El Consejo Económico y Social Vasco considera adecuada la tramitación del “Anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco”, con las consideraciones que incluye en su dictamen. El texto sometido a consulta ha sido remitido por el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco.
La iniciativa legislativa tiene como objeto regular la organización y el funcionamiento de la Administración pública y de todos los entes integrados en el sector público de la CAPV. Sobre este respecto, cabe recordar que el pasado mes de junio el Parlamento Vasco debatió el “Proyecto de Ley de la Administración Pública Vasca” e instó al ejecutivo a la remisión de dos nuevos proyectos de ley: uno, sobre organización y funcionamiento del sector público vasco; y otro, sobre transparencia, participación y buen gobierno. Este mandato parlamentario coincide con la propuesta realizada por el CES sobre la conveniencia de dividir la ley de cabecera de la Administración pública vasca en los dos ámbitos mencionados (Dictamen 8/2014).
Armonizar todas las Administraciones de la CAPV
En su análisis sobre la primera de las leyes remitidas -“Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco”-, el CES valora positivamente una reforma cuyo fin es regular el sector público y optimizar la gestión, “bajo los principios de racionalización, claridad, eficacia, eficiencia, simplificación y transparencia”.
Sin embargo, el Consejo advierte con rotundidad de que no será posible racionalizar la Administración Pública Vasca ni acabar con las duplicidades “si no se amplía el ámbito de aplicación de la norma a todas las Administraciones Públicas de la CAPV”. Por ello, insiste en que lo adecuado sería abordar una ley que regulase la ordenación del Sector Público Vasco en su integridad; es decir, “que comprenda, para cada una de las tres Administraciones (Autonómica, Foral y Local), sus respectivas Administración General, Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado y las empresas y/o entidades dependientes de las mismas, así como las Administraciones Representativas y Consultiva”.
En este sentido, el CES recuerda que la CAPV tiene competencias exclusivas, “sobre las que el Parlamento Vasco puede legislar, mandatando a Municipios y Diputaciones Forales una determinada ordenación de su Sector Público, en pos de la reducción de duplicidades que históricamente han ido construyéndose”. En caso contrario, el Consejo entiende que “se está perdiendo una oportunidad para “armonizar”, vía esta ley, el conjunto de administraciones de la CAPV”.
Evaluación de las políticas públicas
En su análisis del texto legislativo, el CES reitera algunas cuestiones apuntadas en el dictamen que emitió el año pasado (Dictamen 8/2014 sobre el Anteproyecto de Ley de la Administración Pública Vasca) y que han sido recogidas en el nuevo proyecto. Así, por ejemplo, las referidas a la contención de las estructuras administrativas, a la supresión de duplicidades o a la coordinación interadministrativa.
También subraya que el anteproyecto analizado regula por primera vez la evaluación de las políticas públicas -“elemento crucial para optimizar la gestión pública, hasta ahora pendiente”- y defiende la necesidad de encajar y coordinar esta norma con la segunda de las leyes solicitadas por el Parlamento: la de “Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno”.
Las medidas adoptadas para simplificar los procedimientos administrativos e impulsar la administración electrónica son estimadas por el CES como “muy positivas”, aunque detecta algunas cuestiones que calificó anteriormente como mejorables y que el anteproyecto actual no ha corregido suficientemente. Entre ellas, la ausencia de criterios que determinen la elección de la forma jurídica de las nuevas entidades que se creen, de modo que se pueda acotar la discrecionalidad con la que actúan actualmente las administraciones.
En este ámbito, el CES respalda que la constitución de organismos autónomos y de entes públicos de derecho privado deba realizarse mediante ley, de modo que se salvaguarde el control parlamentario en su creación; un control que el Consejo propone que se haga extensivo a su extinción -“igualmente por ley, y no por decreto”-, para que el Parlamento verifique el cumplimiento de las previsiones contenidas en la constitución del organismo o ente.
Racionalizar los órganos consultivos
El Consejo señala la necesidad de concretar un plan específico “que revise y depure la extensa administración consultiva de la CAPV”. Aunque el anteproyecto analizado frena la creación de nuevos órganos, el CES insiste en “la imperiosa necesidad de racionalizar y simplificar el mapa de órganos consultivos”.
El CES considera que el establecimiento expreso de un plan operativo de racionalización del sector público permitiría evaluar y, después, racionalizar su dimensión, extremo que sugiere incluir en la norma mediante una Disposición Adicional.
Dictamen 13/15 sobre el Anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco.