El Consejo Económico y Social considera adecuada la tramitación del “Anteproyecto de Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi”, con las observaciones que efectúa en su dictamen. El anteproyecto ha sido presentado por el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.
El texto pretende regular las subvenciones que concede la administración pública vasca para dotarlas de un marco jurídico claro y seguro, con una norma específica, desgajada de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, de uno de cuyos títulos depende en la actualidad y adaptada a la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Las subvenciones son una modalidad de gasto público, al tiempo que suponen una forma de intervención administrativa, dirigida a fomentar determinadas actividades y comportamientos considerados de interés público. En los últimos años han ido creciendo progresivamente y en el presupuesto de 2016 alcanzan un importe de casi 1.900 millones de euros.
El CES considera “necesaria y positiva la iniciativa adoptada para abordar la largamente demorada ordenación de la actividad subvencional del sector público de la CAE”. Sin perjuicio de ello, el Consejo expresa en su dictamen varias consideraciones sobre aspectos susceptibles de mejora.
En primer lugar, el Consejo cree que el anteproyecto debería haber incluido una evaluación de la gestión de las subvenciones y un diagnóstico de los problemas detectados hasta el momento, ya que “echa en falta una exposición de cuáles han sido las dudas que han ido surgiendo en la gestión de las subvenciones durante el periodo de vigencia de la normativa actual y a las cuales el anteproyecto tiene la vocación declarada de dar respuesta”. Complementariamente a ello, el CES se felicita porque el anteproyecto incluya en su articulado la necesaria evaluación de los resultados, así como la utilidad e impacto social y económico de los programas subvencionados; una cuestión que el CES “ha recomendado incorporar de forma reiterada en sus dictámenes respecto de programas de subvenciones y medidas de apoyo” y cuya inclusión en esta última norma quiere reconocer expresamente.
Sin régimen homogéneo para toda la CAPV
Con todo, el Consejo Económico y Social se sorprende porque el anteproyecto “renuncie a establecer un régimen regulatorio homogéneo para todas las administraciones públicas vascas en lo que sea posible” y se circunscribe únicamente al sector público de la CAPV, aceptando que cada Territorio Histórico dispone de su correspondiente norma foral al respecto.
El CES “disiente de este planteamiento, en la medida que el legislador parte de una autolimitación política en la concepción del alcance del anteproyecto, dejando fuera de su órbita a las subvenciones otorgadas por las Diputaciones Forales y por las entidades locales”. Frente a esta posición, el CES cree que una normativa común, de aplicación en el conjunto de las administraciones públicas vascas, constituiría “el escenario deseable al que una nueva norma en esta materia debería aspirar”.
Reflexión sobre los criterios sociales
Dado que el anteproyecto vincula el acceso a una subvención con el cumplimiento de determinadas normas, el CES se pregunta, de un modo genérico, “hasta qué punto puede y debe utilizarse la competencia de fomento para incentivar el cumplimiento de obligaciones legales”. Y entrando en materia, cuestiona el hecho de que el anteproyecto prime el cumplimiento de unas determinadas obligaciones (en concreto: política lingüística, igualdad de género, fiscal y Seguridad Social) frente a otras posibles que puedan resultar igualmente convenientes (accesibilidad, discapacidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, etc.), sin que tal elección se justifique razonadamente.
En este sentido, el CES recuerda que el respeto de la legislación no puede constituir un criterio de adjudicación -“la legislación, simplemente debe cumplirse”- y propone que se aborde una reflexión global sobre los criterios sociales, “que se materialice en directrices claras sobre en qué supuestos y cómo pueden o deben incorporarse a las normas sectoriales subvencionales”. La falta de esas directrices globales, señala el Consejo, “provoca un tratamiento fragmentado y aleatorio en cada norma subvencional sectorial, que da lugar a un tratamiento desigual de los criterios sociales, cuando todos son susceptibles de impulso por parte de los poderes públicos”.
Por último, el CES recomienda aprovechar la oportunidad que plantea esta ley para añadir una disposición adicional que contemple específicamente el régimen de financiación de los agentes sociales que participan en los distintos órganos y entes de la administración de la CAPV; una cuestión que ya ha sido abordada por la mayor parte de las Comunidades Autónomas, y que en su defecto supone el mantenimiento de de la sujeción al régimen general de las subvenciones con las limitaciones e inconvenientes que ello plantea.
Dictamen 20/15 sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi