o los retrasos en pagos en la vivienda principal, que pasan de afectar al 5 % de las familias en 2018 al 7,3 % en 2019.
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En otro orden de cosas, la tipología de los sistemas familiares en la CAPV ha sufrido una modificación sustancial en las últimas décadas, como consecuencia de procesos demográficos, sociales y culturales. Entre los cambios más destacables se encuentran la mayor diversidad de tipos de hogares, el descenso de su tamaño medio, las importantes alteraciones en el perfil de las personas de referencia de estos hogares, el descenso de la proporción de menores en el hogar y el aumento de las situaciones de dependencia.
En los últimos años, las transformaciones experimentadas por la institución familiar y su impacto en las tasas de fertilidad han concitado un creciente interés público, debido a las repercusiones que ello acarrea. La coincidencia entre las edades proclives a la procreación y de incorporación y promoción laboral coloca a las mujeres jóvenes en una situación muy difícil respecto a la decisión de tener hijos o hijas. El informe “Familia 2020” del Gobierno Vasco revela que el 51 % de las personas entrevistadas opina que el hecho de tener descendencia obstaculiza bastante la carrera profesional de una mujer (44 % en 2016), y el 22 % cree que la obstaculiza “mucho” (26 % en 2016). En cambio, para los hombres, sólo el 12 % de las personas preguntadas, en total, aprecia muchos o bastantes obstáculos a la carrera profesional por tener hijos o hijas (13 % en la encuesta de 2016).
EUSTAT elabora la “Encuesta de Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar” (ECVL), cuyos resultados relativos a 2019 destacan, en primer lugar, Las mujeres que trabajan fuera de casa, por su parte, dedican un 42,4 % más de horas diarias que los hombres al cuidado de hijos e hijas menores y un 53,3 % más al cuidado de personas dependientes; además, destinan un 40 % más de tiempo que sus compañeros a las tareas del hogar. Mientras que los hombres emplean 3,3 horas diarias en el cuidado de los menores (igual dato en los 3 años anteriores), las mujeres destinan 4,7 (mismo dato en 2018). Esta diferencia es bastante mayor al considerar el cuidado de personas dependientes, actividad a la que los hombres dedican 1,5 horas diarias (1,4 en 2018) y las mujeres 2,3 horas (2,4 en 2018). Además, las tareas del hogar ocupan, en promedio, 2,1 horas a las mujeres, frente a las 1,5 horas de los hombres (2,1 y 1,4 horas, respectivamente, en 2018).
Sumando estos promedios, el tiempo diario destinado por las mujeres a las tareas domésticas y de cuidado ascendería a 9,1 horas, frente a las 6,3 horas de los hombres, lo que revela una brecha del 44,4 % (50,8 % en 2018). Esta desigualdad de cargas asumidas tiene su coste en el grado de satisfacción con el reparto de tareas en el hogar, ya que las mujeres declaran, en promedio, un grado de satisfacción de 5,9 sobre 10 sobre la colaboración que ofrece su cónyuge o pareja en la realización de las tareas domésticas, frente al 7,7 que declaran los hombres.
En cuanto a la dificultad para solicitar ciertos permisos a la empresas que faciliten la conciliación, en 2019 se asienta la tendencia de menores dificultades para este tipo de permisos iniciada en 2018, aunque con resultados todavía inferiores a los de 2010.
En relación con los tipos de horario y la flexibilidad, la ECVL de EUSTAT revela que en 2019 el 20,5 % de las personas trabajadoras de la CAPV tiene que prolongar la jornada laboral casi todos los días (y un 19,2 % algunas veces). Respecto del año 2018, el porcentaje de personas que se ven obligadas a prolongar su jornada laboral, habitual o esporádicamente, se ha incrementado 4,8 puntos. En este mismo sentido, la encuesta de EUROSTAT sobre “Organización y jornada de trabajo”, revela que en 2019 un 21 % de las personas trabajadoras de la UE debía adaptar su jornada de trabajo a los requerimientos de su empleo (suponemos que aumentándola) una vez a la semana y un 19 % más una vez al mes (las ratios para España son 13 % y 10 % respectivamente).
Según la ECLV, el horario flexible, herramienta suplementaria para mejorar la conciliación, lo disfrutan el 42,7 % de los/as trabajadores/as de la CAPV (35,4 % en 2018), y en menor medida las mujeres (38,9 %) que los hombres (46,2 %). Respecto al trabajo en el propio domicilio, un 10 % trabaja ocasionalmente en casa y un 5,5 % al menos la mitad de los días. En términos generales, por tanto, un 15,5 % de las personas con empleo trabaja ocasionalmente, o con mayor frecuencia, en casa (12,6 % en 2018), ratio que con toda seguridad se incrementará notablemente en 2020 como resultado del COVID-19.
Desde 2010 la satisfacción de los trabajadores y las trabajadoras con su jornada laboral y la flexibilidad de horarios se mantiene prácticamente invariable en el primer caso y mejora levemente en el segundo, al tiempo que las diferencias por sexo son muy reducidas. Entre los hombres, el nivel medio de satisfacción en relación a la jornada laboral ha pasado de 7 sobre 10 en 2010 a 7,1 en 2019, al tiempo que se ha incrementado (entre 6,2 y 6,7) en cuanto a la flexibilidad de horarios. Para las mujeres, la satisfacción sobre la jornada laboral ha pasado de 7,2 a 7,5, mientras que, en la flexibilidad de horarios, la satisfacción era más baja al comienzo de la serie, pero ha aumentado hasta prácticamente igualarse con la de los hombres en el último año: de 5,9 en 2010 a 6,5 en 2019.
Para aliviar las situaciones descritas, el Gobierno Vasco puso en marcha a partir de 2002 los Planes de Apoyo a las Familias, a fin de superar los obstáculos económicos y sociolaborales que impiden a las familias decidir libremente el número de hijos e hijas, y aprobó en 2008 la Ley de Apoyo a las Familias, para dotar del mayor rango jurídico al marco y las bases para una política familiar integral, orientada a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las familias y de sus miembros. La evaluación del III Plan sirvió de punto de partida para una reflexión sobre las políticas de familia y la firma de un “Pacto por las Familias y la Infancia”, suscrito en 2018 por el conjunto de las administraciones de la CAPV. Este pacto se asienta en un diagnóstico compartido que ha servido para el diseño del IV Plan de Apoyo a las Familias para el período 2018-2022, de cuya marcha no se dispone de detalle, a fecha de cierre de este capítulo.
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El Índice de Igualdad de Género (IIG) es un indicador sintético que resume las desigualdades entre hombres y mujeres en una serie de aspectos relevantes que afectan a su bienestar y a su desarrollo personal. Para la CAPV, lo calcula EUSTAT empleando la metodología del “Instituto Europeo para la Igualdad de Género” (EIGE), así como la información facilitada por dicha institución sobre el conjunto de los 28 países que forman parte de la Unión Europea. La aplicación de esta metodología permite, por tanto, comparar los avances en igualdad de género en la CAPV con la referencia que ofrecen los países de la UE. Se trata de un indicador sintético que resume en una escala adimensional, en la que 1 significa desigualdad total y 100 igualdad total, las desigualdades que todavía existen entre hombres y mujeres en una serie de aspectos relevantes que afectan a su bienestar y desarrollo personal.
El IIG 2020 de la CAPV se sitúa en 71,1 puntos sobre 100 (datos de 2017). Lo mismo que en la anterior medición (2015), obtiene mejor puntuación que la media de la UE-28 en todas las dimensiones que se estudian. Además, los valores más altos se alcanzan, en Euskadi, en las dimensiones de Salud, Dinero y Empleo, mientras que el más bajo se obtiene en Poder.
A lo largo del período estudiado (2010-2017) la evolución del IIG de la CAPV es positiva, ya que obtuvo 68,8 puntos en 2010, 69,1 en 2012, 69,3 en 2015 y 71,1 en 2017. Además, y excepto en el área de Tiempo, mejoran los indicadores de igualdad de género en todas las áreas, especialmente en la de Conocimiento, donde el indicador ha ganado 4 puntos, principalmente por la mejora de la Segregación por campos de estudio, que se ha incrementado desde 53 puntos en 2010 a 58,2 en 2017. En la dimensión de Poder, el avance es de 3,7 puntos hasta situarse en 58,0, destacando la subdimensión de Poder político, que mejora 6 puntos hasta alcanzar los 87,7. Por el contrario, ha empeorado en 1 punto el indicador del área de Tiempo, consecuencia de lo ocurrido en las Actividades sociales, en donde se ha pasado de 60,8 puntos en 2010 a 59,3 en 2017.
En la comparativa europea, la CAPV se coloca por detrás de Suecia, Dinamarca, Francia, Finlandia, Reino Unido, Países Bajos e Irlanda e igualada con Bélgica, pero por delante de los restantes 20 miembros de la Unión Europea, así como de la media europea. El IIG de España era de 70,1 puntos en 2017, un punto por debajo de la CAPV. Además, Euskadi alcanza en 2017 valores más altos que España en los indicadores parciales de la mitad de las dimensiones del IIG: la dimensión en la que supera más holgadamente los resultados de España es la de Tiempo, donde la distancia es de 8,4 puntos, pero también se coloca por delante en Dinero (+7) y Salud (+2,3). Por el contrario, se encuentra en desventaja en las dimensiones de Empleo (-0,4), Conocimiento (-2,2) y, sobre todo, Poder (-4), especialmente en las subdimensiones de Poder social (-4,2) y económico (-12,1), pero no así en Poder político, en la que la CAPV supera en casi 11 puntos al Estado
Protección social
En primer lugar, según la “Cuenta de la Protección Social en la CAPV” de EUSTAT de 2019, el volumen de recursos dedicados a dicha función en Euskadi fue, en el año de referencia, de 19.564 millones de euros, un 5,9 % más (+1.094 millones) que en 2018. Esta cifra supone el 24,6 % del PIB de ese año (+4,8 puntos sobre 2008, y 6 décimas más que en 2018). El gasto total en protección social no ha dejado de crecer en la serie temporal disponible, en tanto que el gasto por habitante ha pasado de 6.402€ en 2008 a 8.918 en 2019 (+39,3 %). Además, con los últimos datos de EUROSTAT para 2018, el gasto per cápita en protección social en Euskadi, medido en paridad de poder de compra, fue de 9.022 €, importe por encima de la media de la UE (8.709 €), y también del promedio del Estado (6.457 €), aunque por debajo de los 9.738 € per cápita de la zona euro.
En segundo lugar, en 2020 más de medio millón de personas (521.499 según una primera aproximación) fueron beneficiarias de pensiones del sistema de la Seguridad Social en nuestra Comunidad (contributivas y no contributivas ), un 0,3 % más que en el año precedente. Como viene ocurriendo en los últimos años, este aumento se debe al peso y evolución del colectivo de personas beneficiarias de pensiones contributivas, pues las otras modalidades, en términos generales, se mantienen en cifras mínimas. El porcentaje de la población de la CAPV cubierta por prestaciones económicas de la Seguridad Social alcanza, así, el 23,7 %, misma ratio que el año anterior.
En relación con las pensiones contributivas (que suponen el 97,7 % de las personas beneficiarias en 2020 y el 99,3 % del gasto), el número medio de personas beneficiarias en 2020 asciende a 509.327 ( 0,3 %), perceptoras de un total de 560.930 pensiones ( 0,4 %), puesto que una persona puede ser beneficiaria de más de una pensión contributiva, y el gasto anual fue de 9.698 millones de euros, un 2,7 % más que en 2019. Las pensiones no contributivas, por su parte, cubrían en 2020 a 12.172 personas (dato medio anual), generando un gasto de 68,9 millones de euros ( 1,9 % respecto de 2019). En suma, el gasto total en pensiones en la CAPV ascendió en 2020, con datos provisionales, a 9.766,9 millones de euros, con un aumento del 2,7 % respecto de 2019, de forma que se 1,6 puntos el porcentaje sobre el PIB, hasta el 13,6 % (con datos provisionales de EUSTAT).
Si ponemos en relación el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social en la CAPV y las cifras de recaudación de cuotas de la Tesorería General de la Seguridad Social, se tiene que en 2019, último ejercicio para el que se dispone de ambas cifras, el gasto ascendía a 9.440,6 millones, frente a unos ingresos de 7.498,6 millones, con lo que el saldo sería negativo por importe de 1.942 millones de euros, un 2,8 % más que en 2018.
En otro orden de cosas, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos tiene como prestación fundamental la denominada, a partir de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Como consecuencia de estas ayudas, la EPDS de 2018 estima que el número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza disminuye en Euskadi un 33,6 %. De sus cifras también se deduce que este Sistema llegaba en el año de referencia a un 69,3 % de la población en riesgo de pobreza: 136.567 personas (el 6,3 % de la población total).
El número de unidades de convivencia perceptoras de la RGI fue en 2020 de 54.747 (dato de diciembre, que se corresponde con 98.901 personas beneficiarias), frente a las 52.455 que percibían estas ayudas al terminar 2019. Esto supone, después de 15 años de crecimiento ininterrumpido (entre 1999 y 2014) y cinco de caída (entre 2015 y 2019), un incremento del 4,4 %. De la ficha de expedientes activos en Lanbide en diciembre de 2020 se conoce, asimismo, que de las 54.747 personas titulares de unidades convivenciales inscritas, el 41,7 % eran hombres y el 58,3 % mujeres (una décima menos que en 2019). El tramo de edad con mayor concentración de beneficiarios/as es el de 40 a 59 años (el 48,8 % del total, 8 décimas más que en 2019), y también se destaca que 3.826 personas perceptoras cuentan con menos de 30 años (el 7 %). Respecto de diciembre de 2019, todos los tramos de edad aumentan el número de titulares perceptores, con la excepción de los mayores de 64 años, que suman 8.975 titulares (-2,5 %), mientras que el grupo de edad inmediatamente anterior, entre 60 y 64 años, es el que más crece porcentualmente, un 8,9 %, hasta alcanzar las 4.417 personas.
El perfil de la persona titular de la unidad de convivencia perceptora (que apenas varía en la serie analizada) se corresponde con el de una mujer de nacionalidad española, de más de 40 años y con estudios básicos (el 68,9 % cuenta con estudios obligatorios, el 10,5 % con alguna titulación profesional y el 4,3 % con titulaciones universitarias). Las personas extranjeras que reciben la prestación, 15.891, suponen el 29 % de los titulares perceptores (27,8 % en 2019), y un 23,6 % de los titulares perceptores son pensionistas (25,6 % en 2019). Asimismo, 9.860, el 18 % de las unidades de convivencia perceptoras, reciben la RGI como complemento de las rentas salariales (-1,9 puntos respecto de los tres años anteriores, en los que la ratio fue del 19,9 %), al tiempo que 8.737 titulares reciben junto con la RGI un complemento por monoparentalidad (el 16,7 %).
En 2010 se puso en marcha, en desarrollo de la Ley 18/2008, la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), cuya finalidad es articular un sistema de prestaciones económicas de carácter complementario a la RGI, que permita a los grupos más vulnerables de la población afrontar los gastos relacionados con la vivienda. En su primer año de vigencia (2010) la PCV supuso un gasto de algo más de 50 millones de euros, y este gasto ha ido aumentando hasta los 91 millones de 2016 (importe máximo hasta la fecha). En 2020 se destinaron a esta prestación 76,43 millones de euros, ( 0,8 % respecto de 2019). En cuanto al número de titulares perceptores, en diciembre de 2020 un total de 25.868 unidades de convivencia beneficiarias de la RGI recibieron además la PCV (un 5,7 % más que un año atrás).
