El Consejo Económico y Social Vasco considera adecuada la tramitación del “Anteproyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno en el Sector Público Vasco”, con las consideraciones que este órgano consultivo ha efectuado. El anteproyecto ha sido remitido por el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco.
La iniciativa legislativa consultada tiene como objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad administrativa, el buen gobierno y la participación ciudadana, para impulsar una nueva cultura administrativa que se asienta sobre este triángulo conceptual, en el que los tres elementos citados son indisociables.
El texto analizado en este dictamen es uno de los dos anteproyectos de ley en los que el ejecutivo ha dividido el “Proyecto de Ley de la Administración Pública Vasca”, tal y como acordó el Parlamento Vasco en una sesión celebrada el pasado mes de junio. En concreto, este fraccionamiento de la ley de cabecera de la administración pública vasca ha dado origen al “Anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco” y al “Anteproyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno en el Sector Público Vasco”. El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido sendos dictámenes al respecto; el presente análisis se circunscribe al segundo proyecto, relacionado con la Transparencia, la Participación Ciudadana y el Buen Gobierno.
Se da la circunstancia de que el Consejo Económico y Social ya propuso en 2014 (Dictamen 8/2014) un fraccionamiento de la Ley de la Administración Pública Vasca sobre las mismas premisas en que finalmente se ha producido. Por ello, el Consejo valora positivamente esta división y recupera en los nuevos dictámenes algunas de las recomendaciones que hizo en su día y que mantienen su vigencia.
Régimen común para todas las Administraciones públicas
Aunque se reconoce que en el nuevo anteproyecto “hay un intento en avanzar en su aplicación al conjunto de las administraciones públicas vascas”, el CES considera que “resulta insuficiente, al quedarse exclusivamente en una extensión de sus principios generales”.
En opinión del Consejo, la ley ha de tener por objeto extender la regulación de los principios relativos a la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno “a todas las Administraciones Públicas Vascas, sin excepción”. Por ello, entiende que estos principios “no deben ser fraccionados en políticas parciales para cada uno de los ámbitos que cubren las distintas Administraciones Públicas Vascas”, una circunstancia que se produce en el anteproyecto de ley presentado por el ejecutivo, ya que matiza la aplicación de la norma en las entidades locales y órganos forales. Según el CES, estas limitaciones “resultan excesivas y desvirtúan la finalidad fundamental de establecer un régimen de transparencia lo más homogéneo posible para la pluralidad de administraciones vascas”.
En este sentido, el Consejo entiende que “no hay obstáculo para establecer un régimen común para todas las administraciones públicas vascas”, con las cautelas jurídicas correspondientes para respetar el principio de autoorganización de las administraciones públicas.
Desarrollo reglamentario necesario
El dictamen del CES destaca como aspectos relevantes en el anteproyecto, la objetivación y concreción de la acción de gobierno; la regulación de la apertura de datos públicos de forma reutilizable y, en particular, la mayor concreción en cuanto a la transparencia, que “obligará a las Administraciones Públicas a un importante trabajo de adaptación de portales de Internet (por ejemplo, Irekia), de cara a ampliar la documentación que debe facilitarse a la ciudadanía, pero se trata de un proceso necesario, en aras al buen gobierno”.
Sin embargo, hay otros aspectos que se hallan insuficientemente regulados, a juicio del CES. Así, considera que la redacción de la norma “es excesivamente amplia y compleja” en ocasiones y que es necesario incorporar a la misma “un importante desarrollo reglamentario para garantizar su efectividad”, ya que tal desarrollo no está previsto en las disposiciones finales.
Un ente independiente para evaluar resultados
En cuanto a la evaluación periódica de las leyes, planes y programas derivados de las políticas públicas, el CES propone que sea un ente independiente, de prestigio académico o científico, quien asuma esta función. También pide que los órganos consultivos de la CAPV puedan, al igual que el Parlamento, realizar las propuestas que estimen pertinentes en los procesos de evaluación y recomienda que sea la Agencia Vasca de Transparencia Gardena -y no el correspondiente Departamento del Gobierno Vasco-, quien elabore el “Informe anual de Transparencia”, que debe ser remitido al Parlamento y publicado.
Finalmente, en relación a la participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas, el CES pide “que se clarifique adecuadamente esta participación”, al tiempo que recuerda la idoneidad de los órganos consultivos pertinentes -por ejemplo, el CES Vasco- para que las consultas se realicen “previamente a su aprobación por el Consejo de Gobierno”.
Dictamen 12/15 sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno en el Sector Público Vasco.