El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe relativo al “Proyecto de Decreto por el que se regula la gestión, resolución y pago del bono social térmico creado por el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi”, elaborado por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. En su respuesta, el Consejo considera adecuada su tramitación, con algunas consideraciones sobre la importancia de combatir el fenómeno de la pobreza energética.
El CES Vasco valora positivamente el proyecto de decreto que tiene como objetivo regular el marco de actuación para la gestión, resolución y pago del Bono Social Térmico en la CAPV, teniendo en cuenta que facilitará la tramitación de la prestación económica, medida que contribuye a la reducción de la pobreza energética de los consumidores domésticos de energía eléctrica. En ese sentido, el Consejo advierte que en 2022 el 10,3 % de los hogares vascos no podía permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, un 1,1 puntos más que en 2021 (según datos del INE).
Por otro lado, el dictamen recoge que el Bono Social Térmico fue creado en el 2018 como medida estatal urgente para paliar los efectos de la crisis económica del 2008 y la continua escalada de los precios de la energía, y que desde 2020 el Gobierno Vasco ha estado regulando su gestión, resolución y pago en Euskadi a través de Órdenes. En ese sentido, el órgano consultivo vasco considera que elevar el rango normativo de Orden a Decreto aportará una mayor seguridad jurídica para las familias beneficiarias.
Asimismo, el CES considera necesario elaborar un estudio anual que incluya un mapa de la situación de las personas beneficiarias y potencialmente beneficiarias de estas ayudas, con el objeto de realizar un seguimiento del fenómeno de la pobreza energética y una evaluación de las medidas planteadas. En su opinión, el estudio debería concluirse con una evaluación del procedimiento de concesión de las ayudas en la CAPV y de su impacto en la pobreza energética.