Tras la puesta en marcha de la PCV, las Ayudas de Emergencia Social (AES), tercer instrumento del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, recuperan su objetivo originario (hacer frente a necesidades específicas de carácter básico, principalmente relacionadas con la vivienda, sobrevenidas de forma ocasional para personas con recursos insuficientes para hacer frente a gastos necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social) y ven reducida de manera destacable su partida presupuestaria. En 2019, último año para el que se dispone de datos oficiales, se destinaron a estas ayudas 34,05 millones de euros (-0,7 % respecto de 2018). Asimismo, se contabilizan un total de 28.467 unidades de consumo perceptoras, un 2 % menos que en 2018. En total, se concedieron en el año 57.341 ayudas por distintos conceptos, como necesidades primarias (8.694 ayudas), alquiler (7.895) o amortización de intereses (3.540), con un importe medio por ayuda de 593,86 ( 3,4 % respecto de 2018). Por otra parte, en este año se incluye, ya por tercera vez, como categoría específica la “energía” (hasta 2016 se incluía dentro de “otros gastos de mantenimiento”), que contempla 14.726 ayudas (un 16,9 % menos que en 2018 y el 15,2 % de los fondos destinados a AES).
En suma, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos gastó en 2020 un total de 483,9 millones de euros, un 6 % más que en 2019 (tras tres años de caída del gasto), que se distribuyen de la siguiente manera: 373,4 millones corresponden al gasto efectuado en la Renta de Garantía de Ingresos (77,2 % del total, y un 7,7 % más que en 2019), 76,4 millones para la Prestación Complementaria de Vivienda (15,8 % del total y un 0,8 % más que en 2019) y se ha estimado, a fin de calcular el gasto agregado del Sistema, que los 34,1 millones de euros destinados a Ayudas de Emergencia Social en 2019 se han mantenido en este 2020 (7 % del total del Sistema), a falta de datos oficiales sobre esta ayuda para 2020.
En términos comparativos, el “Informe de Rentas Mínimas de Inserción” del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad permite realizar un seguimiento comparativo de las grandes cifras de los sistemas de garantía de ingresos de las Comunidades Autónomas, teniendo presente la heterogeneidad de las normativas y los distintos grados de desarrollo de estos sistemas. Según el informe relativo a 2019 (último publicado), en ese año nuestra Comunidad tenía un gasto anual por titular de estas prestaciones de 6.352,42 euros, frente a los 5.779,39 euros de media estatal (un 9,9 % más), y una tasa de cobertura del 30,12 por mil habitantes, frente al 6,32 de media del Estado. El estudio considera que nuestra Comunidad dedicó en 2019 para RGI más PCV el equivalente al 25,1 % del total de fondos destinados a estas prestaciones en el Estado, por las comunidades autónomas. Se trata de un porcentaje extraordinariamente superior al que le correspondería según el peso de la población vasca en el conjunto del Estado, que era del 4,7 % en el año de referencia.
En 2020 se ha creado en el Estado el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Su aparición se produce en plena crisis de la pandemia y viene a dar respuesta al incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionada por el COVID-19 en España. No obstante, no se trata de una medida coyuntural ligada a la pandemia, sino que se configura como un instrumento de carácter estructural cuya aparición se ha visto acelerada por la crisis sanitaria, para poner remedio a las debilidades del modelo español de garantía de ingresos y a su diversidad territorial. El IMV se crea como una prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. Además del aspecto económico, persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de sus beneficiarios.
En España, el Gobierno estimó en el momento de su puesta en marcha que 850.000 hogares, con aproximadamente 2,3 millones de personas, podrían beneficiarse del IMV. En diciembre el INSS había reconocido a casi 160.000 hogares esta prestación, de manera que más de 460.000 personas, de las cuales el 47 % son menores, habían recibido ya más de 518 millones de euros.
En la CAPV, la gestión del IMV ha sido atribuida a Lanbide, gestora de la RGI, que, salvo en algunos supuestos, ofrece prestaciones de cuantía más elevada y abarca algunos colectivos, como las personas pensionistas, no incluidos en la prestación estatal. La RGI queda, por tanto, configurada como una prestación complementaria y subsidiaria del IMV. A fecha de elaboración de esta Memoria se desconoce el importe de la prestación correspondiente a nuestra Comunidad.
Por otra parte, el Sistema Vasco de Servicios Sociales (SVSS) constituye una red pública articulada de atención, de responsabilidad pública, cuya finalidad es favorecer la integración social, la autonomía y el bienestar social de todas las personas, familias y grupos, desarrollando una función promotora, preventiva, protectora y asistencial, a través de prestaciones y servicios de naturaleza fundamentalmente personal y relacional. Viene regulado y ordenado por la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales (LSS), cuyas principales características son: la instauración del derecho subjetivo a los servicios sociales, la definición del Catálogo de Prestaciones y Servicios que integran el Sistema, especificando así el alcance de dicho derecho y garantizando su desarrollo e implantación y, por último, la previsión del desarrollo del citado catálogo mediante una Cartera de Prestaciones y Servicios que define sus principales características y requisitos de acceso.
El gasto en Servicios Sociales en la CAPV alcanzó en 2018 (último año para el que se dispone de información) la cifra de 2.815,1 millones de euros, un 2,3 % más que en el año anterior, con datos de la “Estadística de Servicios Sociales y Acción Social” de EUSTAT. Este gasto representa el 3,67 % del PIB de nuestra Comunidad en ese año y un gasto medio por habitante de 1.291,1 €, un 2,1 % más que en 2017. El 71 % del gasto, 2.002 millones de euros, corresponde a gastos corrientes, de los cuales 761 millones se destinaron a transferencias a las familias (-1,2 % respecto de 2017). Además, la financiación por parte de las administraciones públicas ascendió a 1.940,5 millones de euros ( 1,1 %), el 68,9 % del total, mientras que desde el sector privado se aportó el 31,1 % restante.
Entre la diversidad de los servicios sociales, los destinados al conjunto de la población y a las personas mayores destacan como las áreas a las que se dedica mayor cantidad de recursos, ya que entre las dos representan el 63,4 % del gasto (36,8 y 26,6 % del total, respectivamente). Entre los recursos destinados al conjunto de la población destacan las transferencias a las familias, 755,7 millones de euros, el 26,8 % del gasto total, y que se reducen un 3,9 % en el último año. En cuanto a las personas mayores, su atención se centra fundamentalmente en las prestaciones de los servicios residenciales, centros de día asistenciales, servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia. En relación con los centros residenciales para personas mayores, la CAPV contaba en 2018 con un total de 445 centros, de los cuales 164 eran de titularidad pública y 281 de titularidad privada. Este sistema supuso, en el año de referencia, un gasto de 626 millones de euros ( 4,6 %), el 22,2 % del gasto total en servicios sociales.
Por lo que se refiere a la implantación de la Ley de Dependencia de 2007, los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) a 31 de diciembre de 2020 revelan que, en la fecha de referencia, la CAPV tenía registradas un total de 105.906 solicitudes de valoración en el Sistema de Atención a la Dependencia, de las cuales, lo mismo que en el resto de las Comunidades, la mayor parte corresponden a revisiones del reconocimiento del grado de dependencia. El perfil de la persona solicitante es el de una mujer (el 64 % del total), con una edad de 80 o más años (53,3 % de las solicitudes). De las 105.906 solicitudes de dictamen registradas, el 99,54 % habían recibido ya la resolución correspondiente (92,35 % de media en el Estado) y 79.315 personas, el 75,24 % de los casos dictaminados, habían visto reconocido su derecho a prestación. En la fecha de referencia se hacían efectivas 88.748 prestaciones (-1,1 % respecto de 2019), de las cuales el 40,21 % corresponden a la Prestación Económica por Cuidados Familiares (ratio superior a la media del Estado, que es del 31,57 %), el 13,71 % a Atención residencial, el 22,41 % al servicio de teleasistencia, el 7,59 % a cuidados en centros de día/noche y el 7 % a servicios de ayuda a domicilio, como prestaciones y servicios más importantes.
El IMSERSO ha estimado el impacto demográfico del COVID-19 en el colectivo atendido por el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), tanto en general como en sus distintas prestaciones y servicios, incluidos los residenciales, a través del cálculo del exceso de mortalidad respecto de la esperada para el colectivo que atiende, tal y como se ha visto con las cifras del Instituto de Salud Carlos III para el conjunto de la población en el capítulo I de esta Memoria Socioeconómica.
En Euskadi, se han contabilizado 8.787 personas dependientes (aquellas con valoración de dependencia realizada y beneficiarias de alguna prestación o servicio del Sistema) fallecidas entre marzo y diciembre de 2020, 1.958 más de lo esperado, por lo que el exceso de mortalidad es del 28,2 % (frente al 45,2 % de promedio del Estado), siendo el exceso producido en abril (106,6 %) muy superior al del resto de los meses. En segundo lugar, superan el 30 % de exceso de mortalidad los meses de diciembre, con un exceso de 266 fallecimientos (36,8 %) y septiembre con 199 defunciones más de las previstas (32,3 % de exceso). De estas 1.958 personas fallecidas, 855 (el 43,7 %) vivían en residencias (donde se produce un exceso de mortalidad del 37,1 %) y 1.104 (el 56,3 %) recibían alguna o varias prestaciones del sistema de dependencia en sus domicilios, por lo que fallecieron bien en estos, bien en hospitales (este colectivo tiene exceso de mortalidad más reducido, del 23,8 %).
Para terminar, como balance de la evolución del sistema de previsión social voluntaria de la CAPV, el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco revela que en 2019 (último dato disponible) las EPSV de la CAPV contaban con un patrimonio de 26.760 millones de euros, importe que se ha incrementado un 7,8 % respecto del año anterior, y que representa el 33,7 % del PIB de este año, con datos provisionales. Asimismo, el número de personas asociadas o adhesiones a estas entidades (considerado el número de cuentas y no de personas, ya que es complicado determinar cuántas están duplicadas o son socias en suspenso de aportaciones), es de 1,14 millones, un 0,2 % más que en 2018. A 31 de diciembre de 2019, Euskadi contaba con 73 EPSV, de las cuales 43 eran EPSV de empleo, 28 individuales y 2 asociadas.
Más de la mitad de las personas asociadas, el 56,4 %, lo estaba en las EPSV individuales, seguidas por las de empleo, que tienen el 43,5 % de los y las asociadas. En cuanto al patrimonio, el 54,3 % corresponde a las EPSV de empleo y prácticamente el resto a las individuales, mientras que las prestaciones satisfechas se concentran también mayoritariamente en las entidades de empleo (66,9 % del total), e individuales en segundo término (33 %). Las cuotas, por último, corresponden mayoritariamente a las EPSV individuales (55,2 % del total), y el resto a las de empleo (44,7 %). Las cuotas o aportaciones suman en 2019 un total de 775,1 millones de euros, y han aumentado un 6,6 % respecto de 2018. Por su parte las prestaciones satisfechas superan los 660,6 millones de euros, cifra que es un 4 % mayor que la cifra de 2018. Asimismo, en 2019 se rescataron un total de 142,3 millones de euros, frente a los 154,3 millones del año anterior, lo que supone un descenso del 7,8 %.
V. CALIDAD DE VIDA
Educación
Según EUSTAT, en el curso 2019/20, se matricularon en la CAPV en la enseñanza de régimen general no universitario 376.104 alumnos y alumnas, lo que supone un crecimiento del 0,04 % respecto al curso anterior ( 155).
Circunscribiéndonos a la matriculación sin incluir educación especial y distinguiendo por niveles se tiene que en los inferiores (Educación infantil y E. primaria) se matricularon 215.280 alumnos y alumnas: 85.239 en Infantil (-2,3 %, decremento que se suma al de los periodos anteriores) y 130.041 en Primaria (-0,8 %, rompiéndose la tendencia de crecimiento); en Educación Secundaria Obligatoria 86.304 ( 1,4 %) y en Formación Profesional Básica 4.700 ( 2,8 %).
Por lo que respecta a la Enseñanza Postobligatoria, en Bachillerato se matricularon 31.234 personas y en FP de grado medio 15.102. Así, al terminar la educación obligatoria, el 67,4 % del alumnado optó por el Bachillerato frente al 32,6 % que decidió hacer uno de los módulos ofertado en Formación de Grado Medio. Tanto en el Bachillerato como en la FP de Grado medio se produce un crecimiento de la matriculación, respectivamente del 3,2 % y del 2,5 %. Por su parte, en la FP de Grado superior se matricularon 22.016 personas, un 2,6 % más que en el curso anterior
En relación con la titularidad de los centros, mientras en Educación Infantil y Primaria más de la mitad de las matriculaciones tienen lugar en centros públicos (52,6 % y 51,8 %, respectivamente), en la ESO ocurre lo contrario, de forma que la matriculación en la red privada es superior (53,6 % vs 46,4 %). Por lo que respecta a la enseñanza postobligatoria se tiene lo siguiente: mientras en el Bachillerato la matriculación es solo ligeramente superior en la red privada (51,8 % frente a 48,2 % en la pública), en la FP predominan las matrículas en centros públicos (62,8 % en la FP de Grado medio y 57,1 % en la FP de grado superior)
Por lo que respecta a la elección de modalidades o familias profesionales, se tiene que, en el Bachillerato, en el curso 2019-20, el 54,8 % del alumnado se matriculó en Ciencias, el 33,1 % en Ciencias Sociales, el 8,1 % en Humanidades y el 4 % en Artes. La participación de la mujer viene siendo más elevada que la de los hombres especialmente en Artes (73,4 %), Humanidades (67,6 %) y Ciencias Sociales (55,8 %). Por el contrario, en Ciencias el porcentaje de hombres matriculados supera al de mujeres (51,1 % vs 48,9 %).
En los estudios de carácter profesional, según EUSTAT, las familias profesionales de grado medio que concentraron el mayor volumen de alumnado fueron nuevamente: Fabricación Mecánica (15,1 %, 3,8 %), Sanidad (14,7 %, 5,9 %), Electricidad y Electrónica (8,9 %, 0,6 %), Administración y Gestión (8,1 %, 5,2 %), Instalación y Mantenimiento (7,8 %, 9,6 %), Transporte y mantenimiento de vehículos (7,6 %, 1,2 %), Informática y Comunicaciones (7,3 %, 6,2 %) y Servicios socioculturales y a la comunidad (6,9 %, 4,7 %). Todas ellas observan un incremento en su matriculación. Entre las titulaciones de grado superior destacaron por volumen de matriculación: Fabricación Mecánica (15 %, 1,8 %), Administración y Gestión (11,2 %, -0,1 %), Electricidad y Electrónica (10,8 %, 3 %), Informática y Comunicaciones (9,8 %, 7,2 %), Servicios Socio-culturales y a la Comunidad (9,5 %, 0,2 %), Sanidad (7,3 %, 1,6 %) e Instalación y Mantenimiento (7 %, 7,6 %). La matriculación se incrementó en todas ellas salvo en Administración y Gestión donde disminuyó ligeramente.
La participación de la mujer viene siendo muy elevada en Imagen personal, Servicios socioculturales y a la comunidad, y Textil, confección y piel. En un segundo grupo de importancia en cuanto a matriculación femenina destacan las familias de Administración y Gestión, y Sanidad. En un tercero a Química e Industrias alimentarias; y posteriormente, Artes Gráficas, Comercio y Marketing, Hostelería y Turismo; y Edificación y obra civil.
No obstante, en término medio la participación de la mujer en los estudios profesionales sigue siendo inferior a la del hombre (en el grado medio es del 34,6 % y en el superior del 36,3 %, frente al 65,4 % y el 63,7 % que registran los hombres). Se observa una baja matriculación femenina en las familias profesionales de perfil más técnico que, además, suelen corresponder con una mejor inserción laboral. Así, en Electricidad y electrónica, Fabricación mecánica, Informática y comunicaciones, Instalación y mantenimiento, y Transporte y mantenimiento de vehículos, la matriculación femenina solo alcanza 14,8 %, en el mejor de los casos.
En términos agregados, mientras que en la Formación Profesional el porcentaje de hombres supera el 63 %, en el Bachillerato la proporción es más equilibrada, siendo mujeres el 54,7 % del total por un 45,3 % de hombres.
Por lo que respecta a las enseñanzas universitarias, en el curso 2018-19, el número total de personas matriculadas en las universidades de la CAPV asciende a 67.374, lo que supone un incremento del 0,9 % respecto al año anterior. El 72 % del alumnado acude a la universidad pública. Por su parte, la distribución por sexo refleja la diferencia a favor de la mujer en el acceso a la universidad (53,8 % son mujeres).
