La normativa establece medidas para instituir la imparcialidad de los cargos públicos y garantizar que sus actividades fuera del ámbito laboral no mermen la confianza de la sociedad en el desempeño imparcial de sus funciones y obligaciones. También define los principios éticos que conforman la esencia de un puesto de cargo público y crea mecanismos de supervisión y un procedimiento sancionador para las infracciones.
El CES considera que la nueva normativa permite que los cargos públicos puedan recibir incentivos, sin que ésta percepción esté convenientemente regulada. Por ello, recomienda que esta posibilidad sea graduada y controlada.