El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un dictamen sobre el “Anteproyecto de Ley de la Administración Pública Vasca”, presentado por el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, en el que considera imprescindible ampliar el ámbito de aplicación de los objetivos de esta norma a todas las administraciones públicas vascas, dado que observa “un diseño ineficiente del conjunto de las Administraciones Públicas y, en particular, importantes duplicidades en su funcionamiento”.
“Por lo demás -añade el texto-, el CES coincide y comparte en gran parte los principios y criterios generales que inspiran el Anteproyecto de Ley y, en especial, los relacionados con la necesaria reordenación, racionalización y reestructuración de la Administración Pública Vasca y su funcionamiento, así como la regulación de la participación ciudadana, la transparencia y la evaluación de políticas públicas”, extremos que el órgano consultivo pide que sean trasladados al resto de administraciones públicas vascas, “como respuesta a las exigencias de eficacia, eficiencia y calidad democrática por parte de la ciudadanía”.
Ley de cabecera
La iniciativa legislativa presentada a consulta quiere ser un texto de referencia para dar coherencia tanto a la organización como al funcionamiento del entramado público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Una ley de cabecera que organice el conjunto de normas que disciplinan el quehacer de la Administración vasca, de modo que se reduzcan las disfunciones que genera la amplia legislación vigente sobre este tema, al tiempo que impulse una cultura administrativa relacionada con la eficacia y la eficiencia, la organización y la gobernanza, la transparencia y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Las organizaciones representadas en el Consejo Económico y Social Vasco valoran positivamente los principios con que se aborda el anteproyecto de ley, en especial, la contención en el crecimiento de las estructuras administrativas; los instrumentos que facilitan la comprensión, seguimiento y evaluación de la acción de gobierno, así como los compromisos para evaluar las políticas públicas, aspecto este último que se regula por primera vez y que se abre, además, a la participación ciudadana. También juzgan positivas las obligaciones en el compromiso de la transparencia, la participación ciudadana y de los grupos de interés en los programas y políticas públicas y, especialmente, el esfuerzo para simplificar los procedimientos administrativos.
A pesar del esfuerzo meritorio que suponen estos objetivos para un diseño institucional racionalizado, el CES considera que “la gravedad del problema exige un mayor impulso en el que, necesariamente, todos los niveles administrativos deberían de intervenir activamente”.
Pérdida de oportunidad
En este sentido, el dictamen recuerda las competencias exclusivas que la CAPV tiene en esta materia, “materias en las que el Parlamento Vasco puede legislar, mandatando a Municipios y Diputaciones forales una determinada ordenación de su Sector Público, en pos de la reducción de duplicidades que históricamente han ido construyéndose”. “Cabe reseñar -continúa el dictamen-, la pérdida de oportunidad para “armonizar”, vía esta ley, el conjunto de administraciones de la CAPV” y advierte de que “de convertirse en Ley el actual proyecto sin alterar su ámbito de aplicación, se contribuiría a generar confusión y a incrementar el solapamiento normativo, alejando la oportunidad de superar duplicidades en la gestión de los servicios y de reducir la heterogeneidad administrativa en su prestación a la ciudadanía; así como a la deseable reducción de entidades, cargos directivos, personal eventual, etc.”
El CES señala que lo adecuado sería abordar “por una parte, una Ley que regule la Ordenación del Sector Público Vasco en su integridad; es decir, que comprendiera, para cada una de las diversas Administraciones -Autonómica, Local y Foral, Representativa y Consultiva, la UPV-EHU, la Autoridad Vasca de la Competencia y la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi- sus respectivas Administración General, sus Organismos Autónomos, sus Entes Públicos de Derecho Privado, y sus empresas y/o entidades dependientes o vinculadas a las mismas. Y, por otro lado, promulgar una segunda norma con rango de Ley que tenga por objeto regular los fines, objetivos y principios, comunes a todas las Administraciones Públicas Vascas de la CAPV relativos a la “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”.
Entes públicos y evaluación externa
El dictamen también aborda en sus consideraciones la constitución de las entidades del sector público y la evaluación de las políticas públicas. Sobre la creación de entes públicos (organismos autónomos, entes públicos de derecho privado…), considera que el anteproyecto no fija los criterios que deberían corresponder a las funciones propias de cada tipo de ente, lo que facilitaría la elección de la fórmula jurídico en cada caso. En cuanto a la evaluación de las políticas públicas, el CES cree conveniente que ésta fuese “atribuida a un ente independiente (bien una Agencia, bien un Instituto), pudiendo además extenderse su competencia al conjunto de las administraciones públicas de la CAPV”.