El Consejo Económico y Social considera adecuada la tramitación del “Proyecto de Decreto de Modificación del Decreto de Ayudas de Emergencia Social”, con las consideraciones que este órgano consultivo incorpora en su dictamen. El proyecto ha sido presentado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
El proyecto del ejecutivo no cuestiona las Ayudas de Emergencia Social vigentes, sino que modifica el decreto existente (Decreto 4/2011, de 18 de enero) para adaptar su marco normativo a una mejor organización de la gestión administrativa. La propuesta del ejecutivo tiene origen en un requerimiento del Parlamento Vasco que, en marzo del año pasado, aprobó por unanimidad una proposición para que se tuvieran en cuenta las nuevas realidades y necesidades no cubiertas de pobreza y exclusión social.
A juicio del CES, la revisión “llega tarde con respecto al mandato del Parlamento Vasco”, que pidió que se abordase en 2015 y fuera aplicada en 2016; “no obstante, las modificaciones propuestas mejoran la norma en vigor”, por lo que la valoración general del texto es positiva para el órgano consultivo vasco.
Pobreza energética
Entre los cambios que introduce la nueva norma está la incorporación de nuevas casuísticas derivadas de la crisis económica, como la de la pobreza energética, que constituye uno de los motivos que impulsaron la modificación. También se destaca la seguridad jurídica que ofrece -“independientemente de la valoración que se haga de ello”- en torno a la consideración de la Prestación Complementaria de Vivienda como un ingreso computable para la determinación de los recursos y el patrimonio, así como los cambios terminológicos introducidos (“discapacidad” en lugar de “minusvalía”), al igual que los realizados a requerimiento de una auditoría sobre protección de datos.
El CES también respalda el mayor protagonismo de las y los profesionales de los servicios sociales de base para modular el acceso a las ayudas, “puesto que el cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación no implica necesariamente que esta ayuda sea el modo más adecuado de atender determinadas situaciones de falta de recursos y/o exclusión”.
Un debate pendiente
El dictamen advierte sobre algunas “lagunas temporales” que pueden dificultar transitoriamente la aplicación de la norma, como sucede en materia de vivienda, a falta del desarrollo de la nueva Ley de Vivienda (Ley 3/2015, de 18 de junio). En este sentido, el Consejo respalda la incompatibilidad de las ayudas de emergencia social para gastos de alquiler con la prestación económica contemplada en la nueva ley de vivienda, al tiempo que subraya que este hecho pone en evidencia “la necesidad de revisar todo el sistema para clarificar la normativa aplicable y garantizar que cada ayuda se destine a su fin concreto, así como que cada situación de necesidad tenga una respuesta igualmente concreta”.
Con todo, el Consejo Económico y Social vasco considera que “lo realmente necesario es abordar un debate pendiente en nuestra Comunidad sobre el carácter de derecho subjetivo o no de las Ayudas de Emergencia Social y su insuficiencia presupuestaria”.