Tal y como ocurre en la matriculación en la Formación Profesional, la participación femenina en las ramas técnicas universitarias (Ingeniería y arquitectura) es inferior a la que muestran los hombres (27,3 % vs 72,7 %).
En materia de graduación universitaria, los datos muestran un incremento del 0,4 %, hasta situarse en 12.993 personas, de las cuales el 56,4 % son mujeres. Circunscribiéndonos a los estudios de grado, un 52,3 % de los y las estudiantes se graduaron en estudios de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, seguida con un 20,6 % por Ingeniería y Arquitectura. En menor medida lo hicieron en Ciencias de la Salud (14,2 %), Artes y Humanidades (7,7 %) y Ciencias (5,2 %). Las diferencias de sexo se observan en la elección de la rama de estudios de grado, prefiriendo las mujeres, de forma mayoritaria, aquellos programas que se engloban dentro de las Ciencias de la salud (el 80,3 % del total son mujeres), Artes y Humanidades (68,7 % de total), Ciencias sociales y jurídicas (62,2 %) y Ciencias (56,1 %) frente a las Enseñanzas técnicas (solo el 29,7 % del total son mujeres).
En relación con los indicadores educativos:
- Esperanza de vida en educación desde los cinco años
En el año académico 2017-18, la CAPV ocupaba la cuarta posición el ranking de CCAA con un valor de 19,8 años. En la comparación internacional se considera el número de años esperados en educación desde los 5 a los 39 años. Los países con mayor número esperado de años de escolarización son Suecia y Finlandia (21), seguidos por Irlanda y Dinamarca (20) y Países Bajos, Lituania, Letonia, Grecia y Bélgica con 19. A continuación se sitúa España con 18 años.
- Participación en el aprendizaje permanente
En la CAPV en 2019, el 13 % de la población de 25 a 65 años participó en alguna actividad de formación permanente. Junto con Navarra, la CAPV anota la ratio más alta en el ranking de CCAA y se sitúa también por encima de la ratio de la UE27 (10,8 %). No obstante, Euskadi está a 2 puntos del objetivo europeo (15 %) y alejada de las ratios de participación que se observa en los países nórdicos: Suecia (34,3 %), Finlandia (29 %) y Dinamarca (25,3 %).
- Gasto público en Educación por tipo de Administración
El gasto público en Educación en la UE27, en 2017, alcanzó el 4,64 % del PIB, ratio superior al 4,07 % estatal. Los países con ratios más elevadas son Dinamarca (7,33 %), Suecia (7,06 %), Bélgica (6,29 %), Finlandia (6,06 %), Chipre (5,77 %), Francia (5,45 %), Austria (5,25 %) y Países Bajos (5,18 %).
El gasto público en educación, en 2019, para el conjunto de Administraciones y Universidades en el Estado fue de 52.853 millones de euros, lo que representa el 4,25 % del PIB (4,19 % en el año anterior).
El gasto de las Administraciones Educativas, para el conjunto de las CCAA (Consejerías y Departamentos de Educación, fue en 2019 de 46.417 millones de euros lo que supone el 3,73 % del PIB. En la CAPV, tal gasto asciende a 2.902,8 millones de euros (2.740 millones en 2017), lo que representa el 3,9 % del PIB, 0,32 puntos por encima de la ratio estatal y 7 centésimas por debajo de la de 2018.
Para realizar la comparativa con la media europea y los países de referencia, hemos de tener en consideración los gastos totales (del conjunto de administraciones). Si bien los datos CAPV y media europea (por extensión países) no son directamente comparables, nos permiten una aproximación bastante acertada y en base a los mismos podemos decir que nuestra Comunidad tiene un menor gasto público sobre el PIB que los países referencia en la materia.
El esfuerzo realizado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco en educación no universitaria supera al realizado por la media de las Administraciones Educativas de las CCA (3,2 % frente a 2,8 % del PIB); no así el realizado en educación universitaria (0,6 % frente a 0,8 %).
Paralelamente, el gasto del Departamento de Educación del Gobierno Vasco alcanzó en 2019 los 2.944,7 millones de euros. Ello implica un incremento del 5,2 % respecto al ejercicio anterior. El porcentaje de participación de tal cuantía en el gasto total del conjunto del Gobierno Vasco fue del 24,5 %, ratio inferior a la del año anterior (24,7 %). Este gasto representa el 3,83 % del PIB de la CAPV, porcentaje superior al registrado en 2018 (3,8 %).
Por su parte, en los presupuestos de 2020 la partida destinada a Educación se sitúa en 2.823,6 millones de euros. Ello supone un descenso del 1,1 % respecto al gasto presupuestado en el año anterior. Su porcentaje de participación en el presupuesto de gastos del Gobierno Vasco es del 24, %. Este gasto supone el 3,93 % del PIB de la CAPV.
- Gasto público por alumno/a en enseñanza no universitaria. Comparativa estatal
Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el gasto público en educación no universitaria por alumna o alumno (público y concertado), en la CAPV, en el año 2018, alcanzó los 6.720 euros, cifra que vuelve a situar a la CAPV la primera en el ranking de CCAA. Este gasto supone un crecimiento del 4,4 % respecto al gasto de 2015, frente al aumento del 8,9 % registrado en el Estado. La media estatal fue 5.163 euros, con lo que el gasto por alumno o alumna fue en la CAPV un 30,2 % superior al del Estado.
El gasto público por alumno o alumna de centro público en Enseñanza no universitaria, en el año 2018, se situó en la CAPV a 9.415 euros, lo que también vuelve a situar a nuestra Comunidad como la que registra el mayor gasto por alumno. Este gasto supone un aumento del 4,9 % respecto al de 2015 frente al incremento del 9,8 % en el Estado. La media estatal fue 5.968 euros, resultando así que el gasto medio por alumna en centros públicos en la CAPV fue un 57,8 % superior al del Estado.
- Gasto por alumno/a (euros convertidos usando PPS) en instituciones educativas. Comparativa internacional
En 2017, el gasto por alumno o alumna alcanzó los 6.738 euros en el Estado, cuando se trata de gasto en instituciones educativas públicas y privadas; y de 7.330 cuando se trata de instituciones públicas. Ambos gastos se encuentran por debajo de los observados en Italia, Francia, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Malta, Bélgica, Suecia y Chipre y alejado de los registrados en Austria y Luxemburgo.
- Gasto en educación del Gobierno Vasco por alumno/a
La ratio de gasto en educación por alumno o alumna (total del alumnado, es decir, tanto de Régimen Generalcomo Especial) experimentó entre 2018 y 2019 un nuevo aumento al pasar de 5.753 a 6.055 euros.
En competencia matemática, la puntuación media estimada de los y las estudiantes de Euskadi alcanza los 499 puntos, 18 por encima de la media del Estado (481) y 10 de la de la OCDE (489). Con tal puntuación media y con un intervalo de confianza del 95 %, los territorios cuya puntación media en matemáticas no es significativamente distinta de Euskadi son: Francia, Irlanda, Noruega, Alemania, Austria, República Checa, Islandia, Suecia, Letonia, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, y Navarra. Por CCAA, las puntuaciones medias estimadas más altas son las de Navarra (503) y Castilla y León (502) que junto con la CAPV (499), Cantabria, Galicia, Aragón y Cataluña obtienen resultados significativamente superiores a los de la media del Estado.
En competencia científica, la puntuación media de los y las estudiantes de Euskadi alcanza los 487 puntos, 2 por debajo de la media de la OCDE (489) pero 4 por encima de la del Estado (483). No obstante, la diferencia con la OCDE no es significativa. Los territorios cuya puntación media no es significativamente distinta de Euskadi son: Media OCDE, Hungría, Francia, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Austria, República Checa, Letonia, Suiza, España, Lituania, Portugal, Federación Rusa, Aragón, Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, C. Valenciana, Extremadura, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Navarra. El rendimiento medio más alto en ciencias entre las CCAA se obtiene en Galicia (510) y Castilla y León (502) que, junto con Asturias (496), consiguen resultados significativamente más altos que los del conjunto del Estado.
En competencia lectora, la puntuación media estimada de los y las estudiantes de Euskadi alcanza los 475 puntos, 12 por debajo de la media de la OCDE (487) y 2 por debajo de la del Estado (477). Los países que alcanzan las puntuaciones medias más elevadas son Estonia (523), Canadá (520) y Finlandia (520). El rendimiento medio más alto entre las CCAA se obtiene en Castilla y León (497), Asturias (495) y Galicia (494).
- Idoneidad en la edad del alumnado
En el ranking de CCAA, en el curso 2018-19 (al igual que años anteriores), Cataluña alcanza, en cada una de las edades analizadas, la mejor tasa de idoneidad. La CAPV ocupa la sexta posición a la edad de 8 años, la quinta a la edad de 10, la tercera a la edad de 12, y la segunda a las edades de 14 y 15 años. Desde un punto de vista de género, las mujeres alcanzan tasas de idoneidad más altas que los hombres.
- Abandono temprano de la educación y la formación
Presenta una tendencia decreciente y en el curso 2018-19 se situó en el 6,7 %, por debajo de la media de la UE27 (10,2 %) y de la estatal (17,3 %). De esta forma, la CAPV ha conseguido lograr el objetivo del 10 % adoptado por la UE para 2020.
- Indicadores universitarios de internacionalización
El número de estudiantes internacionales que, en el curso 2018/19, accedió a una universidad de la CAPV ascendió a 3.561, un 5 % más que en el curso anterior. El incremento en el Estado fue del 3 % Respecto al tipo de movilidad, un 58,9 % lo hizo a través un programa de movilidad y un 41,1 % se matriculó de forma ordinaria. En el Estado las ratios son, respectivamente, 45,5 % y 54,5 %. En Euskadi, un 62,2 % se matriculó en la universidad pública y un 34,4 % en una privada. Con relación al país de origen, destacan, tanto en la CAPV como en el Estado los y las estudiantes provenientes de la UE28 y de América Latina y Caribe.
Respecto a las salidas se tiene que el número de estudiantes que, en el curso 2018/19, salieron de la CAPV a través de un programa de movilidad ascendió a 3.312, un 1,1 % más que en el curso anterior. El incremento en el Estado ha sido del 5,5 %. De los que salieron de la CAPV, un 54,1 % se matriculó en la universidad pública y un 45,9 % en una privada. Respecto al sexo, el 56,1 % fueron mujeres y el 43,9 % hombres.
- Ranking Universitario de Shanghái
España tiene, en 2020, 13 universidades en el TOP 500. La primera en el ranking es la Universidad de Barcelona, situada en el TOP 200 a nivel mundial. A continuación, entre las TOP 300, se sitúan la Universidad Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid, la de Granada y la de Valencia. La UPV-EHU se encuentra entre las TOP400 del ranking y ocupa la novena posición en el ranking estatal.
Cultura
Según datos del “Anuario de Estadísticas Culturales. 2020” que publica el Ministerio de Cultura y Deporte, el porcentaje de personas mayores de 15 años que tienen como hábitos culturales visitar equipamientos (museos, exposiciones, galerías de arte, monumentos o yacimientos arqueológicos), leer libros, asistir a bibliotecas, espectáculos de teatro, ópera, zarzuela, ballet, danza o de música actual… suele ser superior en la CAPV que en el Estado, y la tendencia, comparando con años anteriores es creciente. Por el contrario, en materia de realización de actividades artísticas (escribir, pintar, dibujar, fotografía, danza/ballet/baile, cantar en un coro o tocar un instrumento), es decir en prácticas activas, las ratios son superiores en el Estado.
Según la misma fuente de datos, el número de empresas culturales ha decrecido en la CAPV entre 2018 y 2019 un 0,1 % y se sitúa en 6.010. El empleo, por su parte, ha vuelto a disminuir (un 1,7 %, pasando de 29,9 a 29,4 mil personas). En el Estado, en el mismo periodo, el número de empresas ha crecido un 4 % y el empleo un 2,9 %. Estos 29,4 miles de personas que trabajan en empresas culturales en la CAPV suponen el 3,1 % del empleo total de la CAPV, ratio inferior a la media estatal (3,6 %) y a la de los años anteriores (3,2 %, 3,6 % y 3,9 % en 2018, 2017 y 2016, respectivamente). En el ranking de CCAA que más empleo cultural crean, la CAPV ocupa el quinto puesto, por detrás de Madrid (5,3 %), Cataluña (4,5 %), Baleares (4,3 %), y Canarias (3,5 %), y a la par que Andalucía, Galicia y Navarra (cada una con un 3,1 %).
En otro orden de cosas, el gasto liquidado en cultura en 2018 por la Administración Autonómica Vasca, según datos del Ministerio de Cultura y Deporte, creció un 8,3 % respecto a 2017. Este gasto representa el 0,17 % del PIB de nuestra Comunidad, por encima de la ratio media de todas las CCAA (0,1 %). El gasto por habitante en la CAPV asciende a 56,6 €, 4,1 euros más que en 2017, y esta cantidad es superior a la media del conjunto del Estado (25,3 €).
Por su parte, el gasto en bienes y servicios culturales realizado por los hogares vascos, en el año 2019, ascendió a 567,8 millones de euros, lo que supone un descenso del 3,3 %. En términos de gasto medio por hogar, la CAPV ocupa la undécima posición en el ranking con 623,1 euros (-3,9 % respecto del año anterior), por detrás de Murcia, Madrid, Navarra, Baleares, C. Valenciana, Aragón, La Rioja, Cataluña, Ceuta y Melilla, y Cantabria. En gasto medio por persona, la CAPV ocupa la décima posición en el ranking con 262,9 euros (-3,7 % respecto del año anterior), por detrás por detrás de Madrid, Murcia, Navarra, Aragón, La Rioja, C. Valenciana, Baleares, Cataluña y Asturias.
El menor gasto por persona que registra nuestra Comunidad se explica por el menor gasto en servicios culturales, en soportes, equipos y accesorios audiovisuales y de tratamiento de la información y en telefonía móvil y servicios relacionados con internet. Por el contrario, el gasto en libros y publicaciones periódicas es mayor en nuestra Comunidad que en el Estado.
Para finalizar, se recogen las principales conclusiones relativas al uso del euskera entre la ciudadanía vasca, según datos de la VI Encuesta Sociolingüística:
- El 33,9 % de la población de 16 años o más era vascohablante en 2016; en 1991 era el 24,1 %.
- El mayor crecimiento de vascohablantes se está produciendo entre la población joven: en 2016 era vascohablante el 71,4 % de la población entre 16-24 años; en 1991, lo era el 25 %. No obstante, dado el escaso peso de la juventud con relación al conjunto de la población, el aumento de vascohablantes no adquiere una mayor relevancia en los resultados referidos al conjunto de la población.
- Más de un tercio de la población vascohablante era nueva vascohablante o euskaldunberri y este grupo ha aumentado entre 1991 y 2016 (del 14,2 % al 36,8 %).
- Cada vez son más quienes usan el euskera. En 2016 el 19 % de las personas de 16 años o más años usaba el euskera tanto o más que el castellano (se ha registrado un aumento de 5 puntos entre 1991 y 2016).
- En 2016 la mitad de la población vascohablante (51,9 %) residía en las zonas sociolingüísticas primera y segunda (se definen 4 zonas: la primera zona es la más erdaldun y la cuarta la más euskaldun). En consecuencia, la mayoría viven en un hogar no vascohablante y con una red de relaciones de proximidad igualmente no vascohablante.
- La actitud favorable a la promoción del uso del euskera ha aumentado en la CAPV. En 2016, el 65 % se manifestaba favorable a la promoción del euskera, 10 puntos más que en 1991. La actitud desfavorable, por el contrario, ha disminuido: en 1991, el 14 % se declaraba contrario a la promoción del euskera, y en la encuesta de 2016 ese porcentaje se quedaba en el 9,3 %.
