El Consejo Económico y Social vasco considera adecuada la tramitación del anteproyecto de ley de “Conservación del Patrimonio natural de Euskadi”, con las consideraciones que este órgano consultivo ha efectuado. El texto ha sido remitido por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. El objeto de la ley es la protección, conservación, gestión, uso sostenible, restauración y mejora del patrimonio natural del País Vasco.
Casi han transcurrido 25 años desde la promulgación de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (Ley 16/1994, de 30 de junio), que fue pionera en aquel momento. Durante este período la ley ha sido modificada en cuatro ocasiones, la última vez, para facultar la refundición de las modificaciones en un único texto normativo (Decreto legislativo 1/2014, de 15 de abril). Sin embargo, en este último quinquenio, la Unión Europea ha impulsado un amplio corpus legislativo, que se ha transpuesto a la normativa básica estatal. Por ello, el CES valora positivamente esta iniciativa legislativa, “en la medida en que la misma pretende dar respuesta a los actuales problemas, tratando además de conseguir un equilibrio óptimo entre la conservación del patrimonio natural y el desarrollo del sector primario vasco y otras actividades económicas”.
Memoria económica
El órgano consultivo vasco recuerda que la memoria económica de un anteproyecto de ley debe cuantificar gastos e ingresos, entre otros aspectos. En este sentido, el CES considera que la memoria económica del anteproyecto analizado estima los costes, pero “realiza exclusivamente una referencia de conceptos tributarios y medidas genéricas de carácter fiscal” en materia de ingresos, por lo que entiende que se deberían realizar simulaciones y estimaciones de los mismos, así como cuantificar los gastos enunciados para otras administraciones (forales, entidades locales…). En esta misma línea, pide una mayor precisión en la evaluación económica del impacto sobre las personas (físicas y jurídicas) que ejerzan actividades agrícolas o ganaderas y sobre los beneficios socioeconómicos de las actividades económicas y recreativas -entre ellas, el turismo-, que tienen soporte en el patrimonio natural.
Por último, el dictamen propone la inclusión de las Áreas Marinas Protegidas entre los espacios naturales protegidos y la adición de un nuevo artículo en la ley para detallar la naturaleza de estas áreas y su protección especial.