El estudio pone de manifiesto la necesidad de abordar un tratamiento integral del problema, impulsando procedimientos e instituciones ad-hoc que permitan prevenir las situaciones de endeudamiento excesivo; y que en caso de que el impago llegue a producirse coadyuven en la búsqueda de soluciones alternativas tanto de carácter extrajudicial como judicial.
Probablemente, el análisis sobre el Sobreendeudamiento Familiar constituye uno de los informes más delicados de los que últimamente ha realizado el CES, porque es un tema de alta sensibilidad social que afecta a uno de los elementos básicos que condicionan la vida de las familias, cual es el riesgo de pérdida de la vivienda principal.
En la gran mayoría de los casos afecta además a deudores de buena fe, a los que la crisis les ha llevado a situaciones que les impiden hacer frente a las cuotas de los préstamos con los que en su día financiaron su vivienda.
La aplicación de la normativa hipotecaria vigente ha dado lugar a los lanzamientos (desahucios) de estas familias, provocando una fuerte inquietud social que ha generado espontáneos actos de solidaridad de la Sociedad, lo que ha tenido un eco importante en los medios de comunicación y en las instancias políticas.
En este contexto el Gobierno ha promulgado distintas normas jurídicas para establecer medidas paliativas de cara a flexibilizar las actuaciones por parte de los acreedores financieros, si bien son de carácter temporal. El estudio realizado por el CES ha valorado positivamente el paso dado con estas medidas, pero ha recomendado que se les dé un carácter estructural con una visión de medio y largo plazo. De lo contrario volverán a repetirse las situaciones descritas en el párrafo anterior.
Pero unas medidas paliativas, por estructurales que sean, nunca pueden constituir una solución de futuro que dé garantías suficientes a los diferentes agentes implicados en las operaciones de financiación de la vivienda.
Hace falta incorporar por tanto una visión integral del problema.
Las medidas de protección al consumidor comienzan en el propio proceso de endeudamiento a través de la información y del asesoramiento y continúan, en el caso de dificultades de pago, con la mediación tanto extrajudicial como judicial, configurando un proceso en el que la búsqueda de acuerdos beneficiosos para las partes es la filosofía subyacente.
Es preciso, por tanto, buscar un nuevo equilibrio que tenga en cuenta los derechos de los acreedores, pero dando seguridad jurídica al deudor de buena fe de que la obligación de pago que ha asumido, no le pondrá en una situación irremediablemente comprometida que le conduzca a una posición de exclusión social.
En el camino de buscar soluciones a esta problemática el estudio del CES analiza el tratamiento dado a esta cuestión en países como Francia y Alemania cuyos modelos son referencia para una parte importante del resto de países europeos.
Como consecuencia de este análisis, el CES pone de manifiesto la necesidad de abordar un tratamiento integral de la cuestión: una reglamentación específica aplicable a deudores individuales, que bajo control judicial y a través de instituciones ad-hoc, permita dar respuesta eficaz a las situaciones de insolvencia por sobreendeudamiento sobrevenido. Para ello recomienda impulsar procedimientos de carácter gratuito, para la búsqueda de soluciones alternativas en el ordenamiento jurídico, que puedan permitir una reordenación de la deuda, a semejanza de los que se encuentran en vigor en países de nuestro entorno.
Estas soluciones alternativas al ordenamiento jurídico, podrán permitir la recuperación personal del deudor de buena fe dándole una segunda oportunidad.
El estudio ahonda también en las distintas medidas que alrededor de la prevención pueden establecerse y que van desde la generación de un mercado de alquiler hoy inexistente en el Estado y en la CAPV, hasta las medidas de formación y asesoramiento que permitan al deudor el ejercicio consciente de lo que se denomina consumo, endeudamiento y préstamo responsable.
Se trata, por lo tanto, de un proceso que integra las diferentes fases que tienen lugar en el complejo fenómeno del sobreendeudamiento y que, desde una visión integral, gestiona el equilibrio entre los intereses de los acreedores y la protección al consumidor.