Situación del medio natural
Los contaminantes presentes en el aire con límites para la protección de la salud son: SO2 (dióxido de azufre), NO2 (dióxido de nitrógeno), PM10 (partículas con diámetro inferior a 10 micras), PM2,5 (partículas con diámetro inferior a 2,5 micras), CO (monóxido de carbono), O3 (ozono), C6H6 (benceno), Pb (plomo), As (arsénico), Cd (cadmio), Ni (níquel) y B(a)P (benzo(a)pireno). Según información facilitada por el Gobierno Vasco, durante 2019 todas las estaciones cumplieron los valores límite y objetivo excepto la stación de Valderejo que incumplió el valor objetivo para el Ozono.
Por su parte, según el índice de calidad de aire (indicador que sirve para informar de la calidad del aire de una manera clara y sencilla) se registraron 67 días con una mala calidad del aire (2,29 % del total de días) y ninguno con una muy mala calidad. De esos 67, 24 se observaron en el Bajo Nervión, 16 en Donostialdea, 9 en la Llanada Alavesa, 8 en el Goierri, 7 en el Alto Ibaizabal-Alto Deba y 3 en País Vasco Ribera. Debido a cambios metodológicos, los datos de 2019 y los anteriores no son comparables.
El cambio climático es uno de los principales retos ambientales del siglo XXI. La UE se compromete a reducir sus emisiones en un 40 % a 2030 (respecto a 1990), en línea con su planificación establecida en el “marco sobre clima y energía a 2030” y “una economía baja en carbono para 2050”, en la que se establece la planificación a seguir para lograr una reducción del 80 % de las emisiones de GEI a 2050 (también respecto a 1990). Las regiones no tienen objetivos de reducción de gases efecto invernadero (GEI) jurídicamente vinculantes, pero la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco establece el objetivo voluntario de reducir las emisiones de GEI de Euskadi en, al menos, un 40 % a 2030 y en, al menos, un 80 % a 2050, respecto al año 2005.
Según los últimos datos del “Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del País Vasco”, las emisiones GEI, medidas en términos de CO2-equivalente, se han reducido en el año 2018 un 3,6 % con respecto al año 2017 (estas emisiones están condicionadas por un descenso generalizado de las emisiones en todos los sectores, a excepción de un aumento en los sectores residencial y servicios). Respecto al año 2005, las emisiones han disminuido un 25,7 %. Respecto al año 1990 (año base), las emisiones se han reducido un 8,9 %.
Las emisiones de los sectores regulados han descendido ligeramente este último año debido principalmente a la menor emisión en la generación eléctrica. Respecto a 2005, las emisiones de los sectores regulados han disminuido un 46 % (objetivo medio de la UE a 2020: -21 % y a 2030: -43 %), y las emisiones difusas un 11 % (objetivo medio de la UE a 2020: -10 %).
La intensidad de emisiones, es decir, las emisiones generadas para producir una unidad de PIB descendieron un 36 % respecto a 2005 y un 52 % respecto a 1990. La intensidad de emisiones de la CAPV se mantiene así por debajo de la media de la UE28, en términos de paridad de compra. Las emisiones per-cápita disminuyeron un 28 % desde 2005 y un 12 % desde 1990. A pesar de ello, nuestras emisiones per cápita siguen siendo ligeramente superiores a la media de la UE28.
Pasamos ahora a analizar las emisiones de 2018 por sectores:
- Sector energético. Representa el 34 % de las emisiones totales directas de la CAPV. Sus emisiones descendieron un 4,9 % respecto a 2017, debido fundamentalmente a la menor emisión en el sector eléctrico. Respecto a 2005 disminuyeron un 40 % y respecto a 1990 un 18,1 %.
- Sector Transporte. Representa el 34 % de las emisiones, siendo la segunda mayor fuente de emisiones a nivel de Euskadi. Aproximadamente el 96 % de las emisiones de este sector están asociadas al transporte por carretera. Las emisiones descendieron un 14 % respecto a 2017. Respecto a 2005 aumentaron un 14,5 % y respecto a 1990 se han duplicado.
- Sector industrial. Supone el 18 % de las emisiones de la CAPV (emisiones directas), aunque si considerásemos las emisiones indirectas este porcentaje aumentaría hasta el 31 %. Sus emisiones disminuyeron un 8,2 % respecto 2017. Desde el año 2005 han descendido en un 37,7 % y respecto al año 1990 un 53 %.
- Sector residencial y servicios. Juntos, representan el 7 % de los GEIS de la CAPV. Si considerásemos las emisiones asociadas a la electricidad que consume (emisiones indirectas) este porcentaje aumenta hasta el 17 %.
- El sector residencial ha disminuido sus emisiones en un 3,7 % desde el año 2005, aunque las ha aumentado en un 44,2 % respecto a 1990. Por su parte, el sector servicios, apenas ha reducido sus emisiones en un 0,3 % respecto a 2005 y las ha aumentado en un 101,3 % respecto a 1990.
- Sector Agricultura, ganadería y pesca. Representa el 3 % de las emisiones de la CAPV. Sus emisiones han disminuido un 5,7 % respecto a 2017, un 49,7% respecto a 2005 y un 47,7 % respecto a 1990.
- Sector Residuos. Representa el 4 % del total de emisiones de la CAPV. Sus emisiones han disminuido un 1 % respecto a 2017, un 36,9 % respecto al año 2005 y un 24,1 % respecto a 1990.
En relación con el agua de consumo, según datos del INE, en nuestra Comunidad durante 2018 se suministraron a las redes públicas de abastecimiento urbano 154,5 Hm3 de agua, un 7,6 % menos que en el año 2016, continuando la tendencia descendente. Se observa que el agua perdida como consecuencia de fugas, roturas y averías en la red de saneamiento supuso el 12,8 % del total del agua suministrada a dichas redes, por encima del 8,4 % registrado en 2016 pero por debajo del 15,4 % estimado en el Estado.
En términos per cápita, el consumo en la CAPV volvió a ser menor que la media estatal, 104 por 133 litros/habitante/día, registrándose un descenso, entre 2016 y 2018, del 7,1 % frente a la disminución del 2,2 % que se observó en el Estado.
El coste unitario del agua (cociente entre los importes abonados por el suministro de agua más los importes abonados en concepto de alcantarillado, depuración y cánones de saneamiento y vertido, y el volumen de agua registrada y distribuida a los usuarios) en la CAPV, en el año 2018, fue 2,05 euros/m3 lo que supuso un nuevo incremento, en este caso, del 17,1 % respecto al valor en 2016. En el Estado, el coste unitario medio fue inferior (1,91 euros/m3).
En materia de generación y gestión de residuos, entre 2016 y 2018 los residuos no peligrosos gestionados aumentaron en un 4,2 %.
En relación con los residuos urbanos, según datos de la “Estadística sobre recogida y tratamiento de residuos. Residuos urbanos” del INE, en el año 2018, las empresas gestoras de residuos urbanos recogieron en la CAPV 1.040.595 Tm. de residuos urbanos, un 12 % más que en el año anterior. Distinguiendo según tipo de recogida (mezclados o recogidos selectivamente) se tiene que la mayor parte (61 %) fueron residuos mezclados. Respecto al año 2017, los mezclados aumentaron un 11,1 % y los recogidos selectivamente aumentaron un 13,3 %. En el Estado, por su parte, los mezclados se mantuvieron en cifras similares y los recogidos selectivamente aumentaron un 4,1 %.
En términos per cápita, se recogieron en la CAPV, en el año 2018, 479 Kg/habitante de residuos urbanos, cifra superior a la estimada para 2017 (428,8 Kg/habitante) pero inferior a la media estatal que se sitúa en 485,9. Distinguiendo por tipo de residuo separado (entre los principales), se tienen: 68 Kg/hab. de papel y cartón (frente a los 22,8 Kg/hab. del Estado), 28,4 kg/hab. de vidrio (frente a los 17,9 kg/hab. del Estado) y 21,9 kg/hab. de envases mixtos y embalajes (frente a los 15,9 kg/hab. del Estado).
Con el objetivo de analizar el tratamiento, y dado que el INE no ofrece información al respecto por Comunidades Autónomas, hacemos uso de la “Estadística de Residuos Urbanos de la CAPV” del Gobierno Vasco, según la cual se gestionaron en la CAPV, en 2018, 544 Kg/habitante de residuos urbanos. Así, entre 2017 y 2018 se registra un crecimiento al pasar de los 528 a los citados 544 kg/habitante. De esos 544 Kg/habitante, 195 fueron objeto de reciclaje, 31 corresponden a compost (abono orgánico), 106 fueron objeto de valorización energética e incineración; y el resto, es decir, 172 fueron a vertedero.
Respecto al año 2017, se tiene que los residuos reciclados crecieron en 12 kg/hab., los convertidos en abono orgánico aumentaron en 4 kg/hab. y los valorizados energéticamente e incinerados disminuyeron en 3 Kg/habitante. Por su parte, los depositados en vertedero se incrementaron en 4 kg/hab.
En relación con los residuos peligrosos, entre 2017 y 2018, la cantidad total de residuos peligrosos aumentó un 3,1 %, situándose en 326.169 Tm. Entre los mismos vuelven a destacar los residuos de la industria de procesos térmicos (42,4 % de los residuos totales peligrosos), los residuos de tratamiento y revestimiento de metales (13 %), los aceites usados (10,5 %), los residuos de la industria de mecanizado de metales (9 %) y los de construcción y demolición (6,3 %).
Por lo que respecta al tratamiento de estos residuos en 2018 del total del total de los peligrosos, un 64,7 % se recicló o se hizo compost (ratio similar a la de 2017: 64,4 %), un 0,9 % se valorizó energéticamente (misma ratio que en el año anterior), un 0,1 % se incineró y el restante 34,2 % se eliminó (34,6 % en el año anterior).
Para finalizar, los últimos datos de la Encuesta del gasto de la industria en protección ambiental del INE muestran que, en la CAPV, en el año 2018, el citado gasto (gasto corriente e inversión) creció un 15,8 % respecto a 2017. En términos de esfuerzo (es decir, como porcentaje del PIB), en el año 2018, se sitúa en el 0,29 %, cuatro centésimas por encima de la ratio del año previo, una décima por encima de la media estatal que se sitúa en 0,19 %. Así, la CAPV ocupa en el año 2018 la quinta posición en el ranking de Comunidades que más gastan por detrás de Asturias (0,49 %), Navarra (0,43 %), Cantabria (0,40 %) y Castilla-La Mancha (0,34 %); y a la par que Aragón (0,29 %).
Salud y sistema sanitario
El 31 de diciembre de 2019, China informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, incluyendo siete casos graves. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae que ha sido denominado SARS-CoV-2 y que causa la enfermedad COVID-19. Actualmente, el COVID‑19 es una pandemia mundial, declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020.
Según datos de EUSTAT, en el año 2019 la esperanza de vida al nacer en Euskadi era de 80,8 años para los hombres y 86,6 años para las mujeres, similar a la del Estado (80,9 y 86,2) y más elevada que la de la UE28 (78,3 y 83,6 años, respectivamente, en 2018); además, la esperanza de vida de las mujeres vascas se encuentra entre las más elevadas de Europa. Tanto los hombres como las mujeres vascas han ido experimentado un incremento constante de su esperanza de vida a lo largo de los años, siendo de 11,2 años en los hombres y 9,7 años en las mujeres. La diferencia entre las esperanzas de vida de ambos sexos se ha reducido a 5,8 años desde la máxima de 8,7 años que se dio en el año 1991.
Las proyecciones de esperanza de vida hasta 2030 del EUSTAT estiman que la población vasca vivirá aún más años, llegando a los 83,7 años en los hombres y a los 88,8 años en las mujeres. No obstante, tal y como apuntan diversos estudios, el impacto del COVID-19 en la población está provocando un aumento de la mortalidad y un descenso de la esperanza de vida. Como ejemplo, las proyecciones de población para 2020-2070 publicadas el 22 de septiembre de 2020 por el INE, estiman que, como consecuencia del COVID-19, la esperanza de vida bajaría en 0,9 años para los hombres y en 0,8 años para las mujeres; y que este descenso se recuperaría en 2021. No obstante, inmersos en una nueva ola, parece difícil estimar la disminución de la esperanza de vida, así como determinar el momento a partir del cual comenzaría a recuperarse el descenso.
Por lo que respecta a la mortalidad, el número de defunciones en la CAPV en 2019 fue de 21.560 personas. El 49,9 % fueron hombres y el 50,1 % mujeres. Un gran parte tiene lugar en las cohortes de mayor edad. Así, el 64,9 % (14.001) tiene lugar por encima de los 80 años. En concreto, el número de defunciones en el grupo de 80 a 89 años fue de 7.970, en el de 90-99 años fue 5.725 y en el de 100-109 años fue 306. En relación con las causas de defunción, en 2019 la mayor parte se producen como consecuencia de enfermedades no trasmisibles, principalmente enfermedades cardiovasculares y tumores. Así, según datos de EUSTAT, el 29,3 % de las defunciones se debe a los tumores, con 6.309 muertes; a continuación, se sitúan las enfermedades del sistema circulatorio, con el 26,1 % y 5.620 defunciones. A mayor distancia se tienen las enfermedades del sistema respiratorio con un 10 % y 2.158 defunciones.
En 2020, los datos provisionales cifran el número de defunciones en 24.237, de las que 3.052, el 12,6 % del total, se debieron al COVID-19. Del total de defunciones, 12.186 fueron mujeres y 12.051 hombres. Respecto a 2019 se produjo un incremento del 12,4 % en el número de fallecimientos en el conjunto de la CAPV. En relación con las causas de defunción, crecen las defunciones por “resto de enfermedades” ( 64,3 %) hasta suponer el 34,7 % del total. En segundo lugar, encontramos las defunciones por tumores (25,7 % del total) y en tercero, las muertes por enfermedades del aparato circulatorio (23,1 % del total). Además de las defunciones por “resto de enfermedades, aumentan también las que tienen su origen en “causas externas” ( 4 %) y las acontecidas por enfermedades del sistema digestivo ( 3,4 %); mientras disminuyen las muertes por tumores (-1,3 %), por enfermedades del sistema circulatorio (-0,2 %) y por enfermedades del sistema respiratorio (- 28,2 %).
Entre las defunciones ocurridas en 2020, 39 correspondieron a menores de un año, valores inferiores a los de 2019 cuando fallecieron 43 menores de un año. Por otro lado, fallecieron 15.761 personas de 80 o más años, un 11,1 % más que en el 2019, y 332 personas de 100 o más años, 26 más que en 2019.
Si bien una de las recomendaciones más importantes de las autoridades de salud de todos los países ha sido el aislamiento/distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19, esta acción puede tener un impacto emocional ya que altera nuestras rutinas (ya sean actividades del hogar, el trabajo y la escuela), así como un impacto en nuestros hábitos de vida saludables como realizar actividades físicas y de esparcimiento y estar en contacto con la naturaleza. Tal y como se recoge en el estudio “The impact of COVID-19 on mental, neurological and substance use services: results of a rapid assessment” de la OMS, el duelo, el aislamiento, el miedo a la enfermedad, la pérdida de ingresos y la incertidumbre sobre el futuro están generando o agravando trastornos de salud mental; y la pandemia de COVID-19 ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales del 93 % de los países participantes en la encuesta realizada, en tanto que aumenta la demanda de atención de salud mental.
Aunque numerosos países (70 %) han adoptado la telemedicina o la teleterapia para subsanar las perturbaciones de los servicios de atención presenciales, se observan disparidades relevantes en la adopción de estas intervenciones. Más del 80 % de los países de altos ingresos declararon haber recurrido a la telemedicina y la teleterapia para paliar las dificultades de los servicios de salud mental, porcentaje que no llega al 50 % en el caso de los países de bajos ingresos.
Si bien el 89 % de los países señalaron, en el marco del estudio, que la salud mental y el apoyo psicosocial formaban parte de sus planes nacionales de respuesta a la COVID-19, apenas el 17 % de esos países disponen de una financiación adicional suficiente para sufragar esas actividades. Ante esta situación, a escala mundial cada vez más se pide la creación y difusión de programas sólidos de detección y tratamiento de salud mental para el público en general y las personas que trabajan en atención médica de primera línea.
