El Consejo Económico y Social Vasco considera adecuada la tramitación del “Proyecto de Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales”, con las consideraciones que este órgano consultivo ha efectuado. El proyecto ha sido presentado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y tiene como objeto regular la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, así como los requisitos, criterios y procedimientos de acceso a esas prestaciones y servicios.
Cabe recordar que la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 2008, garantiza el acceso a las prestaciones y servicios del Catálogo del Sistema Vasco de Servicios Sociales como un derecho universal y subjetivo, cuyo cumplimiento pueden reclamar administrativa y judicialmente aquellas personas que cumplan los requisitos exigidos. La citada ley asegura el ejercicio efectivo de ese derecho y define, entre otros aspectos, el Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, cuya Cartera de Prestaciones y Servicios se regula en el proyecto de decreto que ha sido sometido a la consideración del CES vasco. Este proyecto de decreto da contenido y delimita el derecho subjetivo proclamado en la ley y dispone las obligaciones de las administraciones públicas vascas en relación con la provisión de las prestaciones y servicios de la Cartera.
Retraso excesivo
En su dictamen, el CES considera que las necesidades y los problemas sociales -algunos, nuevos, y otros, intensificados por la crisis-, requieren de una amplia variedad de servicios sociales, por lo que valora positivamente el decreto que regula la Cartera de Prestaciones y Servicios, una parte fundamental del sistema. Sin embargo, tacha de “excesivo” el retraso de seis años con el que se ha presentado este proyecto y considera que la tramitación de una norma de esta naturaleza hubiera exigido “una mayor participación y diálogo con los agentes sociales, más allá de las reuniones puntuales del Consejo Vasco de Servicios Sociales”.
En opinión del órgano consultivo, se ha perdido la oportunidad de recoger con claridad en esta norma una jerarquía que otorgue preferencia a los servicios frente a la prestación económica, de modo que se revierta la situación actual, en la que muchas mujeres han abandonado el mercado de trabajo para poder atender a familiares dependientes, a cambio de una prestación económica.
Entre otras apreciaciones, el CES pide que la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales garantice una atención integral accesible y equitativa en todos los territorios, y que se incluya como objeto explícito del decreto el reparto de competencias entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos.
En sus consideraciones específicas, el Consejo señala el riesgo de que se aplique un margen de discrecionalidad amplio a la hora de objetivar la idoneidad, “lo que podría quebrar el objetivo de homogeneización de los servicios en todo el territorio de la CAPV”, según advierte. También propone realizar un esfuerzo para objetivar la idoneidad y el grado de dependencia detectado, “imponiendo mayores niveles de exigencia en los casos de atención a los grados más elevados de dependencia y/o discapacidad”, y pide que se incluya el requerimiento de profesionalidad en la prestación del servicio entre los elementos considerados al valorar la idoneidad.