El Consejo Económico y Social vasco considera adecuada la tramitación del anteproyecto de Ley de Gestión Documental Integral y Patrimonio Documental de Euskadi, con las observaciones que el órgano consultivo efectúa en el dictamen. El texto ha sido elaborado conjuntamente por el Departamento de Cultura y Política Lingüística y por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco.
El anteproyecto pretende responder a los retos de la gestión documental y del patrimonio documental en el contexto de la sociedad digital. La revolución digital de las últimas décadas ha innovado y agilizado la generación, transmisión, clasificación y almacenamiento de los documentos, por lo que el CES valora positivamente “esta iniciativa de adaptación a las nuevas realidades y de actualización de una normativa claramente superada por la evolución tecnológica y la digitalización”. También respalda el enfoque de la ley, “desde una perspectiva global de gestión documental integral, que incorpora, también, la aspiración de la ciudadanía en cuanto al acceso a la documentación” y adjunta algunas consideraciones sobre aspectos mejorables.
Superposición de órganos
Así, el CES advierte sobre la posible superposición de órganos colegiados para el asesoramiento en determinadas materias, tras la reciente aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco (Ley 6/2019, de 9 de mayo), en la que el Consejo de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco y el órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco podrían tener incidencia en los archivos históricos documentales. También recomienda extremar la precaución en la valoración y selección documental en los procedimientos de expurgo para salvaguardar el patrimonio documental, así como contemplar medidas adicionales para la salvaguarda de documentos pertenecientes al Patrimonio Documental, tales como el depósito o la expropiación forzosa.
Por otra parte, el Consejo se pregunta por la no inclusión en el anteproyecto de las notarías -“las y los notarios son fedatarios públicos”- y de los Registros Públicos, que sí estaban recogidos en un anteproyecto anterior, del año 2012, que no prosperó pero que fue dictaminado por el órgano consultivo vasco. Por último, el CES recomienda que se incorpore en el anteproyecto una definición del concepto “documento de interés”, ya que se trata de un término clave para que un documento, sea de titularidad pública o privada, pueda ser catalogado como patrimonio cultural.