Paralelamente, durante el confinamiento, el factor de riesgo más importante para desarrollar depresión y ansiedad es precisamente tener unos hábitos de vida poco saludables, el llevar una vida saludable, por ejemplo, cuidar la alimentación o mantenerse activos/as, y usar alguna estrategia para manejar el estrés o el tiempo dedicado a estar en contacto con la naturaleza, se presentan como herramientas clave para mejorar nuestra propia salud mental.
Presentamos ahora algunos indicadores de recursos y actividad asistencial en Euskadi a través de los datos de Osakidetza. Según los mismos, en 2020, la demanda de asistencia disminuye. Así el índice de ocupación medio global en la red pasa del 76,6 % al 67,8 %, entre 2019 y 2020. De hecho, el índice decrece en todos servicios (tanto médicos como quirúrgicos) con la excepción de medicina interna (que aumenta pasando de 143,6 % a 146,4 %) y neumología (que pasa de 138,7 % a 153,8 %). Por su parte, el servicio médico de digestivo y el servicio quirúrgico de cirugía cardiovascular, que solían superar el 100 % de ocupación, disminuyen situándose, respectivamente, en el 85,7 % y 86,8 %.
La estancia media se sitúa en 5,1 días, por encima de los 4,9 días registrados en 2019 pero por debajo de los 6 que se anotaron en 2017. Los incrementos se observan en los servicios médicos de digestivo (de 6 a 6,1 días), hematología (8,6 a 9,4) y neumología (de 5,7 a 6,2 días):
Respecto a las listas de espera, el número de pacientes en listas en consultas externas pasa de 101.836 en 2019 a 62.160 en 2020, lo que supone una disminución del 39 %. Todas las especialidades ven reducir sus listas de espera, siendo los mayores descensos los registrados en dermatología (de 13.036 a 3.633 pacientes) y en alergología (de 2.743 a 1.138). Las especialidades con mayor número de pacientes en listas han venido siendo las mismas año tras año y en prácticamente el mismo orden. En 2019 fueron traumatología (16.124), dermatología (13.036), oftalmología (11.828), rehabilitación (8.217) y ginecología (8.456). Por su parte en 2020 son traumatología (9.863, reducción del 38,8 % respecto a 2019), oftalmología (7.952, -32.8 %), ginecología (6.542, -22,6 %), ORL-otorrinolaringología (5.290, -9,8 %), rehabilitación (4.094, -50,2 %) y dermatología (3.633, -72,1 %)
Si comparamos estos datos con los datos de la CAPV que ofrece el Sistema de Información sobre listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SISLE-SNS) en especialidades básicas (con datos relativos a 2019), observamos cómo el número de pacientes en listas de espera por cada 1.000 habitantes con tarjeta sanitaria es menor al estatal en todas las especialidades analizadas por el Sistema Nacional menos en Ginecología.
Por su parte, el número de pacientes en las listas de espera quirúrgica en 2020 también disminuye al pasar de 17.512 a 16.827 personas. El número medio de días de demora aumenta de 47,9 a 68,2 días.
Con relación a los indicadores de la sanidad privada, según datos de EUSTAT, 474.462 personas (21,7 % de la población total) están cubiertas por un seguro privado de salud en 2019, lo que supone un incremento del 9 % respecto a 2017. De ellas, un 53,2 % fueron mujeres y un 46,8 % hombres y la mayoría se sitúa en las franjas de edad de 45-64 años y 25-44 años (32,5 % y 28 %, respectivamente). La recaudación total en concepto de primas fue de 343,9 M€, lo que supone un incremento del 4,7 % respecto a 2017. La prima media por persona asegurada es de 725 euros.
Pasamos ahora a realizar el análisis del gasto del Sistema sanitario.
Según datos de la Encuesta de salud de EUSTAT, el gasto corriente en salud en la CAPV, calculado conforme a la metodología de la OCDE, alcanzó los 7.042 M€ en 2019 ( 4,7 % respecto a 2018). Este gasto representa el 8,9 % del PIB vasco. El gasto por habitante se situó en 3.216 euros, un 4,4 % más que en 2018.
El 68,9 % del gasto de este gasto es financiado por Administraciones públicas y Seguros de pago obligatorio y el 31,1 % por Seguros de salud de pago voluntario y Pago directo de los hogares. Desde 2010 el crecimiento del importe correspondiente al conjunto de los hogares y seguros de salud voluntarios ha sido mayor que el del conjunto de administraciones públicas y seguro obligatorio; en consecuencia, la aportación de estos últimos ha pasado del 74,3 % en 2010 al 68,9 % en 2019, mientras que la aportación de los hogares y seguros de salud voluntarios ha pasado de ser el 25,7 % en 2010 al 31,1 % en 2019.
En la comparación internacional, Euskadi se sitúa por encima de la media de OCDE en gasto corriente sobre PIB con una ratio del 8,9 %, 1 décima por encima de la media de la OCDE (8,8 %), aunque ligeramente por debajo del Estado (9 %).
Por su parte, el indicador de gasto en salud per cápita en PPC($) muestra que el gasto destinado a salud en Euskadi ha seguido una evolución similar a la media de la OCDE, aunque ha crecido a un ritmo mayor. En 2003 el gasto en salud por habitante en Euskadi era 2.226, casi igual al gasto de la media de la OCDE, 2.221 y por encima del Estado (2.015). A lo largo de la serie de años 2003-2019, el gasto en salud per cápita en Euskadi ha crecido por encima de la media OCDE y del Estado, aumentando el diferencial entre ellos. En 2019, tiene un gasto per cápita de 4.871, lo que nos sitúa por encima de la media de OCDE en un 15 %, con 4.224, del Estado (3.616) y de países como Finlandia (4.578). En el extremo alto de la tabla se encuentran Suiza, con 7.732, Noruega, con 6.647 y Alemania, con 6.646.
Según datos de la liquidación presupuestaria del Gobierno Vasco de 2019, la sección Salud con 4.009 M€ sigue ocupando el primer lugar en porcentaje de recursos (33,3 % del gasto total), donde el principal programa corresponde a las transferencias a Osakidetza. Tal volumen de recursos representa el 5,05 % del PIB nominal, ligeramente por encima de la ratio del año anterior. En términos absolutos, entre 2018 y 2019, el gasto liquidado ha aumentado en 309 M€ ( 8,4 %). Los programas Financiación y Contratación Sanitaria y Farmacia representan la práctica totalidad del gasto liquidado total (98,2 %). En concreto, Financiación y Contratación Sanitaria el 85,4 % y Farmacia 12,8 %.
Según datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el gasto público por habitanteen salud en la CAPV muestra un aumento entre 2019 y 2020, pasando de 1.731 a 1.817 euros per cápita. Nuestra Comunidad se posiciona como la que realiza el mayor gasto por habitante en todo el periodo analizado (2012-2020). Cercanas a la CAPV se encuentran Asturias (1.795), Navarra (1.722) y Extremadura (1.667).
La liquidación presupuestaria de Osakidetza elaborada a partir de las Cuentas Generales de la CAPV pone de relieve que el gasto realizado por el ente, en 2019, asciende a 33.372,5 M€ ( 8,4 % respecto a 2018). Ello supone el 4,2 % del PIB nominal, ratio dos décimas porcentuales superior a la del año anterior. Tal incremento se explica por el crecimiento tanto de los gastos de explotación como de las inversiones.
Concretamente, los gastos de explotación liquidados ascienden a 3.132 M€ de los cuales 2.019,4 corresponden a gastos de personal (64,5 % de los gastos de explotación), manteniéndose similar al gasto del año anterior.
Por su parte, el presupuesto de capital liquidado es de 240,5 M€, siendo un 70,1 % superior al liquidado en 2018.
Por los respecta a la desviación de la cuantía presupuestada frente a la realmente ejecutada en 2019, el gasto liquidado es mayor que el presupuestado (262,2 M€ más), y corresponde a los gastos de explotación ( 21.682 M€).
En primer lugar, la Estadística de Oferta Inmobiliaria (OFIN) del Gobierno Vasco indica que en 2020 la oferta total de vivienda (venta más alquiler) ha caído un 17,8 % (-10,5 % en 2019), alcanzando una cifra estimada de 18.279 unidades en el conjunto del año. Como idea general de este último año, diremos que continúa cayendo la oferta total de vivienda, resultado de la tendencia a la baja en la vivienda en venta, tanto usada como nueva, y tanto libre como protegida. De igual modo, se reduce la oferta de alquiler libre, mientras que la única modalidad que evoluciona en positivo es el alquiler protegido, que continúa teniendo un peso muy reducido.
Por tipo de vivienda, se destacan los siguientes datos:
- La oferta de vivienda libre nueva en venta CAE un 9,5 % y su precio medio asciende en el cuarto trimestre de 2020 a 3.611,5 €/m2, un 5,4 % más que en 2019. El análisis territorial muestra un promedio más bajo en Álava (2.964,1 €/m2), mientras que, en Bizkaia y Gipuzkoa, se eleva a 3.672,6 €/m2 y 3.689 €/m2 respectivamente.
- El precio medio de las VPO ofrecidas en venta se sitúa en 2020 en 1.806 €/m2, no habiendo variado respecto a un año atrás. Su oferta asciende en el cuarto trimestre de 2020 a 1.320 unidades, un 6,4 % menos que un año atrás.
- Se detecta una caída del 21,3 % en el stock de viviendas de segunda mano en oferta y su precio medio asciende en 2020 a 2.738,8 €/m2, un 1,3 % más que un año antes. Por territorios, Bizkaia ve caer sus precios un 0,6 %, mientras que en Gipuzkoa y Álava se incrementan: un 4,6 % y un 6 % respectivamente. Como resultado, los precios oscilan entre los 2.837,9 €/m2 de Gipuzkoa y los 2.536,8 de Álava, quedando Bizkaia en una posición intermedia, con un promedio de 2.746,9 €/m2.
- Se contabiliza una oferta de 1.745 viviendas ofrecidas en alquiler, un 6,5 % menos que un año atrás. Mientras que el segmento libre (el 40,3 % de la oferta) se reduce un 20,3 %, pasando de 884 unidades a 704, el de vivienda protegida en alquiler crece un 5,9 %, con lo que el alquiler protegido pasa del 52,6 % que representaba en 2019 al 59,7 % de la oferta de alquiler en 2020. Por su parte, la renta media de las viviendas protegidas en alquiler en la CAPV asciende en 2020 a 352,2 € mensuales, un 3,1 % más que en el año precedente.
- Por último, la muestra de viviendas libres ofrecidas en alquiler alcanza en 2020 una renta media de 1.040,7 € mensuales, un 0,4 % menos que un año antes. Por Territorios Históricos, Gipuzkoa registra el precio más elevado (1.122,6 €/mes); le sigue Bizkaia con 1.022,8 €/mes y por último Álava (795,3 € mensuales). El análisis de la evolución presenta un incremento en Bizkaia ( 6,5 %) y Bizkaia ( 0,9 %), mientras que se reduce en Gipuzkoa (-1,2 %) y, especialmente, en Álava (-13,3 %).
Por otra parte, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco realiza desde 2019 la Estadística del Mercado del Alquiler (EMA) para el estudio del mercado del alquiler en la CAPV. Esta operación se basa en las fianzas depositadas en los registros creados a partir de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, de forma que es obligatorio el registro de contratos de arrendamiento urbano y el depósito de fianzas de los contratos de alquiler de viviendas en cada Delegación del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el Gobierno Vasco.
A 30 de junio de 2019 (datos del segundo trimestre, últimos disponibles) se contabilizan 52.024 fianzas de alquiler vigentes (5.143 más que al finalizar 2018), con una renta media estimada de 667,6 euros mensuales ( 2,5 % respecto de 2018). Este dato es claramente inferior en Álava (586,3 euros), mientras que aumenta hasta los 673,9 euros en Bizkaia y 690,3 euros en Gipuzkoa. El diferencial en la renta media, además, es considerable según la dimensión municipal, de manera que el precio medio de los contratos de alquiler aumenta conforme mayor es el municipio. Analizando las tasas de crecimiento anual, en los tres territorios se observa una ligera ralentización en el crecimiento de la renta media: en Álava, la renta del segundo trimestre de 2019 crece un 4,8 % respecto del mismo trimestre de 2018, 4 décimas menos que en el año precedente. En Bizkaia alcanza el 3,4 % ( 3,1 % en año anterior) y en Gipuzkoa crece el 2,8 % ( 4,3 % en 2018).
Acerca de la actividad de edificación, el Observatorio de la Vivienda del Gobierno Vasco revela que el número total de viviendas iniciadas en la CAPV, tras caer considerablemente en 2008 y 2009, cambió de signo en el bienio 2010-2011, creciendo de manera importante. Entre 2012 y 2015, sin embargo, el número de viviendas iniciadas ha venido cayendo con distintas intensidades, un 15 % en el último año del período. Desde 2016 y hasta 2019, las viviendas iniciadas se han venido incrementando en general, aunque cada año con tasas más reducidas ( 1,8 % en 2019). En 2020 (datos provisionales) se iniciaron 4.443 viviendas, un 31,3 % menos que el año anterior, como resultado de la caída del 38,3 % en las viviendas protegidas iniciadas (1.319 unidades) y del -27,8 % de las viviendas libres iniciadas (3.124 unidades).
Por su parte, el conjunto de viviendas terminadas en la CAPV en 2020 asciende a 3.952 unidades, un 16,9 % menos que el año anterior, como resultado de la caída tanto de las viviendas protegidas terminadas (-58,2 %) como de las libres (-0,6 %). Como consecuencia, la participación de la vivienda protegida en la actividad edificatoria de la CAPV se ha reducido notablemente este año, ya que entre las viviendas terminadas su peso pasa del 28,3 % de 2019 al 14,3 % en 2020.
En relación con la demanda de vivienda, en la aproximación a la necesidad de acceso a la primera vivienda de personas de entre 18 y 44 años que residen con sus progenitores o tutores, la última “Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda” (ENDV) del Gobierno Vasco relativa a 2019, un total de 64.702 personas que disponían de ingresos se encontraban en situación de necesidad de acceso a su primera vivienda, lo que supone un aumento del 4,2 % respecto de la encuesta de 2017. En cuanto al número de viviendas necesitadas por este colectivo (que es menor dado que se puede plantear el acceso de forma individual o en pareja), estas suman un total de 53.447, un 3,7 % menos que dos años atrás. Esta evolución apunta a una cierta estabilización de la demanda de acceso a primera vivienda en Euskadi, después de la evolución decreciente que se aprecia desde 2009, año en el que se había alcanzado un máximo de 125.514 personas con una demanda de 110.667 viviendas. No debe olvidarse, sin embargo, que de las 53.447 viviendas demandadas, solamente algo más de un tercio de los hogares solicitantes (el 36 %) dispone de ingresos suficientes para dar respuesta a esta demanda a corto o medio plazo (33,2 % en 2017), siendo esta situación común a los tres territorios, si bien algo más favorable en Bizkaia, donde el 40,2 % de la demanda dispone de ingresos suficientes, frente al 34,4 % de Álava y el 30,5 % de Gipuzkoa.
Asimismo, un total de 83.410 hogares vascos declaran la necesidad de cambiar de vivienda, un 9,3 % del total. Esta cifra supone un incremento del 9,8 % respecto de 2017, cuando estas viviendas suponían el 8,6 % del total. Estos datos suponen el afianzamiento de la senda alcista iniciada en 2011, tras la caída del período 2013-2015. De los 83.410 hogares que necesitan cambiar de vivienda, la previsión de poder afrontar el cambio en el próximo año asciende al 28 % (23.376), lo que representa una caída de 7,7 puntos respecto de 2017. Además, el 47,5 % de los hogares prevé afrontar el cambio de vivienda en un plazo de dos años (39.655 hogares) y el restante 62,9 % no espera hacerlo antes de 4 años.
