El Consejo Económico y Social Vasco considera adecuada la tramitación del “Proyecto de Decreto de Seguridad Industrial”, con las consideraciones que este órgano consultivo propone en su dictamen. El proyecto ha sido elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y tiene como objeto el desarrollo de la Ley de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Ley 8/2004, de 12 de noviembre), en lo relativo a la materia de seguridad industrial.
Antes de valorar el contenido, el CES incide en la ausencia de una Memoria Económica en el texto remitido, “que permitiría una valoración más completa de la norma”. Con carácter general, el Consejo valora la oportunidad del proyecto “porque ordena, unifica y sistematiza los procedimientos existentes en la materia” y considera especialmente oportuno que esa consolidación y racionalización de procedimientos se articule “sin crear obligaciones nuevas y consolidando el sistema de declaración responsable, frente al de autorización”.
Concreción de las definiciones
No obstante, el dictamen sugiere algunas mejoras de técnica legislativa, entre ellas, una mejor concreción de las definiciones contenidas en el proyecto y una mayor coordinación de este decreto con la Ley de Industria, de la que es desarrollo reglamentario.
También entiende que habría sido deseable integrar en la nueva norma otro decreto relacionado con la materia (“Decreto 29/2015, de 17 de marzo, sobre el régimen de inicio de las actividades industriales y sobre registro industrial”), con el fin de evitar la coexistencia de dos registros (registro industrial y registro de instalaciones de seguridad industrial), “máxime cuando parece que se creará un tercer registro para las sanciones de seguridad industrial”.
Ausencia de representación sindical
Por último, el CES muestra su disconformidad por la ausencia de representantes de las organizaciones sindicales en el Pleno del Consejo Vasco de Seguridad Industrial y entiende que esta omisión “resulta una limitación a los derechos sindicales y es discriminatoria”, por lo que propone que la participación de las organizaciones sindicales en ese Consejo “se realice en condiciones de paridad respecto a la representación empresarial”.