Los resultados de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) presentado por el Gobierno Vasco constituyen un buen observatorio para objetivar la situación y concienciar a la población sobre los efectos que la crisis está teniendo en sus miembros más necesitados. La situación de desempleo creciente de los últimos años, ha debilitado el papel del empleo como herramienta básica para la inclusión en nuestra sociedad, ha agravado las tasas de desempleo de los grupos más desfavorecidos y ha mantenido las elevadas tasas de inactividad de determinados colectivos. Quiere ello decir, que los efectos de los apoyos personalizados para la inclusión laboral y social son todavía discretos y que por tanto el grueso de las soluciones se dirigen a disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida.
La evolución de la distribución de los ingresos se ha caracterizado por un incremento de la desigualdad. Es interesante hacer la comparación con la situación de 2008, ya que permite constatar el efecto acumulado que ha tenido la crisis en los datos más relevantes de la encuesta. Siguiendo la distribución de la población según indicadores de pobreza, se puede constatar que aquella parte de la población definida como “completo bienestar” se ha incrementado claramente del 32% de 2008 al 38,7% del 2014. Sin embargo aquella parte de la población definida como “bienestar casi completo” se ha reducido de un 40,5% a un 30,2%. Y el resto de la población, donde se encuentran los más necesitados, se ha incrementado del 27,5% al 31,2%.
Esta tendencia se relaciona a su vez con la dispar evolución de los ingresos de la población. Los ingresos medios per cápita en 2014 son superiores a los de 2008 para la población más acomodada (50%) mientras que son inferiores para el 50% restante. Esta pérdida de ingresos supera el 4% entre el 30% menos acomodado y el 13,4% en el 10% de la población más pobre.
En la misma línea, si se observa la relación de los ingresos del 20% más rico con el 20% más desfavorecido, el ratio se incrementa de 3,6 en 2008 a 4,2 en 2014, situándose en cifras similares a los años 1996-2000.
El impacto del sistema de prestaciones (Renta Garantía de Ingresos, Prestación Complementaria de Vivienda, Ayudas Emergencia Social) contribuye sin embargo a que el incremento de la desigualdad que hemos comentado no se traduzca de forma predominante en un incremento de las situaciones graves de pobreza. A la hora de considerar sus efectos positivos, destacan los siguientes aspectos:
El avance en los niveles de protección garantizados por el sistema, contribuye por tanto a mitigar los efectos de los procesos sociales y económicos asociados a la crisis y a hacer menos gravoso el deterioro de las condiciones de vida de la población.