Por último, la ENDV estima en 68.423 hogares vascos que requieren una intervención para su rehabilitación en 2019, magnitud que supone el 7,7 % del parque de viviendas familiares de la CAPV. En términos evolutivos se advierte una caída de la necesidad rehabilitadora respecto de 2017, tanto en los hogares (-10,3 %) como en la incidencia relativa de esta necesidad (-0,9 puntos porcentuales). Desde una perspectiva de largo plazo, podría significar una cierta estabilización, tras ciertos altibajos, del porcentaje de hogares con necesidad de rehabilitación que se viene observando desde 2009. Acerca de las características de la rehabilitación requerida, para casi la mitad de los hogares (el 49,3 %) las necesidades de rehabilitación se centran en elementos privativos de las viviendas familiares (baño, suelo, instalaciones de calefacción, cambio de ventanas…). Un 25,1 % necesita realizar rehabilitación tanto dentro de la vivienda como en las áreas comunes del edificio, y el restante 25,6 % se corresponde a acciones de rehabilitación centradas únicamente en áreas comunes del edificio.
En lo referente al esfuerzo financiero de los hogares de la CAPV con motivo del pago de sus viviendas, la “Estadística Registral Inmobiliaria” del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Inmuebles y Mercantiles de España revela que este esfuerzo, medido en términos de relación de la cuota hipotecaria mensual media y el coste salarial, alcanza el 30,14 % en el cuarto trimestre de 2020, 2,34 puntos más que un año atrás. En lo que respecta al conjunto del Estado, su trayectoria es diferente, pues este esfuerzo alcanza al final de 2020 el 31,04 % del coste salarial medio, misma ratio que un año atrás. Desde una perspectiva de más largo plazo, en la última década (entre 2010 y 2020) este esfuerzo financiero se ha reducido en 0,9 puntos en la CAPV y no ha variado en el conjunto del Estado.
Acerca de la actividad inmobiliaria, los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Fomento) a partir de la Estadística Notarial revelan que el número de compraventas de vivienda formalizadas ante notario en la durante 2020 (datos provisionales) ascendió a 20.482, dato que supone una caída del 13,4 % respecto a 2019 (se registra un -14,5 %, en el mismo período, en el conjunto del Estado, donde se contabilizan 487.089 transacciones).
En otro orden de cosas, uno de los efectos de la crisis en las condiciones de vida es el aumento del número de familias que pierden sus viviendas por no poder hacer frente al pago de sus hipotecas o de sus rentas de alquiler. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realiza un seguimiento de las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados de primera instancia de Euskadi, revelando que en 2020 se registraron 511 ejecuciones, cifra que supone un notable aumento del 115,6 % respecto del año anterior, en lo que podría ser un cambio de tendencia, y el 2,5 % de las 20.460 del conjunto del Estado ( 17,5 % respecto de 2019). Asimismo, en 2020 se practicaron en nuestra Comunidad 553 desahucios por impago de alquiler (-31,4 % respecto del año anterior), que suponen el 2,6 % del total del Estado[/footnote].
Por otra parte, el Gobierno Vasco realiza la “Encuesta sobre el Uso de la Vivienda en la CAPV”, con el fin de conocer la dimensión y posibilidades de gestión del parque de vivienda vacía en nuestra Comunidad, información relevante para el diseño de políticas de movilización de vivienda deshabitada. En el análisis de sus últimos resultados, correspondientes a 2019, el Observatorio Vasco de la Vivienda destaca que se contabilizan en la CAPV algo más de un millón de viviendas, de las cuales el 91,8 % se encuentran habitualmente ocupadas (91 % en 2017). Y, del 8,2 % de viviendas consideradas vacías o no principales (casi 87.000 unidades), el 3,2 % serían viviendas de temporada y el restante 5,1 % (53.533 viviendas) corresponde al parque de vivienda deshabitada (6,6 % en 2017). Por territorios, en Álava la tasa de vivienda deshabitada es la más reducida de los tres en 2019. Se sitúa en el 3,1 %, frente al 5,5 % de Bizkaia y el 5,2 % de Gipuzkoa. Respecto a 2017 se ha producido una caída significativa en el número de viviendas deshabitadas (del 22,7 % en términos absolutos), y la tasa general de la CAPV ha disminuido 1,5 puntos, del 6,6 al 5,1 %.
El Observatorio de la Vivienda destaca, asimismo, que algunas de estas viviendas se encuentran ya en el mercado, por lo que no son gestionables a los efectos de los programas de movilización de vivienda vacía. Asimismo, otras se encuentran deshabitadas de forma provisional por razones de fuerza mayor asociadas a la salud de sus propietarios o a razones laborales. Es por ello por lo que centra su mirada en las viviendas deshabitadas denominadas “gestionables”: en 2019 se contabilizan 26.207 viviendas totalmente gestionables, un 24 % menos que el 2017 y el 2,5 % del parque de viviendas y aproximadamente la mitad de las viviendas deshabitadas (3,3 % de parque total de viviendas en 2017).
En lo relativo a la política de vivienda, el gasto ejecutado por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, que alcanzó su máximo en 2009 con 207,4 millones de euros, se había reducido a la mitad en 2015 (hasta 99,8 millones de euros), como consecuencia de una coyuntura desfavorable. A partir de 2016 se retoma la senda de crecimiento hasta alcanzar en 2019 (último dato consolidado disponible) 224 millones de euros ( 46,5 %), con lo que se ha rebasado el máximo de 2009. Este importe supone el 0,28 % del PIB de la CAPV, 8 centésimas más que en el año anterior, como resultado de la evolución del gasto y el crecimiento de la economía.
En 2020 se ha dado por finalizado el Plan Director de Vivienda 2018-2020, definido en torno a 6 ejes estratégicos (impulsar el parque de viviendas en alquiler, avanzar en la gestión eficiente del parque de viviendas protegidas, revisar y modificar los procedimientos de adjudicación y los requisitos de acceso a la vivienda protegida, fomentar el mantenimiento y rehabilitación de los edificios, avanzar en la innovación en vivienda y crear redes de colaboración para una mejor gestión e integración de políticas sectoriales) y que preveía un gasto total de 806,5 millones de euros. Su informe de evaluación destaca, en primer lugar, que 2020 ha estado marcado por la pandemia debida al COVID-19, y que las administraciones se han visto obligadas a atender a una población inmersa en una difícil situación que exigía respuestas inmediatas. En este contexto, el Gobierno ha tomado medidas excepcionales como la exoneración del pago de los alquileres públicos protegidos o las ayudas al pago del alquiler en viviendas libres. Este escenario no ha impedido, sin embargo, un elevado nivel de cumplimiento del Plan:
- Atendiendo a los indicadores en materia de alquiler, se han alcanzado los objetivos previstos. En el caso del Departamento, la realización se ha aproximado mucho al objetivo (97 %), en tanto que VISESA ha superado su meta (102 %). El objetivo global de viviendas de nueva promoción en régimen de alquiler no ha sido alcanzado al nivel pretendido (ha superado ligeramente el 75 %) debido al bajo cumplimiento de las iniciativas privada y de los entes locales. Por su parte, el Programa Bizigune, con 6.451 viviendas vacías captadas para el mercado de alquiler protegido, también ha superado el objetivo, mientras que ASAP, programa complementario a Bizigune, se queda lejos de su objetivo (34 %). Las ayudas a los hogares más vulnerables en forma de Prestación Complementaria de Vivienda o Prestación Económica de Vivienda han superado ampliamente el objetivo establecido, 33.870 perceptores, y los 6.137 hogares con derecho subjetivo a la vivienda, se han aproximado al objetivo (88 %).
- En materia de rehabilitación, muchos hogares han optado por aplazar las actuaciones, lo que ha hecho que las realizaciones de 2020 no hayan alcanzado los objetivos del Plan Director. Por otro lado, el confinamiento ha limitado mucho la capacidad de gestión administrativa. Sin embargo, los buenos resultados obtenidos en los dos años precedentes han llevado a alcanzar elevados niveles de cumplimiento en los objetivos globales del Plan. En concreto, el Programa 1, destinado a particulares y comunidades de propietarios para la rehabilitación de viviendas y edificios, ha contribuido a la rehabilitación de 29.160 viviendas (93 % sobre objetivo previsto). En cuanto al Programa 4, que apoya la rehabilitación eficiente de edificios, el grado de cumplimiento ha sido del 86 % en el conjunto del período 2018‐2020 (en 2020 se ha quedado en el 62 %). Por último, el Programa para el fomento de la accesibilidad universal también se ha visto resentido en 2020 (61 %), pero ha conseguido superar el 93 % en el conjunto de los tres años de ejecución del Plan.
- En relación con otros indicadores, el parque de alquiler protegido ha alcanzado las 25.823 viviendas, superando ampliamente el objetivo inicial de 22.00 viviendas. De este modo, la cuota del parque público en alquiler alcanza el 34 % sobre el total del parque protegido. Asimismo, tanto el volumen de ITEs registradas en Euskoregite (47.637), como el número de contratos de alquiler registrados (103.909) han superado ampliamente los objetivos establecidos por el Plan Director. El Observatorio constata, por último, un elevado cumplimiento en los objetivos más sociales, como es el caso de la cesión de viviendas a organizaciones del tercer sector y otras administraciones (137 %), o los programas de alternativa habitacional ante lanzamientos (135 %) y frente a la violencia de género (155 %). Finalmente, el programa Gaztelagun, destinado a favorecer la emancipación de la población joven, ha alcanzado un nivel de cumplimiento medio. En conjunto ha beneficiado a 1.992 personas jóvenes (80 % sobre objetivo) en dos años ( 2019 y 2020).
Respecto a las realizaciones concretas del año 2020, el Observatorio de la Vivienda estima que las ayudas concedidas en el año han contribuido, en primer lugar, a la rehabilitación de un total de 7.519 viviendas en la CAPV (-32,8 % respecto de 2019), con un importe total de 14,2 millones de euros (-27,2 %). La subvención media asciende a 1.889 € por vivienda, un 8,4 % más que en el ejercicio anterior. La mayoría de las ayudas otorgadas se destinan a la rehabilitación de elementos comunitarios (14 millones de euros, el 98,5 % del total), mientras que sólo el 1,5 % se dirige a trabajos dentro de las viviendas.
Acerca de la promoción del mercado del alquiler, tras un 2018 con una muy baja actividad de esta política (sólo se concedió una subvención, por valor de 50.000 euros), en 2019 ésta se retoma y se destinan a las ayudas al alquiler 3,2 millones de euros. En 2020 se han destinado a estas ayudas 4,44 millones de euros, un 37,7 % más que el año anterior, para la promoción de 76 viviendas de alquiler. De este importe, el 68,4 %, 3,04 millones, se destinaron a subvenciones, y el restante 31,6 % a subsidios.
Por otra parte, el Programa “Bizigune” del Departamento de Vivienda persigue facilitar el alquiler de viviendas por una renta inferior a la que reciben sus propietarios/as. De este modo se da utilidad a la vivienda vacía de la CAPV mediante su puesta en alquiler protegido. En 2020 la renta media mensual que han pagado las personas arrendatarias es de 235,7 €, mientras que las propietarias han recibido, en promedio, 519,9 € al mes. El importe total de estas ayudas asciende a 30,5 millones de euros, un 4,7 % más que en 2019. Las 6.451 viviendas captadas y gestionadas en diciembre de 2020 suponen un incremento del 7,4 % respecto de 2019 y la cifra más alta desde que se puso en marcha este programa. Como resultado de esta evolución, la subvención media es de 4.732 euros/vivienda, un 2,5 % menos que en 2019.
Asimismo, el Gobierno Vasco, ante la necesidad de impulsar el régimen de arrendamiento entre las personas particulares, desarrolla desde 2012 un programa de intermediación en el mercado de alquiler libre, el “Programa ASAP” (Alokairu Segurua Arrazoizko Prezioa), dado, además, que Bizigune, a pesar de sus resultados, supone un elevado coste para el Departamento. En 2020 se habían formalizado 276 contratos de arrendamiento. Destaca, asimismo, el Observatorio de la Vivienda, que el Programa cuenta en 2020 con 313 viviendas inscritas, 42 más que un año atrás, de manera que la tasa de viviendas ocupadas sobre captadas es del 88,2 % (82,3 % en 2019). Por su parte, la renta de alquiler media asciende, en 2020, a 506 € ( 1,5 % respecto de año anterior).
Por último, en 2019 se puso en marcha el Programa “Gaztelagun”, que busca favorecer la emancipación de jóvenes mediante ayudas directas al pago del alquiler. En 2020 se concedieron ayudas a 1.800 personas (1.054 más que en 2019) por importe global de 3 millones de euros (2 más que el año anterior), resultando, por tanto, una ayuda media de 1.663,92 euros por persona beneficiaria (un 28,4 % más que en 2019).
Para terminar, el último informe “La política fiscal vinculada a la vivienda en Euskadi: alcance e impacto del gasto fiscal”, elaborado por el Observatorio Vasco de la Vivienda a partir de los datos de las liquidaciones por IRPF de las tres Diputaciones Forales, destaca, en primer lugar, que las Haciendas vascas han dejado de ingresar entre 2011 y 2018 un total de 3.208 millones de euros por las deducciones fiscales en el IRPF asociadas a la vivienda o, lo que es lo mismo, un promedio de cerca de 400 millones de euros anuales. Ese importe de gasto fiscal se asocia tanto a las deducciones del IRPF a la compra (y a las cuentas vivienda), como al alquiler y a la rehabilitación, si bien con distinta intensidad: el mayor gasto asociado tiene que ver con los 2.564,5 millones de euros (el 79,9 % del total) que se han dejado de ingresar por los incentivos a la compra de vivienda en el período 2011-2018, mientras que el gasto fiscal vinculado a las deducciones al alquiler ha supuesto 561,7 millones de euros (el 17,5 % del total) durante este mismo período. Por último, el gasto fiscal vinculado a la rehabilitación ha supuesto apenas el 2,6 % del total, 81,9 millones de euros. Centrándonos en el último ejercicio con datos disponibles, el importe de las deducciones por vivienda alcanzó en 2018 los 409,3 millones de euros, un 7,5 % más que en 2017, importe que representa el 267,7 % del gasto ejecutado por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco en ese año (152,9 millones de euros).
CONSIDERACIONES
I. DEMOGRAFíA
La pandemia que nos afecta empaña cualquier consideración que, sobre la demografía, o cualquier otro ámbito, realicemos en esta Memoria Socioeconómica relativa al año 2020.
Así, el impacto humano y en todos los ámbitos de nuestras vidas está siendo de tal magnitud que sólo transcurrido un tiempo seremos capaces de evaluar con sosiego sus efectos en términos estadísticos, desde una distancia que permita cierta objetividad. En este momento, señalaremos la dureza de los datos que manejamos y cómo, una vez más, son las personas de mayor edad las que han sufrido los peores efectos de esta situación sin precedentes, con un nivel de defunciones inédito.
En este sentido, sería de gran interés que se estudie la incidencia de esta epidemia en general, y de su mortalidad en particular, en función de la vulnerabilidad social de las personas afectadas, lo cual sería muy importante de cara a la planificación, ante futuros eventos de naturaleza similar que pudieran ocurrir.
Y, volviendo a nuestras cifras de seguimiento anual, un año más, los saldos migratorios positivos han permitido compensar el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) negativo y mantener el volumen de población, tanto en nuestra Comunidad como en el conjunto de la UE.
Acerca de ello, queremos recordar que es preciso afrontar el reto migratorio como parte de un proceso de crecimiento y progreso para nuestra sociedad, y que aquellos países que han sabido integrar y aprovechar la diversidad cultural que aporta la inmigración son, en la actualidad, los más prósperos, tal y como destaca el “Pacto Social por la Inmigración”, que suscribimos absolutamente, tal como ya expresamos en la Memoria de 2019.
En este sentido, queremos alertar sobre los posibles efectos que puede tener la pandemia y la crisis generada por ella, en los movimientos migratorios a medio plazo, y si dichos efectos sobre la movilidad de las personas serán permanentes o no.
Por otro lado, queremos señalar que la evolución positiva del índice de tolerancia de IKUSPEGI de 2020 revela que la sociedad vasca presenta una madurez respecto al proceso migratorio que nos alegra, al entender la importancia del aporte de la población inmigrante para el bienestar de todos y todas.
