El CES Vasco considera adecuada la tramitación de este proyecto de Decreto, con las consideraciones que este órgano consultivo ha efectuado.
Bilbao, 7 de marzo de 2025. El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto de regulación de los Centros Integrados de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, trasladado por el Departamento de Educación. Tras analizarlo el Consejo considera adecuada su tramitación, con las consideraciones efectuadas en el dictamen.
El objeto de esta norma es regular los Centros Integrados de Formación Profesional en Euskadi para permitir establecer estructuras específicas que faciliten su adaptación hacia un modelo de organización inteligente, y faciliten que puedan dar respuesta a los cambios en las necesidades del sistema productivo. La actual regulación autonómica sobre los CIFP es de 2014, por lo que es necesario actualizarla para adecuarla a otras legislaciones, como la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, y la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco.
Además, el 6º Plan Vasco de Formación Profesional 2022-2025 define a esta como un agente de transformación e innovación, para apoyar la mejora de la empleabilidad de las personas y la mayor competitividad de las empresas, impulsando el desarrollo sostenible, en línea con la Agenda Basque Country 2030. En este sentido, se contempla la transformación de los CIFP a un nuevo modelo de centro integrado de FP 5.0 inteligente, capaz de impulsar la transformación digital sostenible con metodologías avanzadas de aprendizaje y que fomente el emprendizaje, la investigación y la innovación en la Formación Profesional.
Para ello, se establece que los Centros Integrados de Formación Profesional desarrollen un alto nivel de autonomía y flexibilidad organizativa, adaptabilidad en la programación de su oferta formativa y una rápida capacidad de respuesta a las necesidades cambiantes del mundo laboral.
El CES Vasco considera que el Proyecto de Decreto resulta adecuado, pero introduce algunas consideraciones como propuestas de mejora del texto analizado. En primer lugar, con este Proyecto de Decreto se ha optado por avanzar en la regulación de los CIFP sin un marco normativo general autonómico que sustente su papel en el sistema, en vez de centrarse en contextualizar la Ley Orgánica 3/2022 en Euskadi. Esto puede originar dilemas en el futuro.
En este sentido, para que la Formación Profesional en Euskadi siga siendo un referente a nivel estatal necesita abordar una serie de retos urgentes, como seguir avanzando en su adecuación a las necesidades del sistema productivo, prestar atención a la diversidad, disminuir la brecha de género, y generar áreas de conocimiento transversales y equipos polivalentes.
Además, en lo que respecta a la regulación de los Centros Integrados de Formación Profesional el órgano consultivo considera que debería aclararse mejor la clasificación y definición de los centros. Por un lado, porque la titularidad de los mismos constituye un rasgo diferenciador. Por otro lado, porque aunque el CES Vasco comparte la idea de que los centros tengan un alto nivel de autonomía y flexibilidad organizativa, adaptabilidad en la programación de su oferta formativa y una rápida capacidad de respuesta a las necesidades cambiantes del mundo laboral, piensa que la clasificación y definición de los centros por su estructura y oferta formativa puede suponer un elemento de rigidez contrario a la intención de la norma.
Y también debería aclararse el tratamiento diferencial de los Centros Integrados FP 5.0 inteligentes, ya que a pesar de que la función pública expone que el cambio de tipología de los centros no implicará modificaciones de los medios materiales ni personales, en el articulado del Proyecto de Decreto sí se recoge un modelo de gestión y de organización diferente para este tipo de centros.
Además, el órgano consultivo considera que la acreditación de competencias debe ser contemplada desde el comienzo, en la planificación, con una previsión horaria, dotándola del personal y los recursos necesarios para su realización.
Por último, se recomienda una redacción exhaustiva del procedimiento para el nombramiento de los órganos unipersonales de gobierno de los CIFP públicos, para garantizar que cumpla con los requisitos de igualdad, mérito y capacidad, y prestar especial atención al desarrollo de la Política Lingüística y la adecuación de los espacios de los CIFP a la demanda formativa.
(Dictamen 1/25)