El Consejo Económico y Social Vasco considera adecuada la tramitación del “Anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi”, con las observaciones que adjunta en el dictamen. El proyecto ha sido remitido para su valoración por Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, organismo autónomo adscrito al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
El anteproyecto elaborado por Gogora aspira a convertirse en la primera Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que regula las políticas públicas sobre la materia y promueve la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes sufrieron persecución o violencia por motivos políticos, ideológicos, o de creencia religiosa, durante la guerra civil y la dictadura, así como el fomento de los valores y principios democráticos. La nueva ley prevé facilitar el conocimiento de lo sucedido durante el periodo comprendido entre la guerra civil y el franquismo hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Euskadi, sobre los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
El CES recuerda que “todas las sociedades necesitan reafirmarse en su presente a través de construcciones ciertas de su pasado, que les permitan tomar conciencia de la realidad”, y que este ejercicio “puede resultar doloroso, pero es esencial para hacer efectivo un compromiso con la verdad y con quienes padecieron un daño injusto”. Por ello, considera fundamental la acción institucional para salvaguardar la Memoria y entiende que disponer de una ley como la dictaminada “constituye una pieza esencial”, que valora “muy positivamente”.
Iniciativas pioneras
En su dictamen, el Consejo evoca las acciones en esta materia que han llevado a cabo las instituciones vascas -“una actividad continuada, sostenida en el tiempo y dotada financieramente”-, y menciona los trabajos pioneros en la exhumación de fosas comunes, en la investigación histórica y documental sobre personas desaparecidas o fusiladas, o en la recogida de testimonios, entre otras actuaciones; una actividad articulada en colaboración con la Sociedad Aranzadi, “con un trabajo intenso y estable, que no ha visto interrupciones en función de los vaivenes políticos”. Con estos precedentes se creó en 2014 el Instituto Gogora, que instaura un sujeto institucional para el desarrollo de estas políticas. Por todo ello, el CES entiende que la ley dictaminada “es un paso muy positivo, que contribuirá a la consolidación e impulso, en mejores condiciones, de una materia esencial para la puesta en valor y preservación de la convivencia democrática de la sociedad vasca”.
Militancia sindical
Sin perjuicio de esta valoración, el dictamen incorpora una serie de consideraciones con el ánimo de mejorar el texto. Así, por ejemplo, pide incluir la militancia y la afiliación sindical entre las razones de persecución contempladas, el reconocimiento de las personas represaliadas por la defensa de los derechos laborales, y que la reparación propuesta comprenda la memoria social y colectiva, además de la personal y familiar.
También sugiere extender a los familiares de las víctimas el derecho a obtener un documento de reconocimiento personalizado, con la finalidad de “rehabilitar su honor y su justa satisfacción moral”; establecer medios de difusión e interpretación de los hechos o la significación histórica o simbólica en los lugares, espacios e itinerarios de la Memoria Histórica de Euskadi; e incorporar un nuevo artículo en el anteproyecto que impida la utilización de espacios públicos para exaltar el golpe militar, el franquismo, o humillar a las víctimas.
Por último, el CES recomienda que los planes cuatrienales de actuación previstos no se vinculen al inicio de cada legislatura (ya que ésta puede finalizar anticipadamente), y aboga por desligarlos de ese comienzo, de modo que aporten “mayor estabilidad al plan e independencia al organismo que lo ejecuta”.