Ahora bien, a pesar de este impacto positivo de la inmigración, nuestra Comunidad continúa afrontando un enorme desafío demográfico (baja natalidad y progresivo envejecimiento de la población) y resulta imprescindible un modelo demográfico y migratorio general que permita orientar las políticas públicas de manera transversal y coordinada, ya que se trata de elementos clave para el desarrollo social y económico.
II. ECONOMíA
La pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria, social y económica a escala global que no tiene precedentes en tiempos modernos. Las medidas de distanciamiento social han redundado en restricciones a la movilidad de las personas y a la actividad en determinados sectores inauditas en tiempos de paz.
En línea con lo acontecido a escala global, la pandemia también ha supuesto una disrupción sin precedentes para la actividad económica vasca. La crisis actual destaca por la intensidad con la que la actividad económica se ha contraído en un breve espacio de tiempo.
Desde el lado de la oferta, el impacto de la pandemia se caracteriza por una marcada heterogeneidad, ya que las medidas de contención han incidido de manera especial en los sectores económicos más dependientes de las interacciones personales y de las decisiones de gasto privado. Por tanto, se hace necesario poner una especial atención para ayudar de manera específica a estos sectores, empresas y personas trabajadoras especialmente afectadas para salir de la delicada situación provocada por la pandemia.
El impacto económico de la pandemia podría haber sido mucho peor sin la respuesta de la política económica. El despliegue de un amplio conjunto de medidas de política ha permitido mitigar los efectos adversos de la crisis en los niveles de actividad empresarial y de empleo. No obstante, la naturaleza cambiante de los retos planteados por la crisis sanitaria ha obligado a las autoridades económicas a ir reajustando sus actuaciones, algo que deberán seguir haciendo hasta dejar definitivamente atrás esta crisis.
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En relación con el sector público de la CAPV, este Consejo destaca, en primer lugar, que la grave crisis económica y social a la que nos enfrentamos ha interrumpido la senda de recuperación de las finanzas públicas que se venía produciendo desde 2017 gracias a la evolución positiva de la recaudación, que este último año se ha desplomado con ratios negativas no vistas hasta ahora.
Destacamos, asimismo, que, ante los retos que la crisis plantea, el Sector Público se ha visto obligado a interrumpir su proceso de reducción del endeudamiento de los últimos ejercicios y a elevarlo de manera considerable. En el actual contexto de pandemia, entendemos que la política fiscal y presupuestaria debe poner el foco en mejorar los servicios públicos esenciales, muy fundamentalmente la sanidad y los servicios sociales, pero también la educación y, por supuesto, la investigación.
Además, las inversiones reales, fundamentales para el desarrollo del país cuando están bien orientadas, han recuperado el signo negativo de la crisis anterior. Por ese motivo, será necesario un importante y continuado esfuerzo presupuestario para mantener a futuro unos niveles de inversión aceptables.
Y, en este sentido, entendemos que debe aprovecharse la oportunidad de los fondos europeos “Next Generation”, para fortalecer tanto los servicios esenciales como la inversión del sector público, así como la privada.
Por otra parte, en relación con el empleo público, el CES Vasco considera necesario reiterar, un año más, el grado de interinidad y temporalidad en las administraciones públicas vascas que asciende al 41,4 %, y que debe corregirse con celeridad, una vez superados los impedimentos existentes. Además, y de acuerdo a la normativa y jurisprudencia europea generada, se deben poner en marcha los procesos de adecuación del empleo público de cara a acabar con esta situación.
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Por lo que se refiere a las infraestructuras de transporte, queremos llamar la atención sobre tres puntos: en primer lugar, la mayor proporción de vías de gran capacidad que son de peaje en nuestra Comunidad en comparación con la media estatal; en segundo lugar, la amplia oferta de infraestructuras existente y que se verá ampliada, en lo que se refiere a la ferroviaria, con la Y vasca, lo que representará la oportunidad de traspasar mercancías de transporte terrestre, requiriendo a su vez la necesidad de estructurar una red coordinada y combinada de transporte; y, por último pero no menos importante, el mantenimiento del volumen de tráfico de mercancías en el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz en un año caracterizado por restricciones y descensos de actividad en la mayor parte de los sectores económicos, lo que da una idea de la masa crítica existente en nuestra Comunidad en lo referente a un sector que está adquiriendo un peso cada vez más importante en el mercado global.
Respecto a la energía, resaltamos un aspecto que nos preocupa, concretamente el que tiene que ver con la elevada dependencia energética exterior de nuestra Comunidad, y la reducida producción en base a energía renovables. En este sentido, creemos necesario dar un nuevo impulso a la producción de este tipo de energía en Euskadi, y más si se considera la oportunidad que pueden suponer para su desarrollo los fondos europeos.
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En relación con la ciencia, la tecnología y la innovación, queremos señalar que si bien el gasto en actividades de I D ha crecido en términos absolutos por cuarto año consecutivo, en términos de esfuerzo aún estamos lejos del objetivo europeo del 3 %. Recordamos que se han fijado objetivos concretos para los diferentes Estados miembros, que van del 0,5 al 4 % del PIB a alcanzar en 2020, 2 % en el caso de España. Y no podemos obviar que, tanto al esfuerzo público como al privado, les queda camino por recorrer para llegar a los objetivos europeos: 1 % y 2 % del PIB, respectivamente.
Sin embargo, uno de los escasos efectos positivos que ha podido tener la pandemia es una mayor concienciación social sobre la necesidad de elevar los fondos dedicados a la ciencia y a la I D i, lo que configura un entorno favorable para dar una mayor prioridad a este tipo de actividades, y avanzar más rápido.
Volvemos a resaltar que, si bien la CAPV viene realizando una importante inversión en actividades I D, parece tener dificultades a la hora de trasladar a resultados tal inversión, ya que los indicadores de activos intelectuales se han venido manteniendo bajos. Y, en relación con los activos intelectuales (patentes y modelos de utilidad), consideramos que deben intensificarse actuaciones para que las empresas, en especial los pequeñas y medianas, conozcan estos mecanismos, las ventajas que ofrecen para blindar sus innovaciones y la existencia de ayudas para tramitar estas medidas, que pueden suponer una fuente de ingresos por la venta de licencias o permitirles entrar en otros mercados. En este sentido, compartimos que uno de los objetivos operativos del nuevo PCTI 2030 sea precisamente “maximizar la orientación de la I D i vasca a resultados”.
Es conveniente incidir en la necesidad de mitigar aquellos factores que obstaculizan la innovación en las empresas, principalmente de índole económica y de reticencia al cambio (por la asunción de riesgos que la I D implica), así como los que dificultan la traslación a resultados de la inversión realizada en I D. Si no se eliminan estos obstáculos, existe un riesgo cierto de pérdida de dinamismo en la I D.
Por ello, entre otras cosas, es necesario sensibilizar y orientar a las pymes sobre la inevitabilidad de los cambios y transiciones que se avecinan, unos cambios que van a hacer ineludible la adaptación a los mismos, y que obligan a las empresas, independientemente de su tamaño, a incorporar en su día a día la I D y la innovación, si es que quieren asegurar su futuro.
Recapitulando, si bien nos agrada comprobar que mantenemos nuestra posición líder en I D dentro del conjunto de las regiones españolas, y que la transición digital nos sitúa ante nuevas oportunidades que pueden mejorar la competitividad de nuestra economía, así como el bienestar de nuestra sociedad; no podemos obviar que en este campo nuestras empresas, y en particular las PYMES, tienen un amplio abanico de mejoras (ciberseguridad, inteligencia artificial, uso de robótica, entre otros). Por ello, es necesario profundizar en el desarrollo de las políticas públicas en estos ámbitos, dado que son clave para la competitividad del tejido industrial vasco.
Así, la CAPV tiene ratios superiores a la media estatal en empresas de 10 o más empleos que utilizan especialistas TIC, que compran soluciones de computación en la nube (cloud computing), y empresas con impresión 3D. Sin embargo, la ratio de empresas que analizaron grandes fuentes de datos (Big Data) y la de empresas que utilizaron dispositivos interconectados que puedan ser monitorizados o controlados remotamente a través de Internet (IoT) se sitúan por debajo de la media estatal, siendo necesario intensificar los esfuerzos públicos y privados para incorporar estas herramientas en las empresas vascas.
En cuanto al comercio electrónico, que ha crecido notablemente y se ha mostrado como un canal clave para mantener la actividad ante las circunstancias de restricción de movilidad como las vividas, consideramos que el menor aprovechamiento en cuanto a las compras y ventas por este canal por parte de las empresas vascas que sus homónimas europeas, parece indicar que se están perdiendo oportunidades en un instrumento de comercio que irá creciendo cada vez más. Asimismo, hay que añadir las sinergias que pudieran derivar del nodo logístico que está emergiendo alrededor del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz y el papel que nuestra Comunidad está llamada a tener en el Corredor Atlántico de la Red básica de la Red Transeuropea de Transporte.
Por otra parte, entendemos que la disponibilidad de los fondos europeos “Next Generation” abre una oportunidad para apoyar una estrategia de país que impulse la triple transición tecnológico-digital, energético-medioambiental y demográfica y social, y resulta preciso incrementar el esfuerzo innovador disruptivo en coordinación con la innovación social. De esta forma, se mejorará también el posicionamiento competitivo de la economía y la sociedad vasca en el contexto internacional.
III. EMPLEO Y RELACIONES LABORALES
A mediados de 2021, mientras el mundo afronta una crisis de empleo e ingresos sin precedentes llena de incertidumbres sobre la evolución de una pandemia que ha puesto en jaque nuestro modo de vida, realizar una valoración de la evolución del mercado de trabajo en 2020 resulta muy complicado, más allá de la constatación de los resultados negativos de sus principales indicadores, y más si se tiene en cuenta que dichos efectos continúan extendiéndose durante el año 2021.
Tras un período 2014-2019 de crecimiento del empleo al final del cual Euskadi se acercaba a los niveles de ocupación anteriores a la crisis de 2008, el año 2020 ha visto truncada esta recuperación, con caídas del empleo que, sin bien se han ido mitigando en su evolución mensual tras el desplome inicial con la irrupción de la pandemia, arrojan en saldo anual una pérdida importante de puestos de trabajo.
Esta pérdida, no obstante, ha sido muy inferior a la del PIB, al ser mitigada en gran medida por el masivo empleo de los ERTE por parte de las empresas, a fin de evitar que una situación en principio coyuntural, tuviera un impacto negativo de carácter estructural en el mercado de trabajo. Los ERTE están permitiendo priorizar el mantenimiento del empleo sobre la extinción de contratos, gracias a un apoyo económico público sin precedentes. Ello resulta muy elogiable, pero su futuro plantea muchas incógnitas, tanto desde el punto de vista de sus sucesivas prórrogas como de la viabilidad futura de esos empleos “suspendidos” en un mundo postpandemia que cuesta visibilizar.
La pérdida de empleo sufrida en 2020 ha sido mayoritariamente masculina, y afecta especialmente a algunas ramas de actividad del sector servicios (hostelería) y de la industria (la manufacturera) muy importantes en nuestra estructura económica. Estos sectores, con características y problemáticas específicas y muy diferentes, deberán ser objeto de atención prioritaria por parte de las instituciones, a fin de evitar la cronificación de situaciones que, en principio, deberían ser temporales, en tanto vayamos superando la pandemia.
La participación de la juventud en el mercado de trabajo también merece una llamada de atención, puesto que su evolución ha sido especialmente negativa. Su elevada tasa de desempleo supone problemas y costes sociales a corto, medio y largo plazo, que no solo afectan a este colectivo, sino al conjunto de la sociedad. Por ello, reiteramos lo expuesto en memorias anteriores, y es que deben continuarse arbitrando más y mejores políticas activas de empleo para las personas jóvenes a fin de dar respuesta a su problemática específica, garantizando un empleo de calidad.
En este sentido, los fondos europeos que llegarán en el medio plazo deberán facilitar el retorno a la actividad de los colectivos más afectados por la crisis del COVID-19, mediante iniciativas públicas estratégicas que favorezcan la transición a un sistema productivo avanzado y competitivo en un entorno mundial, cuya evolución a futuro, a día de hoy, plantea grandes incógnitas.
Recordamos, por otra parte, que uno de los objetivos de las políticas activas de empleo es la reducción del desempleo, especialmente el estructural, y que el paro de larga duración, más allá de la pandemia que nos afecta, se mantiene en nuestra sociedad, año tras año, como un problema cronificado en el que la falta de cualificación es uno de los factores que influyen. Estas personas precisan de una atención muy preferente que no debería verse afectada por las problemáticas coyunturales del momento presente, a fin de que puedan dotarse de las herramientas precisas para su inserción laboral en términos estables y de calidad.
Además, las políticas activas de empleo cobran especial relevancia ante la necesidad de adaptar su oferta formativa hacia los ámbitos destino de los fondos europeos que están por recibirse (digitalización y economía sostenible). En este sentido, debemos ser capaces de ofrecer a personas desempleadas y demandantes de empleo todas las herramientas necesarias para facilitar su incorporación, mantenimiento y mejora en el mercado laboral, dentro de un tejido productivo afectado cada vez con mayor intensidad por grandes transiciones (tecnológico-digital, socio-sanitaria y energético-ambiental).
Por último, es importante evaluar y revisar los mecanismos que regulan los programas de empleo, especialmente los que peor han funcionado, con el fin de tratar de diseñar e implementar medidas que eleven su eficacia y favorezcan el cumplimiento de los objetivos a alcanzar en el desarrollo de la nueva Estrategia de Empleo y los Planes que de ésta se deriven.
IV. CONDICIONES DE VIDA Y PROTECCIÓN SOCIAL
En primer lugar, hay que destacar que tras la mejora en los niveles de bienestar de los últimos años, una parte importante de los últimos indicadores de condiciones de vida, relativos a los años 2018 y 2019, alertan de cambios que permiten avanzar un deterioro de nuestra calidad de vida, lo cual nos debe preocupar en un momento en el que encaramos una crisis económica y social provocada por la pandemia del COVID-19 que aún no tiene reflejo en las cifras que estamos analizando.
Es cierto que Euskadi se mantiene en posiciones muy favorables en los rankings internacionales de calidad de vida (IDH), lo mismo que en los distintos ámbitos de la tasa europea AROPE pero, tal y como hemos visto en las páginas anteriores, en 2019 había empeorado en los tres elementos que lo conforman, cuando en el contexto europeo la tendencia aún era de mejora sostenida. Lo mismo ocurría con los indicadores de desigualdad, con una posición comparada mejor, pero una evolución negativa en el último año analizado. Todo ello obliga a analizar las causas de estos comportamientos, para ponerles freno y recobrar una senda de evolución positiva, y más considerando el previsible deterioro adicional que se producirá en 2020 como consecuencia de la pandemia.
En otro orden de cosas, queremos recordar un año más que la tipología de los sistemas familiares en la CAPV ha sufrido una modificación sustancial en las últimas décadas, como consecuencia de procesos demográficos, sociales y culturales, por lo que es imprescindible tomar muy en cuenta los cambios que se vienen operando en los tipos de unidades familiares y las consecuencias que se vienen derivando de dichos cambios, que requieren una atención prioritaria de los poderes públicos, dado que, pese a sus distintas tipologías, la familia sigue manteniendo su lugar de centralidad en nuestra sociedad.
En relación con las políticas de familia, la reiterada ausencia de información sobre los resultados de las iniciativas desarrolladas por el Gobierno Vasco en los últimos años impide una valoración de los esfuerzos públicos que se realizan en esta materia, por lo que se insta a los responsables a solventar esta carencia.
Y, en cuanto a las iniciativas en las empresas para la mejora de la conciliación de la vida laboral y personal, continúa siendo preciso un esfuerzo de innovación importante en el diseño y la formulación de medidas nuevas o de reconfiguración de las existentes. En este sentido, las medidas de flexibilidad horaria y el teletrabajo se han revelado esenciales para equilibrar de manera eficiente las necesidades de las personas y las de las empresas en las que prestan sus servicios, señalando las encuestas una valoración positiva muy mayoritaria de estas fórmulas por trabajadoras y trabajadores, lo que apunta la dirección sobre la que seguir trabajando.
Los datos expuestos en este capítulo permiten comprobar que en 2020, a pesar de los problemas acaecidos, el sistema de protección social de la CAPV ha mantenido su cobertura, en niveles comparables a los principales países europeos y de manera favorable con la situación estatal.
- Por lo que respecta al Sistema de Garantía de Ingresos, herramienta fundamental de nuestro sistema de bienestar, en nuestra Memoria de 2019 ya destacábamos que la última EPDS del Gobierno Vasco (datos 2018) permitía afirmar que el Sistema funciona y permite reducir la pobreza en Euskadi, si bien sus resultados arrojaban un cierto estancamiento en cuanto al porcentaje de personas a las que este Sistema ayudaba a dejar atrás el umbral de la pobreza.
- Con todo, tras varios años de caída, en 2020, ante el aumento de las necesidades provocado por la pandemia, han crecido el gasto y el número de unidades perceptoras, lo que nos permite afirmar que el Sistema está respondiendo al aumento de los requerimientos en los términos en los que fue diseñado por su normativa reguladora.
- Respecto a las personas titulares perceptoras de estas prestaciones, tenemos dos cosas que destacar. En primer lugar, en el último año ha disminuido, tanto en términos absolutos como porcentuales, el número de personas que reciben la RGI como complemento de sus rentas salariales y, en segundo lugar, también aquellas que complementan sus pensiones (de hecho, el grupo de las personas mayores de 64 años es el único que se reduce respecto de 2019), lo que permite detectar algunos cambios en los perfiles de las unidades perceptoras sobre los que deberá prestarse atención. Ello no evita que en 2020 se mantenga el perfil de la mujer de más de 40 años y con estudios básicos, como aquel predominante entre las personas titulares perceptoras de la RGI.
- En relación con el Sistema Vasco de Servicios Sociales, comenzamos reiterando lo expuesto en nuestra Memoria de 2019: que no se ha logrado el objetivo de universalización de su Ley reguladora y que la mayor parte del desarrollo normativo previsto sigue pendiente. Consideramos urgente una reflexión de país sobre el modelo de servicios sociales que se desea, por resultar crecientemente disfuncional la discrepancia entre el modelo que se propone en la Ley y la realidad, más aún ante las debilidades del Sistema puestas en evidencia en este 2020, ante una pandemia que tan duramente ha impactado en el mismo.
- Acerca de las pensiones de la Seguridad Social, un año más nos preocupa, además de su creciente saldo deficitario, la sostenibilidad y equidad del sistema. El aumento de las personas beneficiarias y el efecto sustitución, donde las nuevas personas pensionistas cobran más que las que fallecen, hacen necesario habilitar fórmulas para revertir esta situación, y urge negociar entre Administración y agentes sociales las recomendaciones de reforma de pensiones acordadas recientemente en el Congreso de los Diputados sobre los mecanismos más adecuados para la sostenibilidad y suficiencia del Sistema Público de Pensiones.
Este debate en torno a la sostenibilidad, suficiencia y equidad del sistema debe recoger la reflexión sobre la necesaria actuación sobre los ingresos.
Ante este panorama, consideramos que 2020, un año tan duro en muchos aspectos, ha puesto aún en mayor evidencia la necesaria mejora del sistema de protección social en nuestro país, mejora que pasa por garantizar su sostenibilidad y adaptar sus prestaciones a las nuevas realidades y a las crecientes necesidades que la pandemia ha venido a sumar a los retos ya asumidos por nuestra sociedad.
V. CALIDAD DE VIDA
Antes de valorar los contenidos concretos de este capítulo, el CES hace notar que es necesario analizar la respuesta que ha tenido el sistema educativo ante el Covid, con el fin de detectar tanto los posibles fallos que se hayan producido, como lo que se haya podido aprender, de cara a ajustar el sistema para que dé una respuesta adecuada y óptima ante futuras situaciones análogas a la que estamos viviendo.
Un año más, observamos que al terminar la educación obligatoria, la gran mayoría del alumnado sigue optando por el Bachillerato frente a los módulos profesionales de grado medio; sin que esto suponga prejuzgar el acierto de las decisiones en la elección educativa de las familias, volvemos a recalcar la necesidad de redoblar los esfuerzos de una correcta información y orientación educativa desde los primeros años de enseñanza, donde se prestigien todas las opciones y tanto alumnado como familias conozcan todas las posibilidades de itinerarios formativos, tanto los ligados al bachillerato como vía para el acceso a los ciclos de FP de grado superior como a la universidad, así como aquellos que comenzando por los ciclos de grado medio puedan llevar al mismo objetivo. Es necesario que los ciclos de grado medio dejen de ser visualizados sólo como alternativa para aquellos estudiantes que no alcancen los niveles necesarios para el acceso al bachillerato.
Seguimos observando, por otra parte, una importante segmentación por género, de forma que la tasa de participación femenina es menor en los campos científico-técnicos y muy superior en el cuidado de las personas, salud y sanidad. Consideramos importante, en este sentido, continuar sensibilizando a estudiantes y familias sobre la importancia de evitar las indeseables brechas por género. Para ello, resulta fundamental buscar y corregir sus causas y que los poderes públicos se ocupen de ello con rigurosidad.
Además, el análisis de los indicadores educativos pone de manifiesto la buena posición en la que se coloca nuestra Comunidad si la comparamos con el resto de Comunidades Autónomas. No obstante, en la comparación internacional, si bien nuestra posición con respecto a la media europea es adecuada, dado que en muchos los indicadores los resultados de CAPV son superiores al promedio, existe margen de mejora en la medida que los registros de los países del norte son, en algunos casos, superiores.
Por último, nos preocupa la situación que puede estar dándose, a partir de los resultados de PISA, en relación con el interés mostrado por la lectura (por parte del alumnado de 15 años), aspecto sobre el que convendría realizar un seguimiento más pormenorizado, de cara a obtener una conclusión y tomar las decisiones más adecuadas.
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En relación con la cultura, por un lado, destacamos que la población vasca sea menos proclive a la realización de actividades artísticas (escribir, pintar, dibujar, fotografía, danza/ballet/baile, cantar en un coro o tocar un instrumento), lo que se define como prácticas activas, que la media del Estado.
Por otro lado, recordamos que la cultura es generadora de riqueza por sí misma, y por ello nos preocupa que tanto el número de empresas culturales como el empleo en las mismas muestren un descenso, aspecto que no ocurre en el Estado.
Además, nos sorprende que, aun siendo la comunidad con mayor renta disponible, la CAPV ocupe la undécima posición en el ranking de Comunidades Autónomas en gasto medio por hogar, y que en términos de gasto medio por persona nos encontremos por debajo de la media estatal y ocupemos la décima posición.
Situación del medio natural
- Nos agrada comprobar que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) disminuyeron en 2018 (último dato disponible) y que, tanto la disminución de emisiones en los sectores regulados como en los difusos, sea superior a los objetivos marcados por la UE. Sin embargo, a la vista de los objetivos que se plantea Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050, insistimos en la necesidad de que todos los actores (sociedad, empresas y administraciones) sigan manteniendo sus esfuerzos.
- Observamos positivamente que las emisiones generadas para producir una unidad de PIB muestren una tendencia también descendente, pero hacemos notar que todavía son ligeramente superiores a la media de la UE28.
- Llamamos la atención sobre el aumento de emisiones asociadas al transporte por carretera, al sector residencial y al sector servicios, en 2018. En la medida en que nos encontramos en una triple transición (tecnológica-digital, energético-medioambiental y demográfica y social), somos conscientes de que se están impulsando y se impulsarán las medidas necesarias para invertir la senda actual, y esperamos que todos los actores (sociedad, empresas y administraciones) refuercen su implicación en este sentido.
Así, por ejemplo, en materia de comunicaciones, Euskadi tiene una posición geográfica estratégica en Europa, y dado que el transporte por carretera es cada vez menos sostenible y se busca la intermodalidad entre la carretera y el barco o tren, debemos ser capaces de aprovechar las oportunidades que se nos abren y, para ello, es necesario disponer de una infraestructura logística de calidad, competitiva e intermodal en la que colaboren las instituciones públicas y privadas.
- Alertamos del aumento del porcentaje de agua perdida, un despilfarro de recursos a evitar con inversiones que limiten las fugas lo máximo posible.
- Llamamos también la atención sobre el aumento que observamos en la generación de residuos no peligrosos, residuos urbanos (RU) y de residuos peligrosos, en el año 2018.
- Por último, en relación con el gasto de las empresas en protección ambiental, estimamos oportuno apuntar que tras la caída experimentada en 2017, que, de hecho, supuso una ruptura de tendencia, la CAPV vuelva a mostrar en 2018 tasas de crecimiento, tanto en términos absolutos como en porcentaje sobre el PIB.
Concluyendo, el CES Vasco considera necesario seguir sensibilizando al conjunto de actores (sociedad, empresas y administraciones) en los hábitos de vida que favorezcan la disminución de GEI y de residuos, así como implementar acciones y políticas públicas que fomenten un desarrollo económico, sostenible, inteligente y responsable, basado en la economía circular.
Salud y sistema sanitario
El gasto sanitario continúa creciendo. A lo largo de la serie de años 2003-2019, el gasto en salud per cápita en Euskadi ha crecido por encima de la media OCDE y del Estado, aumentando el diferencial entre ellos.
Como consecuencia de la irrupción del COVID-19, la salud ha adquirido un papel aún más protagonista y se han puesto de manifiesto la importancia de los sistemas de salud y la necesidad de disponer de estructuras suficientes que nos garanticen una buena atención sanitaria y permitan responder rápida y eficazmente a posibles nuevas crisis sanitarias o pandemias.
La experiencia que estamos viviendo con el COVID-19 ha evidenciado, más si cabe, cómo la economía, las relaciones sociales y todos los aspectos de nuestra vida están supeditados a la salud.
Hemos comprobado la estrecha relación entre la salud física, la mental y los hábitos de vida más o menos saludables. El COVID-19 y el confinamiento (domiciliario y no domiciliario) han podido generar reacciones emocionales negativas que, si persisten, pueden desencadenar síntomas más graves como depresión y ansiedad; provocando una incapacidad o, cuando menos, una dificultad para el desarrollo de las actividades diarias. El llevar una vida saludable cuidando la alimentación o manteniéndose activos/as, y usar alguna estrategia para manejar el estrés o el tiempo dedicado a estar en contacto con la naturaleza, resultan claves para mejorar nuestra propia salud mental y, por extensión, nuestra salud física.
Por otra parte, la pandemia ha tensionado al máximo el sistema sanitario vasco, que ha sido capaz de responder razonablemente ante una situación extrema. No obstante, la situación que vivimos plantea una serie de retos y tareas, como son evaluar cómo se ha respondido, dónde han estado los principales problemas y qué se necesita para corregirlos, a fin de estar preparados ante una eventual situación similar en el futuro.
Además, destacamos la necesidad de vigilar dos cuestiones de salud directamente relacionadas con el COVID. En primer lugar, la salud mental de la población ante una situación que se prolonga (fatiga pandémica), por lo que resulta necesario que las Administraciones públicas presten atención y dediquen recursos y esfuerzos a paliar y solucionar el previsible aumento y agravamiento de los trastornos de salud mental. En este sentido, es preciso realizar un seguimiento preventivo por parte de los servicios sociales a la mortalidad prematura causada por los suicidios y autolesiones.
En segundo lugar, resulta necesario prestar adecuada atención a las personas que muestran COVID persistente. Todo ello, sin olvidar la prioridad actual de vacunar a la población con celeridad y eficacia.
De cara a futuro, la investigación sanitaria y la digitalización van a despeñar un papel clave en el sistema sanitario. Entendemos que el desarrollo de estudios de investigación y ensayos clínicos, junto con los avances en tecnología digital, edición genética, Big Data… permitirán avanzar en la prevención y mejora de la salud, ya que tales avances tecnológicos ofrecerán diagnósticos y tratamientos mucho más personalizados. La adopción de la telemedicina o la teleterapia, como complemento a la atención presencial, está llamada a desempeñar en el futuro un rol protagonista.
En este sentido, es deseable que desde las Administraciones, como sociedad, estos procesos se diseñen y planifiquen adecuadamente desde los distintos ámbitos, a fin de que su implantación no sea fuente de desigualdades y no provoque efectos no deseados en la calidad de nuestro sistema de salud.
En el último año, lo mismo que en los anteriores, el mercado de la vivienda de Euskadi ha continuado descendiendo en términos de oferta, con unos precios que han mantenido una relativa estabilidad, aunque al alza. No obstante, después de seis años consecutivos de crecimiento de la compraventa de viviendas, las transacciones inmobiliarias se han reducido en 2020, y habrá que ver si estamos ante un cambio de ciclo o ante una pausa provocada por el COVID, que también afecta a la actividad inmobiliaria.
A nivel edificatorio, tras un bienio 2018-2019 de datos positivos, 2020 también ha traído una caída de las viviendas iniciadas y terminadas, mientras que la rehabilitación ha mantenido, al menos en parte, su actividad. De hecho, uno de los pocos efectos favorables que parecen vislumbrarse como consecuencia de la pandemia que sufrimos es el aumento de la demanda de obras en el hogar, lo cual contribuye al mantenimiento del sector.
La oferta de vivienda en alquiler, por otra parte, se ha reducido de nuevo en este último año, y su parque protegido, si bien ha aumentado ligeramente, resulta escaso respecto a la demanda existente. Además, a pesar de la contención de las rentas del alquiler privado, estas continúan elevadas y la oferta es muy escasa, lo que dificulta el acceso al mismo. Preocupa el impacto que ello puede tener en amplios colectivos, como la juventud y las personas con menos recursos.
Queremos mostrar, asimismo, la preocupación de este Consejo por las consecuencias de la crisis sanitaria en las ejecuciones hipotecarias, lanzamientos y desahucios. Aunque es cierto que en 2020 se contabilizaron menos lanzamientos y desahucios que en 2019, habrá que estar especialmente atentos ante los efectos negativos que pudieran derivarse del levantamiento de los programas de ayuda a las personas trabajadoras y el eventual deterioro del mercado laboral, que podrían incrementar el número de procedimientos, afectando fundamentalmente a los colectivos más vulnerables.
Ante este contexto, destacamos desde el CES la importancia de desarrollar y ejecutar adecuadamente las políticas de vivienda. En este sentido, valoramos positivamente el Plan Director 2018-2020, cuyo balance confirma que en los últimos años se ha avanzado en la dirección adecuada.
De cara al nuevo Plan en proceso de diseño, recordamos que es necesario analizar qué iniciativas se pueden poner en marcha para contener los precios de los alquileres, que impiden la emancipación de la juventud y dificultan su acceso a los colectivos vulnerables. A su vez, es preciso elevar los esfuerzos en dar a conocer los programas de acceso a la vivienda existentes, dado el bajo conocimiento de estos por parte de la ciudadanía.
Asimismo, las administraciones públicas deberán implementar las medidas precisas para aprovechar el stock de viviendas vacías y paliar la necesidad de vivienda.
Del mismo modo, y al objeto de facilitar el acceso de toda la población a una vivienda digna y adecuada, garantizando la función social de esta, se debe continuar trabajando en las oportunidades que ofrecen las nuevas modalidades en esta materia (propiedad temporal, compartida, cohousing…), desarrollando las políticas públicas y la cobertura normativa pertinentes. Además, se debe tener en cuenta el envejecimiento de la población, a la hora de facilitar y desarrollar soluciones habitacionales que den una respuesta adecuada a las necesidades del colectivo, creando alternativas al modelo residencial tradicional, que ha mostrado vulnerabilidades ante situaciones como las que hemos vivido en esta pandemia.
Por último, no se debe perder de vista la creciente importancia de la sostenibilidad en las nuevas construcciones y en la rehabilitación de las existentes, debiendo ser uno de los puntos de atención y de los aspectos a potenciar, siendo además un área con fuerte potencial de desarrollo y generación de actividad. En este sentido, es preciso contemplar y aprovechar las oportunidades de los fondos europeos “Next Generation” en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda, especialmente en la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del parque de vivienda de la CAPV.